Hoy, en medio de la grave crisis que atraviesa el Consejo de Seguridad de la ONU, nuestro país asume la presidencia de ese organismo, ignorado y marginado en sus atribuciones y funciones por el gobierno de Estados Unidos, el cual decidió -junto con Inglaterra, su aliado menor- lanzar una agresión armada a gran escala contra Irak sin el aval del Consejo y en violación flagrante, por ello, de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Si antes de su fallido intento por uncir al organismo internacional a sus designios militaristas el gobierno de Bush presionó incesantemente a nuestro país para obtener su voto favorable en el Consejo de Seguridad, no se requiere de gran suspicacia para pensar que ahora, con esa entidad presidida por México, y cuando la autoridad de la ONU debe ser reconstruida, las presiones políticas, diplomáticas, propagandísticas y económicas procedentes del vecino del norte se multiplicarán en forma significativa.

Corresponde al gobierno federal la tarea de mantener la congruencia entre la postura adoptada por nuestro país antes de la guerra contra Irak -una postura pacifista, respetuosa del derecho internacional y de la convivencia civilizada- y el desempeño de nuestra representación en la presidencia del máximo organismo de Naciones Unidas. No puede omitirse el hecho de que el Consejo de Seguridad tiene ante sí, por su parte, la responsabilidad nada fácil ni simple de detener la matanza que el gobierno de George W. Bush está perpetrando, ante la mirada de todo el mundo, en tierras iraquíes.

Es significativo -porque la política y la diplomacia no conocen las casualidades- que justamente en la coyuntura actual el Departamento de Estado presente, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, las indignantes circunstancias en que se encuentran tales derechos en nuestro país: corrupción penitenciaria, tráfico ilegal de personas, detenciones arbitrarias, incomunicación de detenidos, persistencia de la tortura, uso indebido de mano de obra infantil, "fabricación" de culpables por las corporaciones policiales y otras atrocidades que se perpetran, sin duda, en territorio mexicano, ante la indolencia -o peor aún, con la complicidad- de autoridades federales, estatales y municipales. En el documento se menciona también el persistente despliegue militar en Chiapas y Guerrero, así como el estancamiento del lacerante conflicto que afecta a la primera de esas entidades y que avergüenza al país en su conjunto desde hace casi una década.

Los señalamientos del Departamento de Estado son doblemente dolorosos: primero, porque son ciertos, y segundo, porque las indiscutibles y severas violaciones a los derechos humanos que ocurren regularmente en México son capitalizadas en el marco de las presiones y las extorsiones ejercidas por la nación vecina para procurar que nuestro país modifique su postura humanista, sensata y digna en contra de la guerra criminal a la que se ha lanzado la Casa Blanca. Desde esa perspectiva, los esfuerzos y el compromiso de los protagonistas, niveles y ámbitos del poder público para dar plena vigencia a las garantías individuales en todo el territorio nacional no sólo deben ser vistos como el cumplimiento de obligaciones legales y éticas inexcusables y universales, sino también, en la circunstancia presente, como acciones de fortalecimiento de la soberanía.

Ahora bien: sin intención de descalificar o minimizar las observaciones del Departamento de Estado en materia de derechos humanos en México, es oportuno recordar que tales señalamientos, por tradición, son manejados en forma discrecional por las autoridades del país vecino de acuerdo con sus intereses diplomáticos coyunturales y en función de sus estrategias de alianzas globales, y que Washington suele soslayar o minimizar los abusos del poder cuando son cometidos en países que, como Turquía, Pakistán o Arabia Saudita, le resultan necesarios para llevar a cabo sus planes geopolíticos.

No es superfluo recordar, por último, que en el momento presente el gobierno de Estados Unidos se ha convertido con sus masacres cotidianas de iraquíes, con sus bombardeos de objetivos civiles, con sus políticas totalitarias de censura, distorsión y ocultamiento de las noticias, con sus atropellos a la legalidad internacional y con sus acciones regulares de terrorismo, rapiña y asesinato, en el mayor violador de derechos humanos en el mundo, y que esos hechos no aparecen en ninguna parte del informe del Departamento de Estado.