Magdalena Gómez
Lo indígena en el acuerdo para el campo
Ciertamente en estos días resulta difícil centrar la atención en algo que no sea la barbarie en contra de Irak. Sin embargo, nuestros problemas y debates cotidianos están presentes y hay que atenderlos. Es el caso del Acuerdo Nacional para el Campo y de la vertiente indígena que debería estar expresada, según demandó explícitamente el movimiento El campo no aguanta más al incluir en su agenda el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
En el documento denominado Nuestra propuesta de acuerdo nacional para el campo, que la CNC, el CAP, El Barzón y El campo no aguanta más entregaron al gobierno federal encontramos al margen de las virtudes que en materia agropecuaria pueda tener y de que ésta sea el tema central, que la expresión indígena se traduce en frases aisladas, algunas de las cuales distorsionan el sentido de los acuerdos de San Andrés.
Se habla de un nuevo proyecto de nación y al enunciar sus principios rectores se mencionan soberanía, democracia, equidad, crecimiento, sustentabilidad y globalización, pero se excluye la pluriculturalidad que hasta en la exigua reforma de 1992 al cuarto constitucional estaba reconocida. Luego se ubica tal elemento de manera inexplicable dentro de las funciones del nuevo papel del campo al enunciar: "e) preservación (sic) del carácter multicultural de la nación", y uno se anima en la lectura cuando encuentra en ese mismo apartado, inciso j) "la defensa y revalorización de los patrimonios territoriales de ejidos, comunidades y pueblos indios (tierra, agua, recursos forestales, biodiversidad, recursos genéticos, etcétera).
Ya instalados en ese horizonte viene el primer balde de agua fría, pues en el punto sobre ordenamiento de la propiedad rural se anota: a) "Reformar el 27 constitucional a efecto de prohibir a las sociedades mercantiles el acceso a la tierra y garantizar que la parcela ejidal se considere patrimonio familiar", es decir, no hay una propuesta de fondo para revertir la contrarreforma del 92 al referido artículo. No guarda, por lo tanto, proporción con el objetivo transcrito líneas arriba ni aparece en el resto del documento otro contenido para la mencionada reforma.
Más adelante la referida propuesta infiere un auténtico agravio al colocar a los pueblos indígenas dentro de los grupos "vulnerables", expresión rechazada ampliamente que refiere a los "pobres y marginales en situación de riesgo", que obviamente no guarda relación con la justicia, la dignidad los derechos colectivos de los pueblos ni mucho menos con la autonomía. Y dice: "Atención a grupos vulnerables, asignación mínima de 50 por ciento de los presupuestos de inversión, estructura y programas normales a los grupos sociales vulnerables: pueblos indios, población del desierto (Ƒ?), jornaleros, mujeres, jóvenes y tercera edad". Extraña coincidencia con quienes redactaron la contrarreforma indígena en 2001 al expresar que el asunto es de pobreza, no de derechos y por ende el dineroducto es la medicina.
El gobierno tranquilamente puede aceptar tal propuesta, pues es obvio que en su gasto público ubica como destinatarios genéricos a dichos grupos. Coincide además con la visión del secretario Usabiaga en el sentido de que el acuerdo será para los productores porque los muy pobres son clientela de la asistencia social.
En el apartado "El campo y la gobernabilidad democrática" se enuncia "cumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre los Derechos y Cultura Indígena". Y más adelante, en lo relativo a "Reforma jurídica" se menciona "ley sobre los derechos y cultura indígena de los pueblos indios". ƑSe referirá a la reforma de la contrarreforma constitucional de 2001, pero le dice ley? No sabemos.
Tales son las menciones sobre lo indígena, sin duda expresadas de buena fe, pero que nos están diciendo que ni entre los aliados se ha logrado una comprensión del sentido de los acuerdos de San Andrés ni sobre las razones que el EZLN y el movimiento indígena han esgrimido para negarse a aceptar su distorsión, con el pago de costos, que entre otras cosas implicó el estancamiento, de nueva cuenta, del proceso de diálogo en Chiapas.
Ciertamente parece ajena la conciencia de que cumplir los acuerdos de San Andrés significa reformar la contrarreforma de 2001 a partir de la iniciativa Cocopa, lo cual obviamente no tiene el consenso de la clase política y no sería fácil que lo obtuvieran las organizaciones campesinas. A lo imposible nadie está obligado, sin embargo, a estas alturas cualquier distorsión adicional a las que ya existen en materia indígena afecta, así se haga de buena fe.
Independientemente de los avances que se logren en el Acuerdo Nacional para el Campo, lo propuesto en materia indígena tiene, por vago e inocuo, muchas probabilidades de que sea aceptado por el gobierno. Ojalá las organizaciones campesinas reconsideren sus referencias indígenas.
