La legalización cuesta más de un millón de pesos, acusan

Gobernación cerrará 16 radios comunitarias por ser piratas

Durán Reveles aceptó dialogar, pero no detener operativo

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Dieciseis estaciones de radio comunitarias, la mayoría ubicadas en regiones indígenas, están en riesgo de desaparecer, debido a que el gobierno federal pretende hacer un operativo para cerrar supuestas emisoras piratas.

Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), denunció que algunas de esas emisoras han sido hostigadas por militares, pese a que se trata de radiodifusoras sin fines de lucro y que han solicitado sus permisos de operación.

Explicó que el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, advirtió que el operativo es inminente y que lo van a instrumentar en respuesta a una serie de denuncias contra las radios comunitarias.

La mayoría de las estaciones, dijo, tienen programación en lengua indígena, ofrecen servicios a la comunidad y son espacios de denuncia de los abusos de autoridades. Se encuentran en los estados de Sonora, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, México y Puebla.

Calleja indicó que luego de las peticiones que hicieran organismos defensores de derechos humanos, Durán Reveles aceptó iniciar una ronda de pláticas la próxima semana, pero con la advertencia de que en cualquier momento se podría realizar el operativo para incautar el equipo.

"No puede ser que el gobierno nos invite a tender puentes de diálogo y por otro lado siga amenazando con cerrarlas (las radiodifusoras) y haya acciones de hostigamiento de militares", aseveró.

Por ello, explicó que enviaron información sobre el asunto al relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el argentino Eduardo Bertoni, para que haga un pronunciamiento. Además, informó que van a tomar medidas, en coordinación con organizaciones civiles, para salvaguardar las emisoras.

Consideró que lo más delicado es que el Ejército esté inspeccionando las estaciones de radio, como ocurrió en febrero pasado, cuando dos militares visitaron la estación Nuevo San Juan, 99.1 FM, ubicada en la región purépecha de Michoacán.

Señaló que los militares se identificaron como Ramón Calvo Gil y Ricardo Flores Martínez, y solicitaron información acerca de la estación de radio y de las personas que ahí laboraban.

Calleja señaló que estas inspecciones están fuera de la ley. Explicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está obligada a seguir un procedimiento, que consiste en notificar en dos ocasiones a la radiodifusora y, si no obtiene respuesta, proceder a incautar el equipo y a iniciar los procesos judiciales.

En opinión de la representante de la Amarc, el gobierno está cediendo a las presiones de poderosos industriales. Refirió que recientemente esta asociación fue centro de ataques y descalificaciones del asesor jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Javier Tejado Dondé, quien los acusó de ser una organización extranjera que fomenta en México la "radio clandestina, pirata y guerrillera".

En los desplegados periodísticos que publicó la CIRT, pidió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Ejército cerraran todas las radios comunitarias y que se iniciaran los procesos judiciales en su contra.

Para Calleja, las emisoras de radio son tratadas injustamente, porque son organizaciones que operan sin fines de lucro, las cuales se encuentran en comunidades indígenas y campesinas que han comprado su equipo con la cooperación de los habitantes del lugar en que se encuentran.

"Para nosotros es de vital importancia legalizar estas emisoras. No es nuestra vocación la marginalidad", afirmó.

Sin embargo, dijo que la SCT pone condiciones tan difíciles a estas emisoras que les resulta imposible obtener el permiso. Señaló que les exigen no pasar anuncios publicitarios, depositar un millón de pesos para la creación de un fideicomiso y pagar 52 mil pesos por el permiso.

Para las comunidades indígenas y para las organizaciones sociales estos requisitos son imposibles de cumplir, señaló Calleja. A otras estaciones de radio no se les ha dado respuesta o se les ha dicho que pueden iniciar los trámites hasta que concluya la mesa de diálogo sobre la ley de medios electrónicos, la cual está suspendida.