Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 30 de marzo de 2003
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Mundo
GUERRA CONTRA IRAK

Grupos humanitarios piden al gobierno de Duhalde definirse frente a la guerra

La movilización antibélica argentina incluye boicot a firmas estadunidenses

Denuncian que Washington impulsa proyecto de ley antiterrorista en pro del espionaje interno

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 29 de marzo. Al grito de "!Los yanquis en Irak no pasarán!" y "¡No al dinero de las empresas de Estados Unidos para la guerra!", un grupo de jóvenes ocupó hoy por unas horas y sin violencia un restaurante McDonald's cerca del tradicional obelisco en pleno centro de Buenos Aires. Sorpresivamente, los comensales aplaudieron y acompañaron a los jóvenes de la agrupación de izquierda No Pasarán en sus consignas.

Este es el tercer McDonald's escrachado (señalado públicamente), pero el primero tomado en protesta por la invasión de Estados Unidos a Irak, a la que 90 por ciento de los argentinos se opone.

Los argentinos también han difundido en los días recientes una solicitud para no comprar productos estadunidenses y continuar los escraches a empresas de ese país.

Periodistas locales y extranjeros acudieron la víspera a la carpa levantada hace días en Plaza de Mayo por representantes de todas las religiones para orar por la paz.

Los niños de escuelas primarias se manifiestan todos los días en contra de la guerra y este fin de semana arrojaron miles de globos blancos al aire a manera de condena.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con Cáritas de Argentina, la mutual judía AMIA -destruida en un atentado en julio de 1994-, el Centro Islámico y otros organismos religiosos celebrarán mañana una velada artística con el concurso de varias figuras en un concierto por la paz.

En Bolivia, en tanto, los organismos humanitarios denunciaron a La Jornada que hubo represión contra manifestantes, campesinos, trabajadores, estudiantes e intelectuales que se movilizan contra la acción de guerra de Estados Unidos y advirtieron que la embajada estadunidense en La Paz está detrás de los fantasmas de un golpe de Estado, lo que pone al país en tensión. Pero en medio de estas protestas, en Argentina existe una demanda de organismos humanitarios para que el gobierno defina su situación frente a la guerra, pues el presidente Eduardo Duhalde ha enfatizado que su país la rechaza, pero en Ginebra no acompañó a los países que solicitaron tratar lo que ocurre en Irak en el tema de derechos humanos que se están violando contra la población.

El canciller Carlos Ruckauf, a quien analistas adjudican la actitud más ambigua, solicitó ayuda humanitaria urgente para el pueblo iraquí y rechazó que la posición argentina esté dictada por un supuesto interés por encontrar compradores para los productos locales.

Ruckauf negó varias veces que vea la guerra "como oportunidad" de comercio, y aclaró que "se hicieron las licitaciones de empresas estadunidenses antes de que comenzara la guerra". Citó el caso de la compañía a la que se adjudicó el manejo del puerto de Um Qasr, "sólo 48 horas después" de que las tropas de la coalición tomaron el lugar, lo que fue interpretado como una crítica a Washington.

Organismos humanitarios enviaron un documento a La Jornada, en el que denunciaron que "montándose sobre la guerra antiterrorista de Estados Unidos y bajo presiones de Washington, el jefe de los Servicios de Inteligencia del Estado (Side), Miguel Angel Toma, hombre ligado al ex presidente Carlos Menem y a Washington, y el también menemista ministro del Interior, Jorge Matzkin, impulsan una ley antiterrorista en el país".

Según las denuncias, comisiones del Senado estudian este proyecto, que aprobaría -entre otros puntos- el espionaje interno y la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales y de inteligencia.

Pero "esencialmente se trata de acceder a las presiones del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para lograr más control en la zona de la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil)" y allanar "el camino de lo que ya es un dormitorio de espías de la Casa Blanca".

Estados Unidos intenta establecerse en el lugar para "control antiterrorista", pero denunciaron que eso es parte de su plan de dominación de América Latina.

El proyecto de ley "antiterrorista" lleva la firma del presidente del bloque justicialista, Miguel Pichetto, y fue entregado el 11 de septiembre de 2002 aunque fue activado desde principios de marzo con "la bendición de la embajada de Estados Unidos".

El primer artículo del proyecto de dicha ley tiene "por objeto dotar a las autoridades de herramientas y facultades de carácter excepcional, para ser aplicadas en la lucha contra el terrorismo".

Se pretende la eliminación de uno de los artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, lo que permitiría que los agentes de la SIDE, como los integrantes de las fuerzas armadas, puedan actuar internamente.

El concepto de "terrorismo doméstico" descrito en el artículo 3 "da pie para cualquier tipo de interpretación, incluso las que se podrían utilizar para reprimir a cualquier protesta social".

En el artículo 5 se autoriza a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, integradas en el Sistema de Inteligencia Nacional, a compartir información "de inteligencia consistente en las capacidades, intenciones o actividades de gobiernos extranjeros, elementos nacionales o extranjeros, organizaciones nacionales o extranjeras, personas nacionales o extranjeras ligadas al terrorismo; espionaje, sabotaje, y/o cualquier otra actividad del crimen organizado relacionado con el terrorismo y/o a su modus operandi".

También se pueden violar teléfonos, correspondencia, intercambiar datos de personas con otros países e incluso se exceptúa a la inteligencia nacional de una prohibición de "producir inteligencia o almacenar datos de personas por el solo hecho de su raza... opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, etcétera".

Además, los "informantes" se encontrarán totalmente protegidos por el nuevo proyecto, se impedirá que sean llamados a declarar en cualquier causa judicial. El personal de las fuerzas armadas también podrá participar como "agente encubierto".

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