Más de 20 mujeres realizaron depósitos por varios miles de pesos para tener un embarazo asistido

Niega el ISSSTE "ilegalidad" en su plan de reproducción in vitro

El programa operó durante más de un año sin licencia sanitaria; sólo una paciente dio a luz

ANGELES CRUZ

Alrededor de 20 mujeres, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizaron depósitos en cuentas bancarias por montos que van de 12 mil a 25 mil pesos, para tener acceso al programa de fertilización in vitro, el cual carece de licencia sanitaria y no forma parte de las estrategias oficiales de la institución.

Luego de un año de operar, de 48 pacientes que han participado sólo una ha tenido un hijo con este peculiar sistema de reproducción asistida, con costos fuera de la normatividad.

El anhelo de ser madres y los varios años transcurridos en la búsqueda de ese objetivo se conjugaron con la promesa de galenos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de que la reproducción asistida era su única alternativa. Los tratamientos se han efectuado aun cuando se trata de mujeres mayores de 35 años, en las cuales las probabilidades de lograr el embarazo con esta técnica se reducen sensiblemente (a 5 por ciento), de acuerdo con la literatura científica internacional en la materia.

Durante 2000, 2001 y varios meses de 2002, las pacientes pagaron para tener acceso al tratamiento, y una vez que el ISSSTE introdujo los fármacos en su cuadro básico, se supone que la terapia es totalmente gratuita.

El procedimiento de fertilización in vitro fue introducido al ISSSTE en noviembre de 2001 por los médicos Rafael Gutiérrez Amezcua -en ese entonces responsable del área de Biología de la Reproducción-, Alvaro Chávez Hernández y Luciano Sauceda, de quienes sólo el segundo obtuvo el entrenamiento para aplicar la técnica de reproducción asistida.

Por "donación" del laboratorio Serono, el instituto tuvo acceso a una incubadora de tejido celular (sustituye a la matriz en las primeras horas posteriores a la fertilización). Así que sólo faltaba que las pacientes estuvieran de acuerdo en pagar por los fármacos, lo que ocurrió "de manera voluntaria y sin ninguna coerción", asegura Gutiérrez Amezcua, quien ahora es jefe del servicio de Gineco-obstetricia.

Según el funcionario, las derechohabientes recibieron información detallada sobre la terapia mejor conocida como "bebés de probeta", así como sus posibilidades de éxito. La literatura médica asegura que la efectividad del procedimiento oscila entre 25 y 30 por ciento en pacientes menores de 35 años.

Sin embargo, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre se privilegia a las pacientes que rebasan dicha edad. "Por lógica, ingresan las que tienen ocho años esperando, no las que tienen dos meses", aunque las posibilidades de éxito se reduzcan al mínimo, señala Gutiérrez Amezcua, quien asegura que actualmente cuatro mujeres están embarazadas por este método.

Recuerda que al inicio del programa "había una crisis mayor" a la de ahora en el ISSSTE, y como la reproducción asistida no es estrategia prioritaria de la institución, se carecía de los medicamentos necesarios para llevarla a cabo, ya que el costo de los fármacos es de 750 pesos por ampolleta, y las pacientes utilizan de 15 a 30 dosis, aproximadamente.

El médico explica que el laboratorio Serono ofreció el producto a mitad de precio a las derechohabientes. Se les informó y ellas "quisieron comprarlo", por lo que rechaza que en estas acciones pudiera existir alguna ilegalidad. Tampoco acepta la posibilidad de que el ISSSTE rembolse ese gasto.

Depósitos por un hijo

Lo cierto es que las pacientes erogaron varios miles de pesos. La Jornada tiene copias de fichas de depósito por 3 mil 800 pesos y 13 mil pesos. Algunas de las afectadas, que por temor a represalias prefirieron mantener su nombre en reserva, aseguraron que hicieron varios pagos de este tipo, y en algunos casos el dinero se entregó personalmente a los doctores.

Según Alvaro Chávez, "todas están muy contentas aunque no se hayan embarazo. Están muy agradecidas y desean seguir participando en futuros procedimientos". Afirma que dichos pagos se realizaron en los primeros meses de operación del programa, pero a partir de que las medicinas se incluyeron en el cuadro básico de medicamentos del ISSSTE "nadie paga nada".

Por otra parte, los médicos encargados de la fertilización in vitro en el ISSSTE afirman que el programa no necesita estar registrado ante autoridad alguna. De hecho, tampoco cuenta con la licencia sanitaria para operar su laboratorio de gametos. Gutiérrez Amezcua opina que el trámite es innecesario, toda vez que no existe legislación en la materia. Asegura que corresponde a las autoridades del hospital "tener una inscripción", y que una investigación de la Contraloría así lo determinó.

La indagatoria en cuestión se inició a partir de una denuncia que realizó un grupo de médicos por el cúmulo de irregularidades existentes en el programa. Entre otros aspectos, cuestionan la falta de registro del programa de reproducción asistida en el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), al que están inscritos los laboratorios más prestigiados de este tipo que operan en el país, aun cuando efectivamente no es una obligación legal.

El 21 de noviembre de 2002, la comisión de ética del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre recomendó al director, Luis Padilla, suspender todos los procedimientos relacionados con la reproducción asistida, debido a que "la coordinación de investigación reportó no contar con registros de protocolos de servicio de Biología de la Reproducción".

Los señalamientos de la comisión, que preside el doctor Fernando Escobedo Aguirre, no fueron atendidos y el servicio siguió funcionando, inclusive después de que el 7 de febrero pasado la subdirectora médica del ISSSTE, Elsa Carolina Rojas Ortiz, ordenó cancelar el programa y sellar el laboratorio y el quirófano mientras se realizaba la investigación sobre la forma en que se han llevado a cabo los procedimientos en ese lugar.

Finalmente, el área fue clausurada durante los últimos días de febrero, un poco antes de que llegaran los auditores. Gutiérrez Amezcua considera que el cierre temporal del servicio no tiene ningún fundamento, y quienes denunciaron "son unos ignorantes".