Demanda a la SCJN suspender el ajuste presupuestal
Controversia constitucional de la Miguel Hidalgo contra el GDF
JOSEFINA QUINTERO MORALES
Autoridades de la delegación Miguel Hidalgo presentaron una controversia constitucional contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el ajuste de 107 millones de pesos en el presupuesto que asignó a la demarcación la Asamblea Legislativa.
En la controversia, el delegado Arne aus den Ruthen Haag pide a la SCJN que otorgue una suspensión del acto del jefe de Gobierno, mientras revisa el asunto.
El pasado 15 de febrero la Secretaría de Finanzas envió a las 16 delegaciones políticas del DF un oficio donde notifica el ajuste presupuestal.
Cabe destacar que los diputados de PAN y PRI en la Asamblea Legislativa asignaron 45 por ciento del aumento del presupuesto a las delegaciones gobernadas por sus partidos; es decir, 729 millones 900 mil pesos se distribuyeron en seis delegaciones, mientras las 10 restantes se repartieron 894 millones 700 mil pesos.
Así, después de revisar las cuentas por medio de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno del DF notificó a las demarcaciones dicho ajuste. Ante ello, el jefe delegacional de Miguel Hidalgo realizó una serie de manifestaciones para exigir a López Obrador que respete la decisión de los diputados.
Según Aus den Ruthen Haag el ajuste es ilegal, pues "la ley prevé que el jefe de Gobierno puede hacer recortes o modificaciones a los presupuestos solamente cuando haya un problema relacionado con desastres naturales o por cuestiones económicas que se fundamentan en los reportes trimestrales".
El delegado consideró que éste "es un recorte meramente político", por lo cual propuso recaudar el predial y multas de tránsito. "Yo les he dicho que si no quieren recaudar, porque ese es el fondo del asunto por ser año electoral, pues yo asumo el costo político". Añadió que de acuerdo con informes del gobierno de la ciudad hay una evasión fiscal de entre 20 y 30 mil millones de pesos, de gente que no paga predial ni agua. "Tenemos que cerrar esa brecha que hay en materia de evasión. A mí no me tiemblan las piernas. Yo sí le entro; lo único que se necesita para aumentar la recaudación es tener pantalones".
