"No soy siquiatra para saber si una enferma mental está facultada para dar a luz", afirmó
Niega Romero Hicks negligencia en caso de embarazada por violación
Sí procede denuncia penal contra la PJEG; necesario legislar en esta materia: Colegio de Abogados
MARTIN DIEGO CORRESPONSAL
Leon, Gto., 24 de marzo. Luego que la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato (PJEG) negó el derecho de aborto a una mujer con discapacidad mental embarazada a partir de una violación, el gobernador panista Juan Carlos Romero rechazó que la dependencia hubiera incurrido en negligencia y sostuvo que la situación se atendió con prontitud, al ofrecer atención sicológica a la familia de la víctima.
En conferencia de prensa, el mandatario eximió de toda responsabilidad a María del Rocío Mayo, titular de la agencia 3 del Ministerio Público (MP) especializada en Delitos Sexuales, quien según Martha Macías, madre de Sandra, negó una orden judicial de interrupción del embarazo cuando la víctima tenía tres meses de gestación, producto del ultraje de su patrón Ernesto Martínez, contra quien interpuso denuncia formal por el supuesto delito de violación.
"Lo que la ley establece es que no hay punibilidad en estos casos, se atendió con apego a la ley y prudencia, porque se le dijo a la familia que determinara lo más conducente, así que no hay falta legal o moral de la autoridad", afirmó.
Añadió que los dichos de la madre de Sandra "no han sido presentados ante el MP. Ustedes están concluyendo de manera inapropiada".
A la pregunta de si Sandra, a quien la PJEG determinó con edad biológica de 30 años y mental de 10, está facultada para dar a luz, el gobernador respondió: "No soy médico ni siquiatra". Agregó que "no voy a contestar más, porque las preguntas son de radiopasillo y radioperiférico, el hecho es ése, ocurrió un embarazo. Lo que la autoridad tendrá que determinar es si ocurrió o no una violación, eso no ha sido acreditado, lo demás son conclusiones fuera del marco jurídico a las que, lamentablemente algunas personas están llegando".
Si bien acotó que la legislación de Guanajuato tiene una laguna jurídica respecto al aborto en caso de violación, Romero rechazó que se deba revisar el Código Penal estatal al respecto. "Lo único que está previsto en Guanajuato es el régimen de excepción, pero hay situaciones de procedimiento que habría que delimitar mejor", indicó.
Aparte, el presidente del Colegio de Abogados del estado, Luis Sandoval, dijo en entrevista que inclusive si la violación de Sandra no está acreditada, "si la mujer no tiene voluntad para decidir por sí misma por el retraso mental, es obvio que la violación de por sí es un delito, porque si su edad mental equivale a una persona de 10 años, para efectos penales se considera que esta persona tiene 10 años, por lo tanto una niña de 10 años no puede dar su consentimiento para una relación sexual".
Advirtió que la legislación local permite el aborto legal, por lo que el Sector Salud, la PJEG y el gobierno de Guanajuato "deberán proveer a las mujeres de un lugar seguro para practicarse el legrado; de otro modo, como están las cosas, no se tiene que pedir permiso para el aborto en caso de violación, pero quien lo practica está incurriendo en un delito y hay graves riesgos de abortos clandestinos".
Sandoval abundó que los familiares de Sandra tienen el recurso legal de entablar "una demanda contra la PGJE por negligencia y pedir que el bebé sea atendido por el gobierno del estado, porque fue responsable de esta situación. Este caso demuestra que en Guanajuato existe un retroceso en la legislación penal local", dijo.
Por separado, el secretario de Salud estatal, Ector Jaime Ramírez anunció que la dependencia a su cargo verificará "el estado de salud de esta persona para que pueda dar a luz en buenas condiciones físicas y atenderla como debe ser".
En tanto, la dirigente estatal del movimiento Milenio Feminista, Verónica Cruz, aseguró que en Guanajuato al menos 10 niñas de entre 12 y 16 años han sufrido violación, y han debido dar a luz "por ese vacío en la legislación actual".
