Pretenden expulsar a 24 familias de Actiepa Yochib
Coalición PRI-PRD hostiga a zapatistas en los Altos, acusan
Activistas demandan proteger derechos humanos de indígenas
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de Las Casas, Chis. 24 de marzo. Aumentan las amenazas de desalojo contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en distintas comunidades de los Altos y la zona norte. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció hoy que autoridades ejidales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretenden expulsar a 24 familias de Actiepa Yochib, municipio Salto de Agua, por ser zapatistas y resistirse a pagar al gobierno el impuesto predial por la tierra.
El 18 de marzo se realizó en Actiepa Yochib una asamblea en la que estuvieron presentes Pedro Arcos Solís, comisariado ejidal, y Mateo Arcos Solís, primer vocal, así como Gaspar Arcos Solís, Pedro López Arcos y Cristóbal Méndez Arcos, dirigentes de la organización Kichañ Kichañob, afiliada al PRD. Estas autoridades "amenazaron a las bases de apoyo del EZLN con desalojarlas violentamente si no pagan 2 mil 448 pesos por familia," argumentando que la mayoría de los ejidatarios ya entregó esa suma "y que el pago es exigido por las autoridades municipales y la Secretaría de Hacienda del estado". Les dijeron que quienes se nieguen a pagar "no se beneficiarán de las obras que se lleven a cabo en la comunidad".
En las semanas anteriores, dirigentes de la mencionada organización perredista han protagonizado incidentes y amenazas de expulsión contra familias zapatistas en la región chol de Tumbalá y Salto de Agua (donde opera Kichañob).
En los casos denunciados hasta ahora se ha visto un entendimiento entre priístas y perredistas (ambos "gobierno" en distintos niveles) para hostigar y agredir comunidades y familias en resistencia.
Las autoridades ejidales advirtieron que el desalojo se llevará cabo "entre la próxima semana y un mes como máximo", si las familias no presentan algún documento "expedido por la Secretaría de Hacienda del estado" que los exente del pago.
Los defensores comunitarios de la zona norte agregan que las familias "son acusadas falsamente" de diversos delitos. (Otra parte de la escalada contra el EZLN que instrumentan los programas del gobierno).
La red subraya "la gravedad de las amenazas" y solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que vigile la procuración de las medidas necesarias para proteger a las 24 familias indígenas en peligro de ser desalojadas.
