Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 20 de marzo de 2003
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Política

Lamenta la detención de un líder de la CCI

Solicita el CAP a Gobernación cese persecución contra dirigentes

ALONSO URRUTIA

Dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP) acudieron ayer a la Secretaría de Gobernación para solicitar el cese de la persecución judicial contra algunos dirigentes campesinos. En reunión con el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Ramón Martín Huerta, consideraron imprudente el hecho de que en días pasados se haya aprehendido a Maclovio Avilés, dirigente de la Central Cardenista Independiente (CCI).

Entrevistado cuando salió de la reunión, el coordinador del CAP, Rafael Galindo, externó su inconformidad con los términos del documento entregado la noche del martes, en el que se resume la postura gubernamental ante el acuerdo nacional para el campo. A juicio de las organizaciones campesinas, dijo, se mantiene un enfoque orientado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Galindo reconoció que si bien el documento gubernamental recoge muchos de los planteamientos vertidos en las mesas de diálogo, no contiene ningún planteamiento relacionado con la posible utilización, en el campo, de los recursos extraordinarios que el país está recibiendo por el incremento en el precio del petróleo.

Sin embargo, durante el encuentro de hoy se estima que pudieran separarse las coincidencias y las diferencias que existen entre las posturas de las organizaciones campesinas y la asumida por el Ejecutivo federal, a fin de pasar a la redacción de las primeras y a una mayor discusión, en el segundo caso.

Por lo que hace a la persecución de líderes campesinos, Galindo consideró que es muy cuestionable que sea en este momento, cuando está en su fase final la discusión sobre el acuerdo nacional para el campo, cuando se cumplan órdenes judiciales contra Maclovio Avilés.

Dijo que el dirigente no tiene ninguna responsabilidad por la autoría intelectual del bloqueo de la carretera del Sol hace algunos meses, toda vez que eso fue decisión de una asamblea de ejidatarios para presionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que liquidara las indemnizaciones por las tierras expropiadas para la construcción de dicha vía.

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