Pemexgate será "el mayor fracaso" de los acusadores: Juan Velásquez
La defensa de los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera tramita más solicitudes de amparo para evitar que sus representados sean aprehendidos al término de la presente legislatura y, en consecuencia, enfrenten el proceso penal por el presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la campaña presidencial del PRI en 2000.
Ufano por la protección judicial concedida hasta el momento a los líderes sindicales (la más reciente evitará que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados emita su dictamen sobre el proceso de desafuero), el penalista Juan Velásquez aseguró que el llamado Pemexgate "legalmente será el mayor fracaso de los acusadores".
Señaló que sus clientes "no han cometido delito alguno" y, en cambio, aseveró que ante las acusaciones difundidas en los medios de comunicación se ha generado "un daño moral y económico" al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Velásquez, quien ha sido abogado de tres ex presidentes, así como de familiares de Carlos Salinas de Gortari, ofreció ayer una conferencia de prensa en compañía del grupo de abogados que defiende a Romero Deschamps; todos manifestaron su convencimiento de que "no habrá desafuero", es decir, según lo resolvió un juzgado, la Sección Instructora deberá abstenerse de emitir su dictamen final en torno al asunto.
Ahora, expusieron, el Poder Judicial tendrá que definir si fue legal la integración de esa comisión camaral y si ésta operó como "tribunal especial" fuera del marco de la Constitución.
Los abogados Velásquez, Luis Argüelles, Odette Mobarak y Enrique y Virgilio Andrade advirtieron que continuarán con los trámites de diversos amparos para obtener el beneficio de la justicia federal. De igual forma, reforzarán las gestiones para que los beneficios concedidos se cumplan totalmente, en especial aquel que ordena que se reconozca la personalidad a la defensa de Romero Deschamps y se le admitan todas las pruebas conducentes; ello implica, aseguraron, que la Sección Instructora retorne el expediente a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Con base en lo anterior, Velásquez afirmó que la resolución del IFE -de imponer una multa de mil millones de pesos al PRI por haber omitido en su declaración una aportación de 500 millones de pesos, proveniente del sindicato petrolero- contradice los argumentos de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que solicitó el proceso de desfuero.
"El IFE resolvió que no cuenta con elementos de convicción suficientes de la legalidad del convenio laboral 93/99 entre Pemex y el STPRM, por lo que cada autoridad tiene su versión de los hechos, šestamos ante una gran mentira", expresó.
"Inclusive en el supuesto de que se comprobaran los delitos de funcionarios públicos (por peculado), nosotros seríamos absolutamente ajenos, lo mismo en el asunto electoral. Desde el principio de la historia no hay delitos que nuestros defendidos hayan cometido", aseguró.
FABIOLA MARTINEZ
