El Gobierno del DF ha habilitado a 300, quienes participan en comités de adquisiciones

Los contralores ciudadanos, experiencia pionera en México

Intervienen en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y en la evaluación de la gestión gubernamental Inclusive las empresas ya piden su presencia en procesos de licitación

ELIA BALTAZAR

Funciona en Porto Alegre, Brasil, y ahora se impulsa en la ciudad de México. Se trata de un modelo de participación ciudadana promovido desde una de las más discretas -por el carácter de sus funciones- oficinas del gobierno capitalino: la Contraloría General del DF, la cual pretende involucrar a los ciudadanos en las más sensibles tareas de gobierno, como la vigilancia en la aplicación de los recursos públicos, la evaluación y el control de la gestión gubernamental, e inclusive en la orientación del presupuesto.

Esta labor, que por primera vez se pone en marcha desde una instancia de gobierno, no sólo en la ciudad sino en el país, está bajo la responsabilidad de los contralores ciudadanos. Suman 300, forman una red ciudadana y son parte de los comités técnicos de adquisiciones de la administración local, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, que obliga a que se incluyan dos ciudadanos en cada una de esas instancias.

No son funcionarios públicos, pero ya conocen la ley al parejo. Aunque no cobran un sueldo, no son "mirones de palo", porque ya gozan de voz y voto y sus opiniones inclusive han modificado o influido en los criterios para la licitación y compra de bienes en distintos niveles de los gobiernos local y delegacionales.

Su figura, además, ha permitido generar confianza entre los participantes en los procesos de licitaciones y cerrar paso a la discrecionalidad y, sobre todo, a la corrupción, pues ellos también participan en los operativos para detectar irregularidades en dependencias como la Tesorería y emiten opiniones para mejorar los mecanismos de vigilancia.

Gestión participativa

Con el programa de contralores ciudadanos, "estamos participando en la construcción del primer modelo de gestión participativa en el gobierno con criterios ciudadanos", asegura María de la Paz Soriano, contralora ciudadana y promotora de una organización no gubernamental que trabaja en contra de la aplicación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Se trata, sigue, de ejercer el derecho de tomar parte en las decisiones de los gobiernos para la aplicación de los presupuestos públicos, que no es otra cosa que el presupuesto participativo.

El programa de contralores ciudadanos tiene una visión social más amplia, que pretende recuperar la experiencia de otros lugares, como Porto Alegre, para construir alternativas sociales y ciudadanas.

Así, en el programa se han incluido criterios alternativos de sustentabilidad y equidad de género para que, desde el gobierno y en la aplicación de su presupuesto, se estimule la actividad productiva de la ciudad, mediante el aprovechamiento de la reserva que proporciona la Ley de Adquisiciones, que permite que 20 por ciento de las compras de gobierno se lleve a cabo por asignación directa.

De esta manera, se propone apoyar a grupos campesinos y urbanos, micros y pequeñas industrias que no cuentan con posibilidades de competir en grandes licitaciones, aun cuando su producción y costos son de calidad y competitivos.

"Pretendemos que ese 20 por ciento de las compras de gobierno que la ley permite realizar de manera directa sean un medio para fomentar la economía de los grupos sociales y de productores menos favorecidos y dirigir a ellos las invitaciones restringidas", según la dirección ejecutiva del programa de contralores ciudadanos.

Esta nueva perspectiva ha permitido, por ejemplo, que la Dirección General de Reclusorios compre café orgánico a productores nacionales, con el sello de comercio justo. Y ahora se analiza la posibilidad de asegurar que las compras de alimento para los internos sólo provengan del campo mexicano. También, la Secretaría de Seguridad Pública adquiere de los productores rurales de Milpa Alta el forraje para alimentar a sus caballos.

"Somos quienes mejor conocemos la ciudad"

Los ciudadanos, dice Leonardo Huidobro, también contralor ciudadano, "somos quienes mejor conocemos la ciudad y sus prioridades, porque la vivimos o la padecemos cotidianamente, mientras los políticos o los funcionarios a veces pretenden llevar a cabo obras que son inecesarias, principalmente por imagen política".

Un ejemplo lo ofrece Alejandra Ramírez, estudiante de derecho, quien forma parte del subcomité de Obras de la delegación Benito Juárez. Allí, explica, pretendían licitar la construcción de cinco nuevas casetas de vigilancia, cuando hay actualmente 29 que permanecen inhabilitadas por falta de mantenimiento. "Hicimos esa observación y se decidió invertir y habilitar las que ya existen".

Los contralores ciudadanos han descubierto también, en su experiencia, los muchos recursos que se desperdician dentro del gobierno, por los excesivos procesos administrativos. Y no hablan sólo de dinero, sino de tiempo invertido en tareas que al final no tienen resultados.

Así lo explica la contralora Olga Rivera, quien participa en los comités de adquisiciones del Sistema de Transportes Eléctricos y el Metro. Particularmente en el primero, dice, "detectamos una dinámica muy lenta en los procesos de licitación y la falta de recursos para definir las necesidades".

Recuerda cómo en Transportes Eléctricos se llevó adelante todo un proceso de licitación para adquirir dos grúas, cuya compra ya había sido aprobada. Al final, sin embargo, todo se canceló bajo el argumento de que no eran necesarias. Esta decisión significó echar por tierra recursos administrativos que son de la ciudad, de los ciudadanos. "Y nosotros estamos en la lógica de vigilar el presupuesto de la gente".

La presencia de los contralores ciudadanos en los procesos de licitación también ha influido en la confianza de los participantes. Empresas que en principio los miraban con desconfianza, ahora piden su presencia para garantizar la transparencia en las decisiones.

Si bien las funciones y los resultados de los contralores ciudadanos permiten a las autoridades confiar en su consolidación, también han advertido sobre los riesgos que implican el acecho y los ataques de "aquellos grupos que tradicionalmente se beneficiaron con la contratación pública".

Por eso, y ya frente a la próxima conclusión del primer ciclo de actividades de los contralores ciudadanos, las autoridades convocan a los capitalinos a no perder el derecho de participar en la gestión de gobierno y contribuir a la construcción de una administración transparente y justa.