Cuantiosas partidas fueron malversadas durante la administración alborista

"Reubicaciones" en Montes Azules, fuente de fraudes millonarios

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 9 de marzo. Las reubicaciones "exitosas" de poblados en Montes Azules durante el anterior gobierno priísta del estado no sólo demostraron ser un completo fracaso, sino que además al menos una fue ilegal. Si se revisa la inversión que presuntamente se destinó para tal efecto, se encontrarán huellas de otro de los incontables fraudes como los que hoy tienen en prisión a un selecto grupo de funcionarios alboristas (además de los más de 30 que siguen prófugos).

En una "restitución" se cometió un error garrafal por el que nadie ha reclamado. Una vez desalojados los tres poblados, ceremoniosa y demagógicamente se entregaron las tierras a los órganos de representación de la comunidad lacandona (siendo los lacandones "dueños" de gran parte de Montes Azules). El 21 de noviembre de 2000 recibieron de buen grado -y firmaron- Margarito Can Kayum, Enrique Gómez López y Juan Guzmán Montejo el terreno donde estuvo Nueva Argentina, que no pertenece a la comunidad lacandona, pues se trata de terrenos nacionales. O sea, se "devolvió" a los lacandones algo que nunca les ha pertenecido. Esta maniobra se desprende de los propios planos que presentó la mesa agrario-ambiental en noviembre de 2000 al entregar el changarro.

Poco antes del cambio de gobierno, el entonces mandatario Roberto Albores Guillén logró y festinó el acuerdo de reubicación con los pobladores (priístas, por cierto) de tres asentamientos en Montes Azules: Nueva Argentina, Sol Paraíso y Santa Cruz. Cuando la Sedeso foxista visitó en 2002 los predios de la reubicación (Guadalupe Plumajillo, Nuevo Mundo y Los Tres Ortegas, respectivamente), encontró que casi la totalidad de las familias había desaparecido (ver La Jornada, 28 de febrero de 2003).

Los "reubicados" se consideraron utilizados, engañados y abandonados. Las promesas incumplidas del gobierno, razón principal del fracaso, tienen números. Las "promesas" están consideradas en el presupuesto federal y estatal para el Programa de recuperación de tierras en la reserva de la biosfera de Montes Azules, cuyo informe final presentó la anterior mesa agrario-ambiental el 28 de noviembre de 2000.

Los nuevos asentamientos debieron recibir financiamientos por 2 millones de pesos para viviendas, aparte de los 3 millones que se supone costaron los terrenos (malísimos) en los municipios de Independencia y La Trinitaria. Para "proyectos productivos" se destinaron 790 mil pesos. Las prisas del proverbial año de Hidalgo causaron otras bajas presupuestales para la "recuperación" de predios, no concluida, en Taniperla, Manuel Velasco Suárez (Nueva Palestina), Campo Cedro y Ojo de Agua el Progreso: unos 14 millones de pesos.

Las secretarías de Desarrollo Agrario y Gobierno de Chiapas debieron aplicar las partidas asignadas para estas reubicaciones, así como recibir y canalizar la participación de las secretarías zedillistas de Medio Ambiente, Desarrollo Social y Reforma Agraria. Y si te vi, no te conozco: no hay tales viviendas ni obra social, ni beneficiarios originales que las reclamen, pues prefirieron vender sus derechos de propiedad y desaparecer en busca de trabajo o tierras de nueva cuenta.

La pléyade del alborismo

Casos como estos hacen que los muros del penal de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez guarden ahora a los ex secretarios (y amigos de Albores) de Agricultura y Salud (Librado de la Torre y Humberto Córdova, respectivamente), así como el ex procurador general de Justicia, Eduardo Montoya Liévano; al ex director estatal de Caminos Arturo López Martínez, y al ex coordinador general de Transporte Romeo Orantes Gordillo. Los acompañan tras las rejas ocho funcionarios más de distintas dependencias oficiales. Encabeza la lista de prófugos el ex secretario de Gobierno Alfonso Utrilla Gómez.

Mención aparte merece Francisco Javier Durán Lucio, quien durante los años dorados de Albores se desempeñara como titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGJE. Luego de su renuncia, en febrero de 2001, se supo que, junto con otros ex agentes judiciales, el servidor público operaba una banda de secuestradores en Chiapas y Oaxaca. Hoy lo procesa la misma unidad que dirigió con Albores, bajo la averiguación previa 026/UECDO/2002.

Los de Albores y Julio César Ruiz Ferro han sido los gobiernos que mayor presupuesto y apapacho federal han recibido en la historia de Chiapas. Se puso en manos de decenas de delincuentes todo el dineral destinado a la guerra contra los indígenas y la contrainsurgencia, a las "reconciliaciones", la presunta pacificación, las reubicaciones y sobre todo la publicitadísima obra pública con que el zedillismo "atendió" las necesidades y reclamos indígenas que originaron el levantamiento zapatista. Los gobiernos local y federal se llenaron la boca de buenas intenciones, programas sociales e inauguraciones sin precedente.

Los delitos de que se acusa ahora a esta pléyade incluyen peculado, ejercicio indebido de funciones, desvío de recursos del erario, fraude y asociación delictuosa. Es decir, ninguno es procesado por los aún más graves delitos que se cometieron contra los derechos humanos, muchos de ellos a la vista del país y el mundo (incluidos decenas de asesinatos y miles de indígenas expulsados y despojados de tierras y viviendas). Hasta el momento se persigue a los más ladrones; tan sólo en este "rubro" se han detectado desvíos por unos 2 mil millones de pesos.