Solicitan también cancelar 5 órdenes de captura contra líderes de la sección 22 del SNTE

Exigen 15 mil manifestantes libertad de dos dirigentes sociales en Oaxaca

Pobladores de San Pedro Ixtlahuaca toman oficina para expulsar a nuevo administrador

VICTOR RUIZ ARRAZOLA CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 7 de marzo. Unos 15 mil integrantes del Frente de Sindicatos y Organizaciones Sociales de Oaxaca marcharon hoy para exigir la libertad de los dirigentes del gremio de burócratas, Oliverio Neri López, y del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, quienes se encuentran presos por diversos delitos.

Entre las organizaciones integrantes del frente se encuentra la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, que exige la libertad de 14 indígenas de la región Loxicha encarcelados hace más de cuatro años acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario.

Neri López está sujeto a proceso como presunto responsable de obstrucción de vías federales de comunicación y lesiones a transportistas, con quienes los burócratas se enfrentaron a golpes durante un bloqueo carretero. A esas acusaciones se le han agregado delitos de fraude en agravio del sindicato que promovió un sector disidente del gremio, y de intento de violación de una de sus colaboradoras, que fue despedida por "ineficiente".

También solicitan se cancelen más de cinco órdenes de aprehensión contra líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por varios delitos federales, entre ellos ataques a las vías de comunicación.

Por estas movilizaciones, unos 300 mil estudiantes de todos los niveles educativos de los valles centrales suspendieron clases, pues sus profesores fueron llamados a la marcha.

También se suspendieron actividades administrativas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud estatal, Teléfonos de México, parcialmente en el gobierno del estado y la Universidad Autónoma Benito Juárez, entre otras instituciones, cuyos trabajadores pertenecen a los sindicatos aglutinados en este frente. Además, la circulación vehicular se vio afectada en la ciudad durante cinco horas.

Asimismo, armados con palos y machetes, pobladores de San Pedro Ixtlahuaca se posesionaron de las oficinas del administrador municipal, Jorge Torres Alavés, con la finalidad de expulsarlo por considerar que por ser una persona extraña "no tiene derecho a gobernar", pues este municipio se rige por el sistema de usos y costumbres.

Asesorados por el diputado federal Héctor Sánchez López, los vecinos no se ponen de acuerdo, desde octubre de 2001, en la elección de su alcalde, por lo que el gobierno del estado ha designado a varios administradores que han sido sustituidos continuamente a petición de los dos grupos en pugna.