El saldo, dos muertos y 15 lesionados; PRD y PRI acuerdan diálogo permanente

Firman la no agresión en Zinacantán

Las investigaciones seguirán hasta dar con los responsables, afirma la procuraduría estatal

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis, 6 de marzo. Perredistas y priístas que el miércoles se enfrentaron a balazos de Zinacantán firmaron un "pacto de no agresión y respeto mutuo que permita construir las bases de la futura reconciliación y la unidad" de los habitantes del municipio.

El acuerdo fue firmado anoche después de una reunión de casi nueve horas que encabezaron el subsecretario de Gobierno estatal, Rubisel Guillén Román, y el secretario de Pueblos Indios, Porfirio Encino Hernández.

En el documento suscrito se estableció el compromiso de que los involucrados realizarán "todo su esfuerzo para garantizar el beneficio de la población", y que se someterán a los lineamientos legales y procedimientos administrativos de las leyes vigentes en el estado, así como de las instituciones de los gobiernos estatal y federal.

El subprocurador de Justicia Indígena, Isidro Gómez Entzín, dijo que "no se negoció la aplicación de la justicia", por lo que las investigaciones para castigar a los responsables de los hechos violentos ocurridos ayer continuarán "hasta sus últimas consecuencias".

Agregó que el saldo del enfrentamiento es de dos muertos y 15 lesionados, varios de bala. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Armando Servín, informó que el indígena sexagenario Mariano Gómez Sánchez se encuentra grave en Tuxtla Gutiérrez, ya que presenta fractura en la base del cráneo. Desde la noche del miércoles había sido dado por muerto por los priístas, socorristas y autoridades de salud. Otros seis tzotziles están hospitalizados en esta ciudad.

Mientras los grupos en pugna se reunían aquí, en Zinacantán la situación volvió a la calma relativa, apuntalada por la presencia de cientos de policías estatales. Los dos muertos, originarios de la comunidad de Patosil, eran velados esta mañana, pero no se permitía el acceso a la prensa.

Un grupo bien entrenado

Ya menos tensa la situación, surgieron algunos detalles del enfrentamiento ocurrido ayer, el cual por una hora convirtió a la zona urbana de Zinacantán en tierra de nadie. Testigos aseguraron que los aproximadamente 10 indígenas, que iban armados con cuernos de chivo y metralletas, dispararon contra los priístas; parecía un grupo bien entrenado y disciplinado, al grado de que recogieron y echaron en una cubeta la mayor parte de casquillos percutidos para no dejar evidencias.

Se supo también que "decomisaron" un videocaset a un agente del gobierno -en el que presuntamente aparecen con armas de fuego familiares cercanos al alcalde, el perredista Domingo de la Cruz Pérez- y una camioneta del juez municipal, Mariano García, de la cual "salieron muchos disparos". A todo aquel que tratara de grabar o tomar fotos lo agredieron.

También se confirmó que los perredistas se oponían a que ingresaran los cuerpos de socorro, por lo que los heridos fueron llevados inicialmente a casas particulares. Fue así como Antonio Rigoberto Pérez Montejo murió en su casa por falta de atención, y el músico Mariano Hernández Pérez en la sacristía del templo de San Lorenzo.

En la reunión de hoy, priístas y perredistas acordaron sostener un diálogo permanente "para superar las divergencias", para lo cual se integrará una comisión de seguimiento en la que participarán cinco personas por cada grupo, así como funcionarios del gobierno estatal.

Se acordó que "para preservar la paz y la tranquilidad de los habitantes de Zinacatán" permanecerá la policía estatal en la cabecera municipal y realizará patrullajes en los parajes de Patosil y Elambó.

Las partes se comprometieron a brindar las facilidades en el proceso de las investigaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en los sucesos de ayer y anteriores. Se estableció que la Procuraduría de Justicia estatal ejercitará ación penal contra quienes resulten responsables, independiente de si se trata o no de servidores públicos municipales o de uno u otro partido político.

También se convino en que las personas a quienes les provocaron daños morales serán indemnizados conforme a la ley, mientras que los daños materiales, previo peritaje de la procuraduría, serán pagados por quienes resulten responsables.

De acuerdo con algunas personas que participaron en la reunión, la firma
del acuerdo mutuo demoró casi nueve horas debido a que los priístas exigían la destitución del alcalde Domingo de la Cruz Pérez, quien junto con otros miembros del ayuntamiento encabezó a los perredistas en el encuentro.