VIENTOS DE GUERRA

Es una barbaridad pensar que son terroristas, expresa el ombudsman en Los Angeles

Senadores y Soberanes piden a EU no tratar a migrantes como delincuentes

El clima de guerra prevaleciente ha endurecido las presiones y la discriminación, coinciden

ANDREA BECERRIL ENVIADA

Los Angeles, Cal., 6 de marzo. Dejar de tratar a los millones de migrantes mexicanos como si fueran delincuentes demandaron aquí el grupo de senadores encabezado por Sadot Sánchez Carreño y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.

Los legisladores, que desde hace dos días realizan una gira de trabajo por California, y el ombudsman, que hoy se integró a esas actividades, coincidieron en que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y ahora que soplan vientos de guerra en este país, se han endurecido las leyes, las presiones y la discriminación en contra de los trabajadores mexicanos, ya sean residentes o indocumentados.

Durante un encuentro que sostuvieron con el procurador de Los Angeles, Rocky Delgadillo, los senadores Sánchez Carreño, del PRI, y su compañero Orlando Paredes Lara, así como la perredista Leticia Burgos y los panistas Guillermo Herbert y Micaela Aguilar, pidieron al funcionario compartir la solución al problema migratorio y dar trato igual a los trabajadores mexicanos.

''Hay que cambiar el pensamiento de quienes creen que la migración está ligada con la delincuencia. Los mexicanos que migran a este país son personas honestas y pacíficas en su mayoría, y son un verdadero soporte para la economía estadunidense'', señaló Sánchez Carreño.

Igualmente, Burgos expresó al procurador angelino que durante los días que han pasado en Los Angeles, un buen número de organizaciones de migrantes han expresado la gran disparidad en la tipificación de delitos cuando se trata de indocumentados. ''Vemos mucha saña en el manejo de los casos por parte de las autoridades de Estados Unidos'', dijo.

En respuesta, el procurador Delgadillo señaló que la aplicación de la ley en este condado es para todos sin distinciones, y aseguró que la comunidad estadunidense que agrede a los migrantes pagará con la fuerza de la ley. Sin embargo, recalcó, ''debemos estar conscientes que hay mucha oposición para lograr esto''.

Los legisladores y el titular de la CNDH sostuvieron luego otra reunión con la presidenta de la Mexican American Legal Defense and Educational Found, una de las más grandes organizaciones que apoyan a los migrantes, quien planteó el mismo escenario de endurecimiento hacia los connacionales y alertó a los visitantes sobre la necesidad de evitar que este verano fallezcan más mexicanos al intentar cruzar el desierto.

Sobre el tema, Soberanes advirtió que es una barbaridad pensar que los migrantes son terroristas, sin reconocer que subsidian a la economía de Estados Unidos. ''Cómo van a ser un peligro quienes en realidad han ayudado a levantar a este país, con salarios que son la mitad de lo que se paga a los obreros estadunidenses'', sostuvo.

Resaltó asimismo que Estados Unidos no debe olvidar que es un país de gran tradición en el respeto a los derechos humanos y que tiene que ser congruente con esta tradición y respetar las garantías individuales de los trabajadores de México y de otros países, o de lo contrario se entrará a un régimen autoritario. ''No se puede hacer una globalización de la injusticia, la democracia sólo existe donde se respetan los derechos humanos'', recalcó.

Sin embargo, la realidad es otra y prueba de ello es el caso de la mexicana Guadalupe Barraza, quien desde hace 25 años reside en Estados Unidos y que en ese lapso laboró sin documentos. Tiene ya hijos de 20 y 18 años nacidos en Los Angeles, pero ahora corre el riesgo de ser deportada, en el mejor de los casos, o de pasar varios años en la cárcel.

Guadalupe, quien apenas rebasa los 40 años, nacida en Sinaloa, fue arrestada hace cuatro meses porque se le hizo muy fácil sustraer de una tienda dos blusas con un valor menor a 20 dólares, error que le va a costar muy caro por la aplicación de la ley Megan, mejor conocida aquí como la ''ley de tres delitos y fuera'', recién aprobada, que sanciona a quien haya acumulado tres faltas, incluso administrativas, con condenas de 25 años a cadena perpetua.

Un día antes, la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de esa ley, por la que se puede aplicar prisión perpetua a quien haya robado unos bastones de golf y sea su tercera falta.

El caso de Barraza lo conocieron los senadores durante un recorrido por el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), conocido como el Centro de San Pedro, ubicado en la zona portuaria de Long Beach. Ahí, Lupita platicó a los legisladores que pese a todo está ''más a gusto en San Pedro'', porque antes pasó cuatro meses en un penal de California donde el trato era peor. No tiene papeles ni nada con qué demostrar su defensa y teme que la deporten a México o que la encarcelen por muchos años, y todo por dos camisetas de algodón.