Cerrada votación en el Tribunal Supremo

La justicia española investigará los crímenes de militares guatemaltecos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 3 de marzo. El Tribunal Supremo de España acordó hoy que la justicia de este país investigue los crímenes cometidos presuntamente por los gobiernos militares de Guatemala que se sucedieron entre 1962 y 1990 y que hayan afectado solamente a ciudadanos españoles.

La decisión llega después de nueve meses de estudio de un recurso de amparo presentado por la defensa del llamado caso Guatemala, encabezado por la Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú.

El órgano judicial español resolvió, por ocho votos contra siete, abrir diligencias por dos hechos concretos: la toma de la embajada de España en Guatemala y el asesinato de misioneros españoles.

Así, la resolución responde al recurso presentado por la defensa ante la negativa de la Audiencia Nacional de continuar con la investigación sobre delitos de genocidio, terrorismo y tortura contra los altos mandos del ejército y del gobierno guatemalteco, entre ellos los ex presidentes Fernando Romeo Lucas, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores.

La primera querella en tribunales españoles fue presentada por Menchú en 1999, denuncia que acompañó con abundante información relacionada con los delitos denunciados, entre ellos los informes elaborados por los expertos de la Organización de Naciones Unidas y por la Comisión del Esclarecimiento Histórico.

Estos documentos cifran en más de 200 mil personas las víctimas mortales por las cuatro décadas de barbarie militar, pero también acontecimientos en las que se implicaban a ciudadanos e instituciones españoles.

Entre esas denuncias destaca la ocupación por parte de las fuerzas armadas de la embajada española en Guatemala, después de ser utilizada por un grupo de indígenas para denunciar de forma pacífica el exterminio al que estaban siendo sometidos. Ese día, 31 enero de 1980, las fuerzas militares repelieron la protesta e incendiaron el edificio con lo que provocaron 37 muertos, entre ellos tres españoles y el padre de la Nobel de la Paz.

También se denunciaron los asesinatos de los misioneros españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo.

A pesar de que decenas de testigos prestaron declaración ante la Audiencia y de que el sumario del caso Guatemala crecía día a día con abundantes pruebas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió archivar el caso al considerar que no era competente.

Pero en la cerrada votación de hoy, el Tribubal Supremo acordó sólo investigar los casos relacionados con ciudadanos españoles, al rechazar que España tenga jurisdicción universal para investigar todo los crímenes denunciados por Menchú.

Los siete magistrados que votaron en favor estimaron que España debe investigar todos los hechos de genocidio denunciados en virtud del principio de justicia universal que permite la persecución penal extraterritorial de dicho delito, y a fin de dar "una oportunidad de remediar la impunidad de comportamientos aparentemente muy graves".