Solicitarán a Luis Pazos explique por qué se otorgaron $30 millones

Filial de Pro Vida recibió recursos del erario, afirma un grupo de católicas

La acción evidencia la alianza entre legisladores y organismos conservadores, expresan

ANGELES CRUZ

Organizaciones civiles exigirán al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, una explicación sobre la forma en que se asignaron 30 millones de pesos a una agrupación civil ligada al comité nacional Pro Vida y se redujo el presupuesto de medicamentos para enfermos de sida.

Consuelo Mejía, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que fue una acción totalmente ilegal, pero que da cuenta de la alianza que se ha venido construyendo desde hace tres años entre algunos legisladores y los grupos conservadores de la sociedad.

Resaltó que este tipo de acciones y las manifestaciones públicas de la jerarquía católica en apoyo a Pro Vida por su trabajo para "evitar las muertes de los no nacidos", constituyen una burla al laicismo del Estado mexicano.

Si bien la relación entre la Iglesia católica y Pro Vida ha sido desde siempre, en estos momentos su exposición a la opinión pública adquiere mayor resonancia, dijo en referencia al evento realizado el pasado jueves con motivo del 25 aniversario de la agrupación que durante varios años dirigió Jorge Serrano Limón, quien ahora está al frente del movimiento Cultura para la Vida.

Mejía también opinó que es grave que se pretenda erigir a organismos como Provida en voceros laicos de posiciones morales, que más bien atentan contra el derecho de las personas a decidir por sí mismas.

Lo anterior, luego de que la organización feminista entregó en la embajada de Nicaragua en México una carta de protesta dirigida al gobierno y a la comunidad católica de aquel país, por la negación del servicio médico y la excomunión a que se condenó a una niña de nueve años que abortó el producto de una violación.

Guadalupe Cruz, coordinadora de proyectos de Católicas por el Derecho a Decidir, resaltó que ya va siendo hora de que la jerarquía de la Iglesia asuma su responsabilidad con todos y todas sus feligreses. Hasta ahora, señaló, ha tenido una actitud parcial y de privilegio hacia los grupos conservadores.

Sin embargo, dijo, es positivo que por fin el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, haya expresado -al fin- una posición clara respecto de sus vínculos con Provida. Antes había señalado que no tenía nada que ver con la asociación, apuntó.

Católicas por el Derecho a Decidir acudió ayer a la embajada de Nicaragua en México para entregar una carta dirigida al presidente Enrique Bolaños, al arzobispo Miguel Ovando y Bravo y a la comunidad católica nicaragüense, en la que expresan su desacuerdo con el trato dado a la niña Rosa, de nueve años de edad, quien resultado de una violación quedó embarazada. La vida de la menor estaba en peligro, a pesar de lo cual ninguna institución de salud la admitió para practicarle un aborto e incluso le negaron el servicio para la atención del embarazo.

La misiva recuerda que eliminar la discriminación contra las niñas fue uno de los compromisos que los gobiernos del mundo adquirieron en la Conferencia de El Cairo, "como una de las medidas humanitarias más justas de las recientes décadas".

El documento firmado por Católicas por el Derecho a Decidir de México, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia y la Red Latinoamericana propone que las autoridades sanitarias y el gobierno de Nicaragua no deben estar sujetos a ninguna confesión religiosa. A los congresistas les solicitan que emitan una ley en la que se despenalice el aborto en casos de violación, igual que ocurre en las legislaciones más avanzadas del mundo.