Denuncian asedio a tzotziles en Ocho de Febrero
San Cristobal de Las Casas, Chis., 27 de febrero. Habitantes del poblado Ocho de Febrero, en la reserva de la biosfera de Montes Azules, denunciaron que integrantes del Ejército Mexicano, la Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han incrementado los "hostigamientos" para obligarlos a abandonar la tierra que ocupan desde hace un año.
Sin embargo, representantes de la comunidad advirtieron: "No nos vamos a salir, somos mexicanos, no extranjeros; defenderemos nuestros derechos y si es necesario daremos la vida".
Las 27 familias tzotziles (97 personas) que habitan Ocho de Febrero son bases zapatistas. Llegaron hace más de un año procedentes de las comunidades de Chavajeval y Unión Progreso (El Bosque), donde en 1998 el gobierno estatal, encabezado entonces por Roberto Albores, desmanteló mediante un acción policiaca el municipio autónomo de San Juan de la Libertad, lo que dejó un saldo de ocho indígenas y dos policías estatales muertos.
"Somos desplazados por los operativos de guerra del Ejército Mexicano y la policía estatal en nuestro municipio San Juan de la Libertad, de donde tuvimos que huir por la represión y la falta de tierras", manifestaron. "Ante la falta de respuesta de las autoridades a nuestras peticiones de dotación de tierras, decidimos tomar los terrenos que nuestros abuelos nos heredaron hace mucho en la selva Lacandona", dijeron.
En conferencia de prensa, Miguel Angel de los Santos, representante de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, informó que el gobierno mexicano contestó recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no tiene intención de desalojar a los habitantes de los 42 poblados asentados en Montes Azules, sino que serán reubicados de manera voluntaria y negociada.
"Sabemos que eso es totalmente falso porque sí hay planes para desalojarlos de las tierras que ocupan", agregó el abogado, quien subrayó: "No puede ser voluntario y negociado el desalojo cuando se presiona a los pobladores y no se les deja otra alternativa".
Además, señaló, el gobierno mexicano no informó a la CIDH de las aproximadamente 25 órdenes de aprehensión libradas contra habitantes de la zona para obligarlos a negociar y abandonar sus tierras.
Desde diciembre pasado la red de defensores solicitó a la comisión interamericana la ampliación de las medidas cautelares en Montes Azules, pues alegó que "existe riesgo de que se violen los derechos de cientos de familias asentadas en el área, debido a que está de por medio su derecho a la tierra y a la libre determinación".
ELIO HENRIQUEZ, CORRESPONSAL
