Su objetivo es garantizar el acceso a educación, salud, empleo y vivienda, afirma
Los derechos constitucionales, base de la política social del GDF: Raquel Sosa
Los esfuerzos se dirigen a la población con mayor necesidad, sin sesgo ideológico, dice
ELIA BALTAZAR
La afirmación es categórica: no hay elementos para acusar al Gobierno del Distrito Federal (GDF) de uso faccioso de los programas sociales emprendidos en la ciudad de México, porque la política social está dirigida a la población en condiciones de necesidad, por encima de grupos, partidos y organizaciones.
Raquel Sosa, secretaria de Desarrollo Social, advierte, además, que ahora los ciudadanos no aceptan que los programas sociales se utilicen sólo como oferta política en temporada electoral, y menos desde aquella visión del pasado que los consideraba dádivas otorgadas a cambio de votos. La gente, dice, exige que los programas se apliquen y cumplan, por encima de intereses corporativos o de perspectivas ideológicas y políticas.
El GDF, asegura, no ha asumido una relación específica con gente de algún partido. Y cualquiera lo puede verificar, porque todos los programas son de beneficio general y no están organizados o son aplicados con sesgo ideológico.
Los ejemplos más claros, explica, son los programas de apoyo a adultos mayores y de educación media superior, de los cuales "nadie en esta ciudad puede decir que ha sido excluido por cuestiones políticas o que ha sido condicionada su inclusión a cambio de algo".
Y no es sólo un asunto de convicción de las autoridades locales, dice. Se trata de una de las principales exigencias de los ciudadanos, sobre la cual se sustenta la política social del gobierno capitalino, que "se define principalmente por el cumplimiento de los derechos sociales consagrados en la Constitución, como la educación, la salud, el empleo y la vivienda".
Son derechos constitucionales que pueden y deben exigirse, explica la funcionaria, aunque en el ámbito nacional "no parecen influir ni ser materia de la agenda política".
Los programas sociales del gobierno federal, advierte, no tienen relación con la visión que las autoridades capitalinas promueven. En la ciudad de México, afirma, "no practicamos la caridad ni tenemos políticas asistenciales. Estamos promoviendo el ejercicio de los derechos sociales y la recuperación de la dignidad de las personas".
El planteamiento, agrega, es evitar que continúe el deterioro de las condiciones sociales de la población y en sus relaciones de convivencia, pues uno de los resultados de la política neoliberal tiene que ver con la destrucción de los vínculos sociales, de identidad comunitaria y familiar de la población, lo cual incide en el crecimiento de situaciones de violencia, desintegración y delincuencia.
La preocupación al respecto no es gratuita, pues las autoridades han detectado que en las unidades territoriales consideradas de media, alta y muy alta marginalidad, donde los problemas de adicciones, violencia intrafamiliar y desintegración son la constante, se asientan 226 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y quienes están en la frontera de la delincuencia.
En ese sentido se dirigen los programas para jóvenes en situación de riesgo y de prevención del delito, que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con otras dependencias del gobierno local.
Para esta población se diseñó el programa de tutores que colaboran con las autoridades en el apoyo y la orientación a jóvenes que enfrentan situaciones sociales adversas y para quienes las autoridades capitalinas han diseñado una serie de opciones laborales, educativas y de esparcimiento que los aleje de las actividades delictivas. "Queremos que la política social sea un elemento significativo, que tenga impacto y repercuta favorablemente en las situaciones de violencia y delincuencia", puntualiza.
