En esas cinco entidades se han dado las mayores irregularidades en esta administración: Secodam

Corrupción e ilícitos en Hacienda, Energía, PGR, ISSSTE y Pemex

Desde el sexenio salinista la SHCP ocupa el primer lugar en anomalías En los dos años del presente gobierno se han aplicado penas administrativas contra más de 2 mil 300 funcionarios de esa dependencia

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Las dependencias y entidades paraestatales en las que la Secretaría de la Contraloría ha detectado mayor número de actos ilícitos y de corrupción de servidores públicos en los últimos 24 meses son: las secretarías de Hacienda y de Energía, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos.

Un informe oficial de la Secodam, en el que se desglosan las dependencias en las que más personal ha sido sancionado por cometer actos ilícitos en los dos años transcurridos de este gobierno, indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el primer lugar en esta lista. En este periodo -refiere el documento- se han aplicado penas administrativas contra más de 2 mil 300 servidores públicos de esta secretaría de Estado.

Es decir, sólo Hacienda se lleva 19 por ciento del total de sanciones administrativas aplicadas por la Contraloría en el periodo mencionado, señala la información y detalla que esta tendencia se mantiene desde el sexenio salinista.

La lista crece

Otras dependencias donde se ha detectado alta incidencia de servidores públicos que cometen actos ilícitos son: la Secretaría de Energía, que en esta administración lleva mil 157 funcionarios penados; la de Educación Pública, con 677; Comunicaciones y Transportes, 465, y Gobernación, con 426.

Los actos en que han incurrido la mayor parte de estos funcionarios son: negligencia, operaciones irregulares en transacciones de compra y contratación de bienes y servicios, violación de las normas presupuestales, ''falta de honestidad'' e incumplimiento en la declaración patrimonial, entre otras. Las penas en la mayor parte de los casos han sido de tipo administrativo, pero también se han impuesto multas por más de 2 mil 934 millones de pesos contra estos servidores públicos, según establece el informe.

Apunta que en la Procuraduría General de la República, en los primeros 24 meses de este régimen se han aplicado sanciones contra mil 529 servidores públicos. De éstos, 161 fueron inhabilitados, 40 destituidos, 86 suspendidos y 512 amonestados. Incluso algunas imputaciones se han castigado por recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Del sector paraestatal, precisa la información, se han impuesto sanciones a más de 3 mil 870 funcionarios en el lapso referido. En Conasupo se han aplicado penas contra 50; en Caminos y Puentes, 140; IMSS, 618; ISSSTE, mil 103; Pemex, mil 294; Comisión Federal de Electricidad, 294, y en Luz y Fuerza, a 32. Del mismo modo, se ha inhabilitado a 93 proveedores y contratistas que estaban involucrados con funcionarios, que actuaron con dolo, proporcionaron información falsa y violaron normas establecidas para lograr un contrato con diversas entidades gubernamentales.

La Secodam expone en este análisis que 45 por ciento de las sanciones administrativas se han aplicado a consecuencia de quejas o denuncias ciudadanas, 30 por ciento por dictámenes de auditoría y casi 14 por ciento por investigaciones internas.

Más de 32 mil quejas

En total, esta secretaría ha recibido más de 32 mil quejas contra funcionarios de este gobierno, 60 por ciento de ellas por negligencia de estos servidores; 10 por ciento han sido dirigidas contra los encargados de realizar compras y contratación de servicios públicos, y 25 por ciento ha tenido denuncias de haber abusado o aplicado mal el presupuesto federal. De este volumen, las denuncias penales suman 135 y se han acompañado de castigos económicos por más de 200 millones de pesos.

En la información se acentúa que un punto fundamental de los actos de corrupción en dependencias gubernamentales se continúa dando en las áreas de compras. Se registraron más de mil 600 denuncias por adquisiciones que supuestamente se llevaron a cabo con dolo en estos primeros meses de gobierno; asimismo se interpusieron 550 quejas contra obras públicas contratadas, las cuales -según se denunció- no cumplían con los ordenamientos y requisitos legales.

Empresarios proveedores de servicios del gobierno fueron parte activa en el sistema de inconformidades establecido por la Secodam; levantaron denuncias que, en muchos casos, llevaron a la sanción de funcionarios. Los particulares apelaron ante este dependencia más de mil 300 evaluaciones técnicas que habían realizado los funcionarios, mediante las cuales favorecían a empresas de la competencia. Asimismo impugnaron 100 fallos de contratos e incluso se inconformaron contra 180 bases de licitación y contra 39 convocatorias, las cuales, señalaron, estaban amañadas o poco claras y que favorecían a ciertos proveedores por encima de los demás.

Por otra parte, la documentación indica que en el sexenio foxista se han aplicado más de 110 mil auditorías de control y evaluación de la gestión pública, en las cuales se detectaron los ilícitos de los funcionarios. Además se llevaron a cabo 120 ''auditorías especiales'' a entidades públicas y se hicieron 31 mil revisiones a los gastos ejercidos en programas, sobre todo a los aplicados al rubro de desarrollo social. En total se revisó la aplicación de más 17 mil millones de pesos.

A través de estas auditorías la Secodam detectó el desvío de 7 mil 520 millones de pesos, cantidad que logró recuperar de enero de 2001 a junio de 2002, al descubrir los actos ilícitos de los funcionarios.

Una acción que encarece los costos gubernamentales es precisamente la corrupción, y al poner al descubierto acciones ilícitas la dependencia logró reducir sus costos de compra y operación en más de 8 mil 500 millones de pesos.

Sobrecostos en contratación

La información expone que, durante 2001, por medio de la localización y freno a las acciones poco claras de los servidores públicos, el gobierno ahorró 4 mil 519 millones de pesos en sobrecostos que se generaban debido a que las áreas de compra hacían contratos a precios por encima de los del mercado corriente.

Es decir, aplicaban precios que encarecían los bienes y servicios para el gobierno, que significaban erogaciones muy elevadas. En 2002 incluso se logró reducir a través de estos esquemas de detección los costos del sector público en 4 mil millones de pesos.

En el total de los casos detectados se aplicaron sanciones administrativas e incluso en diversas áreas se destituyó a los jefes y cambió totalmente el personal. Según la información de la Contraloría, a fin de evitar estas prácticas, durante 2003 y 2004 se impulsarán las licitaciones vía electrónica y se promoverá que los proveedores participen en la elaboración de las bases de operación, con el propósito de impedir que las áreas de compra sean las que más recursos de inconformidad tengan, y también sean una de las principales fuentes de actos de corrupción del sector gubernamental.