Lograr conciliación, labor de cada asamblea ejidal, no de la dependencia: Contreras Cantú

Intercomunitario, el conflicto en Mitzitón, Chiapas, afirma la Procuraduría Agraria

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 15 de febrero. El director general del Registro Agrario Nacional (RAN), Joaquín Contreras Cantú, afirmó que el conflicto entre indígenas evangélicos y católicos tradicionalistas de la comunidad de Mitzitón, de este municipio, "no es por motivos agrarios".

Aclaró que la Procuraduría Agraria (PA) "no tiene facultades" para privar de sus derechos a tres ejidatarios protestantes como lo han solicitado las autoridades comunitarias. La que sí las tiene es la asamblea, que tiene soberanía plena, agregó.

En marzo, las autoridades de Mitzitón solicitaron a la PA privar de sus derechos a los evangélicos Manuel, Carmen y Pablo Díaz López, porque "no cooperan" en el ejido. La semana pasada el alcalde Enoch Hernández, quien afirmó que el conflicto entre los grupos es por motivos agrarios y no religiosos, envió un escrito a la delegación estatal de la dependencia, en el que le dio "un plazo de 24" horas para que respondiera a la petición, y el pastor Esdras Alonso González acusó a la institución de actuar con tortuguismo por no haber contestado hasta la fecha.

A mediados de esta semana, durante una reunión entre los grupos en pugna y las autoridades estatales y municipales, en la que se acordó firmar un pacto de no agresión, instalar una mesa de diálogo y que la policía sectorial permanezca en un sitio neutral, los asistentes reiteraron que no han podido avanzar debido a que esperan que la PA conteste al asunto agrario.

En respuesta, Contreras Cantú aseguró que la PA tiene como función representar a los núcleos y sujetos agrarios, pero "carece de facultades, de acuerdo con la ley respectiva, para privar de derechos a algún sujeto; su función esencial es la conciliación agraria y cuando no se logra, la de la representación en juicio o ante autoridades jurisdiccionales o administrativas de los núcleos o sujetos agrarios".

Sostuvo que el problema en Mitzitón -donde el sábado fue baleada una camioneta y el lunes quemada una casa- es de carácter "intercomunitario", por lo que la solución corresponde a la asamblea ejidal, que es la autoridad máxima del ejido o la comunidad, y cuyas decisiones "son inapelables" si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 27 constitucional reformado en 1992.

El funcionario declaró que la delegación estatal "tiene instrucciones del procurador agrario Isaías Rivera de intervenir en el caso de Mitzitón para buscar la vía conciliatoria y resolver el problema que, entre paréntesis, no es agrario, sino un problema de otra naturaleza.

"El reglamento interno de cada asamblea ejidal soberana es el instrumento esencial para resolver las controversias que surjan en los grupos, y cuando esto no se logra por la vía del acuerdo entre ellos se inicia la conciliación agraria en lo que sí participa la PA, y luego la jurisdiccional, que es la función que ejercen los tribunales agrarios", dijo.

"El Procede no divide a comunidades"

Por otra parte, negó que el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares (Procede) divida a las comunidades indígenas como denunciaron este fin de semana unas cien organizaciones que se reunieron en la comu-nidad de San Felipe Ecatepec, de este municipio, para discutir acciones de resistencia contra el programa

Afirmó que "por el contrario, donde ha habido aceptación del programa han disminuido los conflictos, como en Mitontic, Tenejepa, San Juan Chamula, Oxchuc y San Andrés Larráinzar. Donde el Procede ha logrado la regularización de los nú-cleos existe paz social".

Sostuvo que "tampoco contribuye a la privatización del ejido", como se afirmó en el encuentro campesino, ya que "de las 103.5 millones de hectáreas de propiedad social existentes, en el programa de regularización hemos certificado aproximadamente 70 millones de hectáreas, de las cuales sólo 0.5 por ciento han pasado a la propiedad privada, lo que revela que no hay intención del núcleo de privatizar su tierra".

Informó que mediante el Procede se han regularizado cerca de un millón 400 mil hectáreas y este año continuará con cien mil más.

"Estamos convencidos de que la regularización en la tenencia de la tierra y la certidumbre jurídica reducen los conflictos y hace posible que llegue el capital al campo", concluyó.