Denuncian represión en un municipio de Oaxaca y piden desaparición de poderes

Organismos indígenas analizan combate a discriminación y lucha por autonomía

Señalan imposición del Procede en ejidos para privatizar territorios de las comunidades

ROSA ROJAS

La necesidad de combatir el aislamiento en que se encuentran las comunidades y organizaciones indias frente a la represión que enfrentan y para potenciar su trabajo de construcción de la autonomía, se planteó ayer en la reunión de la Comisión Transitoria de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI). Ahí se denunciaron el asesinato de una persona y heridas a nueve más por parte de la policía municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca, por lo que se exige la desaparición de poderes municipales; la represión contra integrantes del Consejo Indígena Popular (Cipo) también en esa entidad, y la imposición del Procede a ejidos y comunidades indígenas para privatizar el territorio de los pueblos indios.

Representantes de pueblos y organizaciones de Guerrero, Oaxaca, Yucatán, estado de México, Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal, manifestaron también su apoyo al municipio autónomo de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, constituido luego de una larga lucha por la democratización municipal contra los cacicazgos priístas.

El Consejo Ciudadano de Unión Hidalgo, Oaxaca, por su parte, denunció que el presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz, ordenó a la policía local disparar contra una multitud inerme el jueves 13, cuando aproximadamente 2 mil ciudadanos acudieron al palacio municipal a recibir a la Comisión de Auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura estatal, que se había comprometido a acudir, en acuerdo suscrito por su Comisión de Vigilancia el pasado 6 de febrero, cuando se le presentaron denuncias por presunta desviación de fondos por parte del munícipe. Víctima de los disparos murió Manuel Salinas Santiago y nueve personas más resultaron heridas. El consejo señala al munícipe como autor intelectual y como autores materiales a los policías, entre ellos, Víctor Gutiérrez Orozco, Marcos Chevez Ríos, Luis Sánchez y Aurelio Altamirano, entre otros.

Mencionó que el 31 de diciembre de 2002, el delegado regional de gobierno, Javier Fuentes Valdivieso, recorrió las obras públicas, que tienen "costos inflados" e incluso algunas están sin concluir o ni siquiera iniciadas, pero que habían sido incluidas en el informe de gobierno del munícipe, presentado extemporáneamente el 26 de diciembre.

Por ello, el 10 de enero se solicitó una auditoría ante el Congreso estatal. El 6 de febrero, el presidente de la gran Comisión de la Legislatura oaxaqueña, Juan Díaz Pimentel, y otros legisladores se comprometieron "a realizar la auditoría ante las pruebas presentadas de desviación de los recursos municipales y a presentar resultados el día 13 de febrero, o sea, el día en que se convocó a los ciudadanos para escuchar los resultados, pero sólo oímos disparos y amenazas", denunció el organismo indígena.

Subraya el Consejo de Unión Hidalgo que "a pesar de haber sido agredidos por la policía municipal y personas cercanas al presidente municipal" se pretende manipular los hechos para culpar de ellos a la organización. "Por ello y puesto que no se puede tolerar a una autoridad que arremete y asesina a sus representados, exigimos a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado: la desaparición de poderes en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, y se proceda a la integración de un concejo municipal con ciudadanos electos por el pueblo".

Asimismo, demandó la detención y castigo a Armando Sánchez Ruiz y los elementos de la policía municipal, responsables intelectuales y materiales del asesinato de Salinas Santiago, así como la instalación de una mesa de diálogo para resolver la crisis de gobernabilidad que vive el municipio.

Llamó además a la población a participar "en la Asamblea Popular convocada por el CCU, para que, en el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía como pueblo indígena, designemos y nombremos el gobierno y autoridad municipal de nuestro pueblo" hoy domingo, en la plaza municipal.

Por su parte, el Foro Maya Peninsular informó la difícil situación en que se encuentran 25 comunidades del oriente de Yucatán y Quintana Roo por los efectos devastadores que el huracán Isidoro tuvo con la destrucción de cosechas, apiarios, casas e infraestructura. Se ha rechazado, se dijo, la ayuda oficial, en el camino de la construcción de la autonomía comunitaria.

Se informó también que en Tijosuco, Quintana Roo, integrantes del foro han tenido problemas con integrantes de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), "que están en favor de la aplicación del Procede y trataron de realizar una asamblea ejidal manipulada para aprobarlo, a pesar de que la instancia ya había acordado no aceptarlo, por lo que se instrumentó una agresión, ya que de inmediato llegaron granaderos de Chetumal -que se ubica a 200 kilómetros del pueblo". Se indicó que la gente de ANIPA quiere impulsar proyectos ecoturísticos.