La bancada tricolor prepara iniciativa en la materia

PRI: falta reglamentar facultades del Senado

El diferendo entre poderes yucatecos mostró lagunas en el 76 constitucional, indica César Camacho Quiroz

ANDREA BECERRIL

Luego de que un grupo de senadores se trasladara a Yucatán para investigar la supuesta violación a la autonomía del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad por el gobernador Patricio Patrón Laviada, el presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta, el priísta César Camacho Quiroz, anunció que su bancada prepara propuestas para modificar al artículo 76 constitucional, referente a las facultades de ese órgano legislativo, entre las que se encuentra resolver conflictos políticos que surjan entre los poderes de un estado.

Según Camacho Quiroz, ese caso demuestra que existen lagunas en ese apartado constitucional, sobre todo en lo relativo a la ausencia de una ley reglamentaria que permita a los legisladores dar soluciones rápidas y eficaces.

"Falta el desarrollo procedimental, es decir, cuáles son las pruebas, los términos, cómo se van a integrar las comisiones que conozcan de estos asuntos, con idéntica legalidad, con fuerza'', precisó el legislador.

El tribunal yucateco solicitó la intervención del Senado por lo que considera una campaña de desprestigio de Patrón Laviada en su contra, luego de que ese órgano judicial fuera acusado de ''identificarse'' con grupos opositores al gobierno estatal.

El tribunal interpuso ante el Senado otra queja contra el Ejecutivo estatal, porque a instancias suyas el Congreso yucateco les redujo el presupuesto para este año, lo que calificó de intromisión a su autonomía.

Camacho Quiroz admitió que el conflicto no es sencillo: "siendo un asunto de carácter político, tenemos que echar mano de todo tipo de elementos y procurar, desde luego, la avenencia entre las partes, para que haya una relación institucional entre los poderes''.

Hasta ahora, indicó el legislador, el caso planteado por los magistrados de Yucatán no tiene suficientes pruebas para demostrar las aseveraciones tanto de los integrantes del Poder Judicial como del gobernador.