Lamenta el consejero que se presione desde el
poder
Lino Korrodi pidió formalmente investigar a
Jaime Cárdenas
ALONSO URRUTIA
El ex coordinador financiero de la organización
Amigos de Fox, Lino Korrodi, envió una solicitud formal al Instituto
Federal Electoral (IFE) para que inicie las investigaciones contra el consejero
Jaime Cárdenas, por la presunta utilización indebida de información
en la demanda que éste presentó ante la Procuraduría
General de la República contra el presidente Vicente Fox por el
posible financiamiento irregular de su campaña.
La denuncia de Korrodi -que exige la inhabilitación
del consejero Jaime Cárdenas- fue presentada en primera instancia
ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Sin embargo, esta dependencia consideró que era incompetente para
conocer de un asunto que involucraba al IFE, jurídicamente considerado
como órgano autónomo, y turnó el expediente al propio
instituto.
De acuerdo con la denuncia presentada por Korrodi, se
solicita que la Contraloría Interna del IFE, que encabeza Mario
Espíndola, agilice las indagatorias sobre el comportamiento de Jaime
Cárdenas, quien ha sido uno de los consejeros más críticos
acerca de las operaciones financieras irregulares de Korrodi y quien ha
exigido abundar las investigaciones.
En principio, la denuncia llegó al consejero presidente,
José Woldenberg, y éste la turnó al contralor, quien
a su vez emplazó al propio Korrodi a ratificarla y aportar mayores
elementos.
La demanda presentada por Korrodi considera que Cárdenas
violentó el artículo 77 de la Ley Federal de Responsabilidades
de Servidores Públicos, que prohíbe a los funcionarios "utilizar
en beneficio propio o de terceros información confidencial de la
que disponga en función de su cargo, así como divulgarla
sin autorización del Consejo General".
Asimismo, hace referencia al artículo 47 de la
misma ley, que obliga a la secresía de los funcionarios que tengan
acceso por razones de su empleo a informaciones confidenciales.
A juicio de Cárdenas, esta demanda sólo
es una campaña de amedrentamiento por parte de Lino Korrodi, en
función de la actividad que él ha desarrollado para agilizar
las investigaciones relacionadas con Amigos de Fox. "Lo lamentable es que
esto demuestra que no ha habido ningún cambio y que desde el poder
se pretende seguir presionando al IFE para impedir que se concreten las
investigaciones".
La actuación de Korrodi "es exactamente la misma
que utilizó el PRI en vísperas del proceso electoral de 2000",
cuando emprendió una campaña contra los consejeros Jesús
Cantú, Emilio Zebadúa -en la actualidad secretario de Gobierno
de Chiapas- y el propio Cárdenas.
Sin embargo, Jaime Cárdenas recordó que
las sanciones que entonces aplicó la Contraloría Interna
fueron improcedentes, porque no existía fundamento legal para que
esa instancia sancionara a los consejeros. "Entonces promoví un
amparo y lo gané."
Refirió que de entonces a la fecha hubo modificaciones
legales para que el IFE hiciera aplicables los términos de la Ley
de Responsabilidades de Funcionarios Públicos y aprobará
un reglamento interno. Sin embargo, este reglamento establece claramente
en el artículo 76 que no es procedente para los consejeros.
Cárdenas señaló que está dispuesto
a enfrentar las indagatorias solicitadas por Korrodi, aunque consideró
que es parte de esa estrategia del poder para impedir que se vaya al fondo
en las investigaciones de la campaña de Fox. "Sólo que a
diferencia del PRI, que entonces sí dio la cara, el PAN no lo ha
hecho, por lo que es Korrodi, un hombre cercanísimo al Presidente,
quien lo hace".
En tanto, con el sobreseimiento del amparo solicitado
por Amigos de Fox, que determinó la improcedencia del recurso interpuesto
por esta organización, a la que se imputa haber recibido de manera
irregular recursos del extranjero para financiar la campaña presidencial
de Vicente Fox, sólo quedan pendientes dos procesos en primera instancia.
El primero, en el juzgado décimo de distrito, promovido
por Carlota Robinson con la causa 977/2000, y el segundo, que corresponde
al recurso interpuesto por la empresa St and K, propiedad de Lino Korrodi,
cuya audiencia constitucional fue diferida para marzo próximo.