El plan Boca del Cerro generará más pobreza y militarización: especialistas

Comunidades indígenas, en riesgo de ser desplazadas por obra hidroeléctrica

Con las fuerzas castrenses se asegurará el otorgamiento de concesiones a extranjeros

Los gobiernos de México y Guatemala mienten al negar el proyecto: Gustavo Castro

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 12 de febrero. En medio de las evasivas, o verdades a medias en las declaraciones de funcionarios mexicanos y guatemaltecos, de acuerdo con los estudiosos y las organizaciones sociales en ambos lados de la frontera parece inminente la construcción de un vasto sistema de represas en la cuenca del río Usumacinta. Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), afirma que el proyecto Boca del Cerro "tiene prioridad" para el gobierno mexicano y provocará la expulsión de muchas comunidades indígenas.

Uno de los efectos más alarmantes que prevé Castro, en un estudio realizado para el CIEPAC, es que "además del impacto irreversible sobre lo poco que queda de las selvas mesoamericanas, el desplazamiento de poblaciones indígenas y su consecuente empobrecimiento estará enmarcado en una mayor presencia militar en la región. No olvidemos que el municipio de Ocosingo, Chiapas, y el departamento del Petén, en Guatemala, son de las regiones más militarizadas de Mesoamérica. Esto asegurará que el proyecto pueda ser concesionado a extranjeros vía Guatemala".

Al negar o minimizar la construcción de represas "los gobiernos siguen mintiendo", afirma el investigador. "Los presidentes Alfonso Portillo, de Guatemala, y Vicente Fox, de México, anunciaron la construcción de hidroeléctricas en el Alto Usumacinta. Fue uno de los acuerdos del pasado 28 de junio. La firma del memorándum de cooperación técnica con Centroamérica dio formalmente inicio a la construcción de las hidroeléctricas del Alto Usumacinta, cinco 'pequeñas presas' que inician en la frontera entre el Petén guatemalteco y Marqués de Comillas en Chiapas, y terminan en Tabasco con el proyecto binacional hidroeléctrico Boca del Cerro".

La obra tendrá un costo de 240 millones de dólares, que serán aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo "para apoyar un proyecto de interconexión eléctrica en América Central, primer paso hacia la integración energética mesoamericana planteada en el Plan Puebla-Panamá (PPP)".

El agua es la segunda fuente de energía eléctrica de México, señala Castro, antes de detallar que "el Complejo Sureste, y específicamente los proyectos hidroeléctricos para Chiapas, abarcan varios ríos y las cuencas del Grijalva y el Usumacinta. El Sistema Usu Tulijá y los proyectos Quetzalli, Huixtán I, Huixtán II, Jattza y Nance, ubicados todos en Chiapas, aportarán una potencia de 9 mil 520 megavatios (27 por ciento a nivel nacional), y generarían 33 mil millones de kilovatios/hora por año (20 por ciento respecto de la generación nacional actual). Con ello se apoyaría a los futuros complejos de desarrollo y a los actuales centros urbanos e industriales, y se agregarían un millón y medio de hectáreas a la agricultura de agroexportación".

Esto implicará la expulsión de los pequeños productores. El proyecto nacional México Tercer Milenio, elaborado en función del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), "cuyo objetivo central es el negocio", según el investigador, plantea textualmente "evaluar las afectaciones-indemnizaciones a ambos lados de la frontera", y supone que las ruinas arqueológicas mayas de Yaxchilán y Piedras Negras (Guatemala) no se inundarán por los lagos artificiales. "Al no existir afectaciones arqueológicas relevantes, sería conveniente incrementar la altura de la presa", recomienda el proyecto. Aunque muchas comunidades indígenas deban ser desplazadas y las selvas inundadas, el plan enfatiza que hacerlo "permitirá aprovechar objetivamente los recursos técnicos y económico-financieros".

Para el plan "es fundamental conceptuar, planificar y construir proyectos y obras de infraestructura básica de alta participación y rentabilidad, (que) ofrezcan garantías a los inversionistas. Para ello se requerirá que los gobiernos modifiquen los acuerdos y convenios de cooperación binacional".

Según el plan nacional, expone Castro, el área total que se inundará en la cuenca del Usumacinta sería de 725 kilómetros cuadrados, 72 mil 500 hectáreas de tierras indígenas y selvas. "Pero si tomamos en cuenta todos los proyectos allí descritos, se suman alrededor de mil kilómetros cuadrados, que equivalen a 100 mil hectáreas inundadas". Con ello, el gobierno pretende crear "modernas industrias agropecuarias y de manufactura, distritos piscícolas y acuícolas, atractivos destinos y desarrollos turísticos".

La mitad es Guatemala

Para "optimizar el potencial hidroenergético de toda la cuenca", el proyecto nacional insiste en que Guatemala desarrolle un plan similar. En consecuencia, también en el vecino país se ha formado una corriente de opinión contraria a estos proyectos binacionales. Según Marta Prión (Prensa Libre de Guatemala, 13 de julio de 2001), desde los años 60 se sabe del interés en hacer una hidroeléctrica en el Usumacinta. "Inicialmente, el proyecto lo propuso México. Era una red de grandes diques desde Sayaxché hasta la presa final en Piedras Negras".

La articulista revela que esta red, de construirse, "provocaría la inundación de 10 mil a 12 mil kilómetros cuadrados (casi la tercera parte del Petén, donde se encuentran 800 sitios arqueológicos, entre ellos Piedras Negras, Yaxchilán y Altar de Sacrificios, y asentamientos cooperativistas con más de 50 mil personas, millones de árboles de madera preciosa y vida silvestre. El beneficio del proyecto sería más para México, y el daño para Guatemala, pues la inundación sería de nuestro lado".

También en Prensa Libre, Magalí Rey Rosa escribió en abril de 2002: "A estas alturas es imposible creer cualquier cosa que digan los funcionarios de gobierno cuando se les pregunta sobre la hidroeléctrica. Como para nadie es un secreto la conexión de Alfonso Portillo con Vicente Fox, la historia de las represas se podría convertir en otro capítulo de terror para los guatemaltecos, sobre todo para quienes viven a las márgenes del río Usumacinta".

Fantasmas en el agua

El Usumacinta tiene como principales afluentes los ríos Lacantún, Ixcán, Xactbal, Chixoy o Salinas y La Pasión. Su cuenca cuenta con el 20 por ciento de los escurrimientos de agua del país, documenta Gustavo Castro. "El Sistema Usumacinta-Tulhá (Usu Tulhá) pretende controlar así los ríos Tulijá y Usumacinta, que inundan la planicie costera de los estados de Tabasco y Campeche, debido en parte a las grandes deforestaciones de las empresas madereras".

Se pretende que el Sistema Usu Tulhá sea "el más trascendente proyecto de multifunciones de México (producción hidroeléctrica, alimentación y de desarrollo integral)". La presa binacional Boca del Cerro es considerada como la obra hidroenergética clave del sistema, y de todo el sureste. El estudio divulgado por el CIEPAC describe que ésta "consistirá de una presa tipo gravedad de 135 metros de altura, central exterior e integrada a la cortina que alojará seis potentes equipos turbogeneradores de 700 Mw (megavatios) con un almacenamiento de 19 mil 550 millones de metros cúbicos. Junto con sus ramificaciones, llevará el agua a la península de Yucatán por un túnel de 350 kilómetros, con lo que pretenden incorporar a la producción agropecuaria un millón y medio de hectáreas de la planicie costera. Tendría un embalse o lago artificial de 30 mil hectáreas; el 42 por ciento de su superficie estaría en territorio guatemalteco".

Boca del Cerro tendría una capacidad correspondiente a 67 por ciento de la hidroelectricidad del país, "y se ahorrarían 29 millones de barriles de combustóleo". El investigador apunta que esta presa "tiene prioridad y requiere de la participación de los gobiernos de México y Guatemala, a fin de impulsar el proyecto ante los organismos financieros y privados".

El proyecto Boca del Cerro, también contemplado en el Plan Hidráulico 2001-2005, de acuerdo con México: Tercer Milenio, tendrá para su ejecución un presupuesto estimado en 50 mil millones de pesos (5 mil millones de dólares), dice Castro, y recuerda que el proyecto había sido cancelado en 1991. "Ahora se dice que los temblores que se han sentido en Tenosique se deben a las explosiones en el Alto Grijalva".

El amplio estudio del CIEPAC agrega que existen planes para más presas. Una, en Salto de Agua, inundaría 396 kilómetros cuadrados y tendría capacidad para 24 mil 540 millones de metros cúbicos. El plan se congratula de que a orillas de la presa se podrán construir "modernos centros de población, industriales, agropecuarios y acuícolas". Otras presas serían Chumpán, en Campeche, y Bajatzén, en el río Shumulhá (a 16 kilómetros de Yajalón, en la cuenca del río Tulijá, colindante con los municipios de Tumbalá y Tila en la zona norte).

El Complejo de Desarrollo del Sureste se convierte en un asunto de "seguridad nacional" para el proyecto nacional México Tercer Milenio. Allí se lee: "El conflicto insurgente ya debe solucionarse, pues su serie de peticiones (autonomía-separación territorial, regionalización étnica, cultural, social), aunado a planes oficiales parciales (PPP), impiden lograr un aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales y el pleno desarrollo regional".

En otras palabras, comenta Gustavo Castro, "los indios estorban para la ambición del capital y por ello los acuerdos de San Andrés firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal marcan un muro de contención a esta rapiña. La cantidad de proyectos hidroeléctricos en la región auguran procesos de resistencia contra estos proyectos que pretenden sepultar su tierra, historia y cultura bajo las aguas del 'desarrollo'".