Participan las titulares de Sedeso y SRA

Gobernación y CAP inician reuniones paralelas a las mesas de diálogo

ALONSO URRUTIA

El gobierno federal y las organizaciones del Congreso Agrario Permanente comenzaron anoche reuniones paralelas a las mesas del Diálogo por una política de Estado para el campo, para desahogar ''demandas coyunturales'' y consensuar, en primera instancia, con las secretarías de Desarrollo Social y de Reforma Agraria las acciones y la distribución presupuestal previstas para este año.

En lo que fue la primera reunión de la llamada Mesa de atención inmediata, los integrantes del CAP formularon diversos planteamientos, entre los que destacan: la necesidad de una conciliación agraria; la reestructuración de programas y convenios enfocados al campo; la eliminación del paternalismo en los mismos; la voluntad para invertir en proyectos productivos, y el requerimiento para promulgar una ley de amistía para el sector rural.

De acuerdo con el coordinador ejecutivo del CAP, Rafael Galindo, el encuentro con el secretario de Gobernación, Santiago Creel; Josefina Vázquez Mota, titular de Sedeso, y María Teresa Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria, es el principio de una serie de encuentros para desahogar demandas particulares de cada organización y colaborar en la definición de las denominadas reglas de operación de cada dependencia vinculada al campo.

Empero, el líder de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Margarito Montes, aseveró que también plantearon a Creel que en las mesas ''se trabaje en la redacción del Acuerdo Nacional para el Campo, para evitar que eso termine en un seminario con miles de ponencias y confusión de ideas''.

Estamos planteando -dijo Montes- que se haga una columna vertebral que sería la compra de las cosechas nacionales en los términos históricos en que han sido producidas en México, y que fueron afectadas por el Tratado de Libre Comercio. Es decir, si en el caso del maíz hay una cosecha histórica de 17 millones de toneladas, que se compre esa cantidad y que después se estructuren políticas de precios, de financiamiento y de salvaguardas''.

Para el coordinador del CAP, las reuniones no significan una negociación paralela ni ponen en riesgo la unidad del movimiento campesino, porque ''la elaboración del acuerdo nacional no es la única actividad que tienen las organizaciones. Además, este mes es importante porque se diseñan las normas de operación, y aunque consideramos que es importantísimo estar en las mesas, no queremos descuidar estas normas, ya que se tiene como plazo el último día de febrero para su definición''.

Interrogado sobre el divisionismo que podrían generar estas reuniones, Montes descartó ese riesgo, porque ''el verdadero riesgo es que se sigan entrampando las discusiones en una cuestión de método y se alarguen los tiempos para la discusión de temas de fondo''.

Según los dirigentes del CAP, durante el encuentro de anoche plantearon a Sedeso la redistribución de recursos destinados al combate a la pobreza en las zonas rurales porque -según dijo Montes- la dependencia asigna los presupuestos en las cabeceras municipales y deja a las comunidades rurales desamparadas.

Es por ello que se pidió a Vázquez Mota acordar con las organizaciones la aplicación del denominado ramo 33, para que no se desperdicie. Por lo que hace a la SRA, según manifestó Galindo, se planteó la necesidad de ir desahogando el rezago agrario. Montes explicó que en esta materia se habló de la aplicación de los 700 millones de pesos de ampliación presupuestal que recibió la SRA, aunque definió que si el gobierno le va a pagar a los clientes de Diego Fernández de Cevallos, no va a alcanzar.

Finalmente, se acordó entregar a Creel un calendario de reuniones con los secretarios de Estado.