Armando Labra M.
TLC, nación.Qué revisar
Se han escrito aludes de líneas ágatas sobre el campo y el TLC, pero pocos puntos de acción parecen claros. Tratando de desbrozar el camino hacia un quehacer concreto y coherente, todo indica que se perfilan dos aspectos sustantivos sobre la crisis del campo que es preciso tener claro para no hacernos bolas al tratar de entender un tema tan complejo.
Primero, es importante saber de qué estamos hablando. El campo no quiere decir sólo surcos, campesinos pobres y productores ricos, comercio y TLC. Quiere decir vida rural, es decir, formas de culturas, religiones, idiosincrasias colectivas y personales que constituyen una visión completa de ver el mundo, el país, la familia, el amor, la muerte. Basta salir un poquito de las urbes para constatar que el mundo rural predomina en la realidad mexicana y difiere mucho entre sí y respecto a la vida citadina. La base económica de ese vasto y diverso mundo rural son las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales y mineras, predominantemente de escala regional, que durante la mayor parte del siglo pasado fueron tuteladas y apoyadas por políticas públicas similares a las que aplican todos los países para proteger a sus campesinos.
A partir de 1982, el gobierno mexicano abandonó esa misión, llegando a su máxima y dogmática expresión de negligencia agresiva al negociar el TLCAN a espaldas de los mexicanos afectados o forzando o manipulando su connivencia, sentando a algunos, en el mejor de los casos, en el "cuarto de junto" durante las negociaciones. Por eso hoy los productos importados arrasan no sólo con nuestros exportadores, sino con los productores locales y regionales y con profundas formas de vida rural.
ƑQué hacer en esta perspectiva general? Parece necesario definir una política rural de largo alcance que unifique el interés de todos los mexicanos en beneficio de la nación. Esto es harto difícil en tiempos de ignorancia, complicidad servil y despiste que vivimos, pero necesario y posible si la tarea la asumen los interesados y no sólo el gobierno. En otras palabras, resulta esencial que las organizaciones campesinas, el Legislativo y el gobierno, en su calidad de mandatario -es decir, que cumple un mandato- construyan, acuerden y operen un proyecto rural para México. Sin consenso político interno, así sea mínimo, podría ser demasiado riesgoso sentarse a revisar el capítulo agropecuario del TLCAN. No es novedad la consistencia y poderío de la política agropecuaria de Estados Unidos por más de 100 años.
Un segundo orden de ideas consiste en tener claro cuál es el marco jurídico concreto al que podemos apelar para revisar el capítulo agropecuario del TLCAN. Existen documentos claves que indican el camino, como el que elaboró el Centro de Investigaciones, Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), de la Universidad Autónoma Chapingo, bajo el título Desastroso impacto del TLCAN en el sector agroalimentario, escrito por Manuel Angel Gómez Cruz y Rita Schwentesius.
Excelente y breve, el texto ubica la complejidad histórica del tema rural, resume antecedentes, asimetrías, saldos de nueve años y propuestas. Recoge la oportuna advertencia de productores y académicos que desde 1991 a la fecha concluyen que "la agricultura de México tiene mucho que perder y poco que ganar en la firma, puesta en marcha y desarrollo de un tratado comercial con los vecinos del norte", resultado que, por cierto, confirma el mismísimo Banco Mundial al evaluar los resultados del GATT y el TLCAN para México como "decepcionantes: estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural..."
El CIESTAAM recomienda revisar el capítulo agropecuario del TCLAN en el marco del artículo 21 de la Organización Mundial del Comercio relacionado con la afectación de los tratados de esta índole; del artículo 801 del capítulo VIII del TLC relativo a las medidas bilaterales de emergencia (permite, según viene al caso, que si como resultado de la reducción o eliminación de aranceles convenidos en el TLC un país sufre daños, para compensarlos puede suspender ulteriores reducciones arancelarias o aumentar los aranceles que convenga); del artículo 89 de nuestra Constitución, que faculta y obliga al Presidente, entre otros, a celebrar tratados internacionales aprobados por el Senado, y el 131 de la Carta Magna, que faculta a la Federación a gravar las mercancías que se importen o exporten... restringir y prohibir las importaciones, exportaciones y tránsito de productos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país..."
Definir la vida rural en México es repensar el proyecto nacional porque cualquier país es impensable sin el campo. Contamos con los instrumentos legales. Podemos y debemos avanzar en ambos flancos; lo que de plano sería inútil es esperar del gobierno que tome la iniciativa.
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