Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 4 de febrero de 2003
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Política

Presentan recurso de inconformidad contra el permiso establecido en la Ley de Ingresos

A la Corte, autorización a municipios y estados para instalar casetas de cobro

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de la República (PGR) y 170 diputados federales -la mayoría de Acción Nacional- interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra de los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, en virtud de que estos preceptos autorizan a estados y municipios construir vías de comunicación alternas a las federales e instalar casetas de cobro. Actualmente sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autoriza el cobro de cuotas en carreteras federales concesionadas.

La demanda interpuesta en contra de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2003 (aprobada por unanimidad en el Congreso), afirma que los artículos citados violan el principio de división de poderes, en razón de que los legisladores "se excedieron en sus facultades" e invadieron esferas de competencia del Ejecutivo federal, al autorizarle a los estados y municipios del país -para que estos recaudaran fondos adicionales por medio de tributos locales- la posibilidad de establecer casetas de cobro en vías generales de comunicación (carreteras federales).

Además, cuestionaron el que se facultara a las entidades y ayuntamientos para construir carreteras paralelas a las federales, lo cual también es inconstitucional.

Cabe señalar que el artículo quinto de la Ley de Ingresos 2003 indica en su artículo octavo: "las entidades federativas y los municipios, dentro de su territorio, podrán construir vías de comunicación vehicular paralelas a las vías de comunicación de jurisdicción federal, con el propósito de que sumen cuatro los carriles de circulación".

La entidad federativa o municipio que construya las vías, a partir de la conclusión de las obras, podrá establecer casetas de cobro por el servicio que se preste en ambas vías, asumiendo el costo de mantenimiento y conservación.

Añade el artículo que cuando se pretenda construir una carretera al lado de otra en la que ya se cobre cuota, se requerirá que la entidad federativa o municipio involucrado convenga con la Federación o el particular que tenga la concesión del primer camino, "los términos en que podrían compartir los ingresos que se obtengan por el uso o tránsito de ambas vías".

Sin embargo, aclara el artículo que esta disposición no aplica a las autopistas bajo gestión del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas.

El noveno transitorio señala por su parte que "a las entidades federativas y los municipios que hayan construido las vías a que se refiere el artículo 38, también le será aplicable lo establecido en el citado precepto".

Estas no son las primeras inconformidades presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un problema de carreteras federales y estatales, ya que desde hace meses el máximo tribunal dio entrada a una demanda que interpuso la SCT en contra del gobierno de Chihuahua, por su pretensión de construir una carretera de cuota que iría paralela a una autopista federal.

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