Alma Rosa Alva de la Selva
Las señales del Chiquihuite
Por razones de sobra, los acontecimientos del pasado 27 de diciembre han sido motivo de discusión e inquietud. Y lo seguirán siendo por las repercusiones que generan en varias esferas. ƑQué señales, además de las hertzianas, emite la toma del Chiquihuite? Algunas son las siguientes:
1. Relación Estado-medios. El asalto a las instalaciones de CNI-Canal 40 hizo evidente, al igual que el decretazo del 10 de octubre pasado (que obsequió a los industriales de radio y televisión una reducción de 90 por ciento del llamado "tiempo fiscal"), la existencia de intereses compartidos concesionarios-gobierno y la renovación de las viejas alianzas. Pero sobre todo, ambos acontecimientos reflejaron la fuerza de las televisoras como un poder creciente que con mucho rebasó al poder gubernamental, superado por los intereses en juego. El rumbo a seguir del conflicto y el comportamiento de los actores políticos involucrados permitirá responder a una delicada pregunta: Ƒson los medios un poder mayor que el del Estado nacional?
2. Seguridad jurídica. Los sucesos del 27 de diciembre pasado han establecido un peligroso precedente en este rubro tan exigido por los industriales de radio-televisión en las sesiones de la mesa de diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de Medios Electrónicos (echada abajo por el decretazo del 10 de octubre), al igual que la tan mencionada "transparencia" a instaurar en el marco legal, y particularmente en el régimen de concesiones, de donde se debería erradicar -decían con entusiasmo industriales y autoridades en las discusiones de hace meses- la discrecionalidad. Pues bien, la toma del Chiquihuite, consentida y apoyada por el gobierno foxista, apunta justamente en sentido contrario: a la falta de certeza, a la incertidumbre, al favoritismo y la parcialidad, en lugar de a la aplicación puntual de la ley.
Ello es preocupante de frente a los frecuentes conflictos que se están presentando en el sector, que van desde disputas por la obtención de concesiones hasta litigios por robo de señal (como, por ejemplo, el conflicto MVS-Televisa de septiembre pasado, que por cierto se enfrentó también a la falta de claridad de las autoridades de la SCT para solucionar el problema), situaciones frente a las cuales las garantías jurídicas parecen quedar a un lado.
3. El dominio inexpugnable del duopolio. El caso CNI-Canal 40-TV Azteca ilustra además las enormes dificultades a enfrentar por aquel que se anime a operar una empresa de televisión en este país. Ha quedado demostrado que, además de un régimen legal obsoleto y propiciador de los ejercicios discrecionales en el proceso de otorgamiento de concesiones, cualquier aspirante que no provenga de los terrenos de Azcárraga o Salinas Pliego deberá resistir los lentos reflejos de las autoridades gubernamentales correspondientes, sumados ahora a graves prácticas de coacción ejercidas desde el mismo gremio. En este sentido, la experiencia del 27 de diciembre es un serio freno a las expectativas en torno a la necesaria democratización de los medios.
4. Resonancia en la opinión pública. Como bien han señalado en estos días diversos analistas, a partir del catálogo de despropósitos vertidos en el caso, tanto por el gobierno federal como por Tv Azteca, y por el obvio favorecimiento de las autoridades a la televisora del Ajusco, el asunto ha recibido mayor atención de la opinión pública, la cual manifestó su indignación ante el convencimiento de que en el supuesto gobierno del cambio las viejas estructuras de alianza gobierno-concesionarios persisten. Así pues, el tema se insertó vivamente en la agenda de la sociedad.
5. Reforma integral de la legislación en medios electrónicos. Así, los sucesos de la toma del Chiquihuite reiteran la necesidad de modificar a fondo la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyos vacíos e insuficiencias en aspectos neurálgicos (entre ellos, además del otorgamiento de concesiones, otros que han resultado álgidos para los intereses de los industriales, como el de competencia económica que apunta a las estructuras de concentración del sector) resultan contrarios a la necesaria democratización de los medios.
En este sentido es preciso tener presente la iniciativa ciudadana para una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, que en diciembre pasado presentaron las organizaciones ciudadanas participantes en la mesa mencionada, y que recupera propuestas presentadas en diferentes momentos y espacios por la sociedad para una nueva ley en la materia.
Tales son, entre otras, las señales que ha emitido el caso del Chiquihuite, un episodio que está lejos de concluir, pero que desde ahora ha dejado planteados serios retos para los actores que intervienen en el escenario.
