Nuevo fallo reitera la inconstitucionalidad de las leyes Obediencia Debida y Punto Final

Confirman proceso en contra de una docena de ex represores en Argentina

Enfrentan cargos por la desaparición de militantes montoneros durante la dictadura

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 30 de enero. En un fallo en el que se declaró nuevamente la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la justicia argentina confirmó hoy el procesamiento de una docena de ex represores, entre ellos el general Guillermo Suárez Mason, por la desaparición de militantes montoneros durante la dictadura militar (1976-1983).

La sala segunda de la Cámara Federal confirmó un fallo del juez federal Claudio Bonadío, quien en septiembre pasado procesó a altos oficiales y ex represores por el secuestro y desaparición de una veintena de jóvenes guerrilleros peronistas, que habían puesto fin a un exilio para organizar aquí una "contraofensiva estratégica" contra la dictadura.

La justicia impuso, además, embargos por unos 210 mil dólares contra los procesados, entre quienes figura también el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del ejército Carlo Tepedino.

Esta decisión se conoce luego que el reciente hallazgo de nueve cadáveres en una fosa común en un cementerio de la provincia de Córdoba, entre ellos el cuerpo de un joven cuya desaparición no había sido denunciada, fue considerado por familiares de las víctimas como otra demostración terrible de cómo durante ese periodo oscuro en la historia de Argentina se llevó a cabo un plan sistemático de desapariciones.

Este descubrimiento comienza a cerrar otro de los casos que hasta ahora no se habían denunciado a fondo, como sucede con muchos otros en el país: se trata de lo que se llamó en su momento la "matanza de los surgentes", donde jóvenes fueron fusilados en octubre de 1976, y tiene cierta similitud con otra matanza de jóvenes militantes en la provincia del Chaco, y por la cual está citado el actual jefe del ejército, Ricardo Brinzoni.

También, como señalan familiares de Córdoba, esto podrá permitir abrir una nueva causa para juzgar a personajes como el ex general Luciano Benjamín Menéndez, y a varios oficiales amparados por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), que impusieron la impunidad, leyes a las que siguieron los indultos en 1990 del entonces presidente Carlos Menem, que permitió la libertad de los principales jefes de las juntas militares de la dictadura.

Esta impunidad, que la sala segunda de la Cámara Federal declaró hoy nuevamente inconstitucional, es la que hace posible los delitos y casos de corrupción en que están ahora comprometidos muchos de aquellos policías y militares, que incluso siguen en sus cargos al no haber sido castigados en su momento por los crímenes de lesa humanidad que cometieron.

En tiempos recientes se reproducen las denuncias de los movimientos sociales sobre amenazas y persecuciones, y especialmente después del asesinato -el 26 de junio del 2002- de los jóvenes piqueteros (desocupados) Darío Santillán y Maximiliano Kosteki por jefes policiales, estas amenazas aumentaron significativamente.

En algunos casos fuerzas policiales entran a los barrios, en supuestos operativos contra la delincuencia, y terminan amedrentando a dirigentes piqueteros o sus familias. Como un ejemplo reciente, desocupados de Ensenada, provincia de Buenos Aires, denunciaron que "al mejor estilo de la dictadura militar, el grupo Halcón, Narcotráfico y la policía perteneciente a la Comisaría 1Ɔ de Ensenada irrumpieron en dos oportunidades, en el transcurso de una semana, en los hogares de integrantes de este movimiento. Todo esto bajo la excusa de dos órdenes absurdas de allanamiento, firmadas por un juez".

En otro ángulo y dentro del mismo esquema, se ubica el llamado de Amnistía Internacional al gobernador de Mendoza Roberto Raúl Iglesias, ante la detención arbitaria de niños mendigos en esa provincia, reclamando información sobre las condiciones de detención a las que están sometidos.

De acuerdo con información recibida por AI, la policía de Mendoza, inició una detención masiva de niños de la calle desde el pasado 7 de enero, pero las autoridades no han respondido a la presentación de abogados de derechos humanos. De la misma manera, en diversos lugares del país las instituciones de menores continúan denunciando la violencia policial contra niños y adolescentes, así como el "gatillo fácil", las detenciones arbitrarias y las acusaciones falsas.

Pero en estas horas la preocupación de los organismos de derechos humanos es el intento de imponer la ley antiterrorista, aprovechando el informe brindado por el jefe de los Servicios de Inteligencia del Estado (SIDE), Miguel Angel Toma, sobre la presunta responsabilidad de Irán y grupos "fundamentalistas" islámicos en el atentado contra la AMIA de julio de 1994. Incluso familiares de las víctimas de esa institución judía denuncian la falsedad de ese entramado, doblemente grave en un país que está pagando el alto precio de la impunidad.