Legisladores se pronuncian por revisar concesión, pero de la televisora del Ajusco
El triunfo de CNI es de la opinión pública, más que de la empresa: Corral Jurado
Aseguran que Canal 40 puede presentar una demanda por los ingresos que dejó de recibir
ENRIQUE MENDEZ
La restitución de la señal a Canal 40 y la toma de las instalaciones que originó la suspensión de sus transmisiones fueron revisadas la noche del lunes en la Casa Lamm, mientras CNI se preparaba para salir al aire nuevamente. Legisladores del PAN y el PRD, así como periodistas coincidieron en que el fallo judicial fue "un triunfo" de la sociedad civil y la opinión pública, más que de la empresa, y señalaron que este es el momento propicio para revisar la concesión que, durante el salinismo, se dio a Televisión Azteca para operar los canales 7 y 13.
El diputado federal perredista Enrique Herrera y Bruquetas resumió que desde el 17 de diciembre de 2002 los mexicanos presenciaron "un caso poco visto de pinochetismo en la televisión". También en tono severo el senador panista Javier Corral Jurado resaltó que este episodio constituyó, ante los titubeos del gobierno federal, "uno de los retos más dramáticos al estado de derecho".
En el foro La toma de las instalaciones de Canal 40, organizado por La Jornada y Casa Lamm, Corral Jurado abundó: "Se trató de un cálculo de poder enorme, que crece, calculado por sobre los poderes formales del Estado, un poder mediático que se quiere imponer sobre las potestades de la Constitución y el Estado, sin haber ido a las elecciones.
"Que (Silvio) Berlusconi uniera su poder político al mediático, es un escándalo en Italia, pero el señor pasó por unas elecciones. Aquí, desde una parte de los medios, se retó al Estado y se hizo de una parte del poder, sin haber ido a las urnas".
Si previamente el periodista Jenaro Villamil -de La Jornada- consideró este caso "mucho más grave que el de 1976, con el golpe (de Luis Echeverría) a Excélsior, porque supuestamente se había dejado atrás el presidencialismo y porque la señal del Canal 40 es un bien público concesionado", Corral resaltó que si en tiempos del autoritarismo priísta, cuando se diseñó la Ley Federal de Radio y Televisión, "era inimaginable" que un concesionario fuera a despojar a otro de sus instalaciones, "es inconcebible en los tiempos de la democracia".
Al ofrecer una explicación sobre los alcances del aseguramiento que decretó el gobierno federal, luego de que los concesionarios de Tv Azteca y CNI no llegaron a un acuerdo en la Secretaría de Gobernación, Corral Jurado refirió que en 1960, cuando se emitió el decreto de ley correspondiente, se contempló esa figura bajo el supuesto concreto de aplicarlo cuando alguien instalara una antena o transmitiera programas sin permiso de la autoridad.
Pero nunca se contempló en ese año, dijo el legislador, en el esplendor de los regímenes autoritarios, que un concesionario fuera a tomar la señal y la antena de otro; no se contempló esa posibilidad porque el aseguramiento se pensó en los movimientos populares "extremistas".
Ante el conflicto y los titubeos del gobierno por intervenir, propuso una reforma a la legislación de radio y televisión que acote y ponga bajo el imperio de la ley a todo aquel que tenga una expresión de poder ilimitado frente al Estado.
"Yo esperaría que por ello el 10 de octubre tampoco se olvide", y concluyó con un llamado a "no echar a repicar las campanas" todavía, porque aún están pendientes los litigios entre ambas empresas, y que el concesionario de la señal de Canal 40, Javier Moreno Valle, entienda que no es un triunfo de CNI sobre Tv Azteca, de abogados o legisladores, "sino de la opinión pública, que supo distinguir un asunto entre particulares del interés de la nación".
Por su parte, el diputado Herrera y Bruquetas afirmó que en México "nunca habíamos padecido esta sinrazón, que puso en peligro la estabilidad política de la nación" pues nunca se intervino contra "estos facinerosos" de Televisión Azteca, que afectaron al gobierno federal.
El legislador hizo una amplia explicación sobre los artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión que hablan sobre la propiedad del espacio aéreo y su espectro radioelectrónico, así como la conservación eminente del dominio de los canales por parte del Estado, los supuestos en que se podrá ordenar la eventual suspensión de una señal, así como la competencia de los tribunales nacionales para conocer controversias de carácter civil entre concesionarios.
A partir de ello, comentó, "nunca se debió bajar" la señal de CNI, empresa que, dijo, puede presentar una demanda penal por los ingresos que dejó de recibir durante el mes en que no pudo ocupar su señal. El riesgo de haber dejado "en azul" la emisión de Canal 40, expuso, fue que pudo haber sido ocupada por otro particular e incluso otro país.
Respecto del aseguramiento de la señal e instalaciones por parte del gobierno indicó que cuando los secretarios de Comunicaciones y Transportes y Gobernación, Pedro Cerisola y Santiago Creel, respectivamente, "no sabían cómo servir a sus amos, inventaron la figura de la requisa".
Esta salida, detalló, sólo está prevista en caso de guerra internacional o de inestabilidad interna, y recordó que la única ocasión en que una estación se requisó en México fue durante la Segunda Guerra Mundial, en Chihuahua, porque transmitía información del gobierno alemán.
Refirió que cuando Fernando Gutiérrez Barrios fue secretario de Gobernación contó a un grupo de amigos que su "grave desencanto" con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari fue cuando se tomó la decisión de otorgar la concesión de Imevisión a Ricardo Salinas Pliego y no al empresario Joaquín Vargas.
Comentó que según Gutiérrez Barrios, Salinas le explicó que por un acuerdo entre su hermano Raúl y Justo Ceja, el fallo había cambiado. Por esa razón, dijo, debe revisarse ahora cómo se otorgó la concesión a Salinas Pliego, y consideró que en este momento "quien puede y debe perder la concesión es Televisión Azteca, porque atacó la señal de CNI".
Mientras que Jenaro Villamil resumió que este caso fue un ejemplo claro de "gangsterismo", Alma Rosa Alva de la Selva planteó también la necesidad de volver a revisar la forma en que se otorgó la concesión de Imevisión, y se dijo satisfecha de que en este caso la sociedad mexicana se haya visto involucrada y asumiera una postura.
Sobre todo, expuso, es un paso significativo en un país en el que se supone que las audiencias son pasivas.