En el mismo momento en que en torno a las reivindicaciones de los campesinos se están construyendo rápidamente las bases de un amplio frente social contra la política de libre mercado (para colmo en un periodo prelectoral muy propenso a los pescadores en aguas turbias), hay miembros del equipo gubernamental que creen posible confiar sólo en la represión y en el autoritarismo, y aportan abundante combustible al fuego del descontento y de la movilización campesina y popular.

No se sabe si esa actitud responde sólo a la insensibilidad social y a la ceguera política, o se apoya también en una enorme subestimación de las potencialidad del levantamiento campesino y en el deseo de contenerlo antes de que se desarrolle demasiado, pero lo cierto es que esa irresponsabilidad conduce a México hacia una situación sumamente compleja.

El gobierno decidió unilateralmente iniciar lo que llama un diálogo sin consultar a la contraparte campesina sobre la fecha y el contenido de una discusión. Aunque según el secretario de Gobernación se tomó en cuenta "la opinión de distintas organizaciones campesinas", éstas no piensan lo mismo. Para ellas, que son las verdaderas contrapartes, se trata de una imposición, de un verdadero úkase, de una decisión imperial que sólo dede acatarse.

Por si eso fuera poco, el gobierno, que dice querer discutir, recurre a presiones y amenazas policiales masivas contra los dirigentes campesinos, más de 300 de los cuales tienen órdenes de aprehensión por movilizaciones rurales realizadas el año pasado. La medida puede resultar contraproducente: si encarcela a los voceros campesinos o los obliga a la clandestinidad sólo radicalizará la protesta e impedirá toda solución mediada, prolongando y profundizando el conflicto. El movimiento social campesino tiene su fuerza en la simpatía popular lograda con su lucha y es alimentado por la prueba diaria de la insostenibilidad de una política económica y social que ha desangrado al campo y agravado la situación de la mayoría de los mexicanos. Por tanto, los palos no podrán detener un río en creciente. Porque el movimiento crece y crecerá.

Por ahora, los campesinos están agrupando sobre todo a productores ligados al mercado, que buscaron mejorar su situación dentro del mismo. Sus ilusiones -la de quienes se endeudaron para invertir en la producción y terminaron en cartera vencida, o la de quienes vieron desvanecerse su esperanza de controlar el proceso productivo- han sido brutalmente desmentidas por la total apertura a los productos estadunidenses y el abandono por parte del Estado de sus responsabilidades redistributivas.

Ahora, buscan otra vía: la de la unión con los trabajadores asalariados fuertemente dañados por una política que el propio Presidente reconoce errónea, y tienden un puente hacia los más marginados del campo, los indígenas, burlados en sus aspiraciones por la aprobación de una ley contraria a sus intereses y golpeados por la crisis del café, la pobreza en brutal ascenso y la importación de los granos que producen. El campo no aguanta más une a sus reinvidicaciones relativas a mejorar los precios y las perspectivas de los productores, la exigencia de aprobación de los Acuerdos de San Andrés.

Empujar a la ruptura del diálogo con las organizaciones campesinas es muy poco sabio y muy peligroso, a menos que haya quien piense que, como en otras ocasiones en el pasado (huelga ferrocarrilera, 1968) se puede todavía descansar sobre la sola represión, primero preventiva y selectiva, después, por fuerza, masiva y cruenta. Habría que recordar a tales aprendices de brujo que sin consenso no hay poder estable. Como le dijo a Napoleón el duque de Tayllerand, su ministro de Relaciones Exteriores, con las bayonetas se puede hacer de todo, menos sentarse encima. Si no se quiere que El campo no aguanta más se transforme en México no aguanta más, hay que ser cauto y responsable, y respetar a la gente a la que durante decenios se ha agraviado.