EL CAMPO ANTE EL TLCAN

El gobierno, dispuesto a fabricar delitos, dice el dirigente

Crece la persecución contra 300 agricultores: Quintana

Los casos, a Amnistía Internacional: abogada barzonista

ANGELES CRUZ

Víctor Quintana, presidente del Frente Democrático Campesino (FDC) de Chihuahua, denunció que se ha recrudecido la intimidación y persecución en contra de alrededor de 300 agricultores en diversos estados del país, e incluso hay la intención explícita del gobierno de "fabricarles" delitos.

El mismo es víctima de esa pretensión, dice. El agente del Ministerio Público Federal, titular de la mesa 7 de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua, le advirtió el viernes pasado que si no logra acreditarle responsabilidad en el delito de obstrucción de las vías generales de comunicación, "puede haber otros delitos, y yo los voy a investigar".

Además, asegura, el funcionario se negó a recibir su declaración por escrito en relación con la protesta que el FDC realizó en un puente internacional de Ciudad Juárez, del primero al 3 de enero pasados, en contra de la liberación de aranceles de productos agropecuarios, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ahí se instaló un ayuno y se realizaron actividades de volanteo, pero "en ningún momento se bloqueó la circulación".

Con el argumento de que se estaban cambiando de oficina y de que ya no tenía una computadora disponible, tampoco aceptó que la declaración fuese verbal, señala.

Como éste, hay otros 300 casos en todo el país, que en los próximos días serán llevados a Amnistía Internacional, como una acción urgente de defensa de los campesinos, informó Lucha Castro, abogada defensora de Quintana e integrante de El Barzón.

Aseguró que se está dando celeridad a las demandas penales interpuestas contra los dirigentes del agro que han participado en diversas movilizaciones para proceder a su aprehensión y consignación.

Castro aseguró que los jefes jurídicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la administración de aduanas están presionando a la PGR para que agilice las investigaciones de diversos hechos ocurridos durante 2002. Lo anterior fue confirmado por Lorenzo Aquino, representante de la procuraduría en Chihuahua, dijo Castro.

Para la abogada, el creciente clima de amedrentamiento en contra de los productores tiene como propósito desactivar el movimiento que a escala nacional han logrado organizar para exigir al gobierno la renegociación del TLCAN y la aplicación de una nueva estrategia de rescate para el campo.

Comentó que en Chihuahua los agricultores sujetos a investigación han sido objeto de intimidación, como es el caso de Martín Solís Bustamante, líder de El Barzón en el noroeste de la entidad, quien el viernes pasado, cuando se dirigía a una reunión, fue detenido en tres ocasiones por policías judiciales que lo estaban buscando. Debido a que no lo reconocieron logró escabullirse. Por su parte, Quintana explicó que en días pasados se enteró de que al menos 20 barzonistas podrían ser aprehendidos.

Indicó que entre los 300 campesinos que en todo el país también son víctimas de persecución policiaca hay comisariados ejidales que desde 2001 han realizado manifestaciones y tomas simbólicas de instalaciones de Pemex y CFE en diferentes entidades para exigir que se bajara el costo del diesel y se suspendieran los cortes de energía eléctrica. Incluso, recordó, la movilización de los productores favoreció que en diciembre se aprobara la ley de energía para el campo.

El líder del FDC mencionó: "existe un antecedente ominoso que nos preocupa": el encarcelamiento, desde hace seis meses, de Armando Villarreal, presidente del Comité pro Mejoramiento del Agro, por los supuestos delitos de motín y sedición. Situaciones similares enfrentan los productores de San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato y Chiapas, entre otros, por diferentes hechos, como los ocurridos en la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre, la toma de puentes y garitas en la zona fronteriza, así como de carreteras y casetas de peaje.

Para Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, "hay un endurecimiento del gobierno y está decidido a no aflojar". Con base en información de varias entidades, Suárez dijo que las autoridades darán seguimiento a las denuncias penales para dejar en la opinión pública el convencimiento de que se cumple con el estado de derecho. Sin embargo, si ese fuera el objetivo real, los órganos judiciales ya se habrían ocupado de aplicar el mismo rigor legal con narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, apuntó.

Por ello, El campo no aguanta más y El Barzón elaborarán una base de datos con los nombres de los campesinos sujetos a investigación. Todos los casos serán llevados a Amnistía Internacional, por medio de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dijo.