Delega la responsabilidad en el Poder Judicial para que decida a qué empresa corresponden

SCT pone fin al aseguramiento de CNI, pero no entrega instalaciones

Abogados de Canal 40 señalan que los representantes de Tv Azteca ya sabían de la decisión

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y JUAN JOSE OLIVARES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se "lavó las manos" en el conflicto entre CNI y Tv Azteca, ya que la dependencia federal pondrá a disposición del juzgado primero de distrito en materia penal las instalaciones que Canal 40 posee en el cerro del Chiquihuite, para que sea el órgano judicial el que determine a qué empresa deben ser entregadas.

Pese a que se "terminó" el aseguramiento que mantenía la SCT, 50 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardarán el inmueble hasta que el juez decida, también, quién cuidará las instalaciones.

Con esta decisión de la dependencia que dirige Pedro Cerisola, el Poder Ejecutivo deja en manos del Poder Judicial la decisión de señalar qué empresa debe detentar las instalaciones y la operación de la señal del Canal 40.

El pasado viernes, la juez séptima de distrito en materia administrativa, Luz María Díaz Barriga, determinó conceder una suspensión provisional a Televisora del Valle de México, mediante la cual ordenó a la SCT que pusiera fin al aseguramiento que desde el 9 de enero mantenía de las instalaciones del cerro del Chiquihuite, tras considerar como legítima concesionaria de la señal del Canal 40 a esa empresa.

Sin embargo, la dependencia que dirige Cerisola dio a conocer que como la juez no prejuzgó respecto de la posesión de los bienes asegurados, por ello un órgano jurisdiccional es quien debe determinar si Televisora del Valle de México o Tv Azteca se quedarán en posesión de las instalaciones.

El comunicado oficial

La SCT informó ayer mediante un comunicado de prensa que, "en cumplimiento de la resolución emitida por la juez séptimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, ha procedido -dentro del término señalado- a levantar el aseguramiento de las instalaciones y demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de televisión Canal 40.

"Ya que el acto de suspensión no resuelve a quién corresponde la posesión de los bienes asegurados, la secretaría, por conducto del Ministerio Público Federal, ha procedido a poner los bienes que fueron objeto del aseguramiento a disposición del juez primero de distrito en materia penal del Distrito Federal, mismo que conoce de los procedimientos por el delito de despojo, para que éste resuelva lo conducente conforme a sus atribuciones".

Sin embargo, aun cuando la SCT no entregó las instalaciones a los representantes legales de Televisora del Valle de México, en el juzgado primero, donde se resolverá a quién se dará posesión, nueve empleados de Tv Azteca, entre ellos su subdirector jurídico, Ricardo Martínez Cruz, estarán sujetos a proceso penal como presuntos responsables del delito de despojo en perjuicio de CNI-Canal 40.

Ayer, tras una espera de más de 24 horas en los accesos a las instalaciones que CNI posee en el cerro del Chiquihuite, los abogados de Javier Moreno Valle fueron informados de que no les serían entregadas, y que la PFP no abandonaría el lugar.

Los abogados Javier Cortina y Julio Esponda llegaron cerca de las 10 de la mañana para relevar a Fernando Gómez Mont de la "guardia" que montó en el lugar durante toda la noche.

Transcurrieron cuatro horas para que en el cielo apareciera un helicóptero de la PFP como anunciando la llegada de funcionarios de la SCT y el notario público número 25, Emiliano Zubieta Mateo.

Diez minutos después, a bordo de camionetas Suburban, se hicieron presentes en el lugar los encargados de llevar a cabo la diligencia que pondría "fin" al aseguramiento.

Los abogados de CNI se interpusieron al paso de los vehículos en que llegaron al lugar, para demandar que se les permitiera estar presentes en la diligencia, pero fue inútil, los elementos de la PFP abrieron paso a los funcionarios, entre los que se encontraban Luis Fernando Borjón, subdirector de Televisión de la SCT, y dos inspectores de la secretaría.

Los abogados comenzaron a gritar que los dejaran pasar; pidieron a Zubieta Mateo: "señor notario, no entorpezca la fe pública ni la manche"; sin embargo, nadie les contestó, y así lo decían una y otra vez todas las ocasiones en que fueron entrevistados.

Sus demandas a gritos les valieron poder llegar hasta la segunda reja de acceso. De allí ya no pasaron. La diligencia judicial comenzó y ellos tuvieron que conformarse con verla desde lejos.

Durante su espera a que llegara el notario público a tomar nota de sus demandas, arribó al lugar el director general de Sistemas de Radio y Televisión, Jorge Rodríguez Castañeda -quien firmó el oficio de aseguramiento del pasado 9 de enero-, por lo que se pusieron delante del vehículo en que arribó y le mostraron copia de la resolución, pero todo fue en vano.

Javier Cortina fue el que más habló, y el primero en ser enterado de la decisión de que la SCT no entregaría las instalaciones. "Se trató de una decisión de Estado", afirmó.

"Queremos entrar -añadió-, cualquier acto que no sea levantar el aseguramiento que ordenó la juez séptima de distrito en materia administrativa implica conductas graves y son causal de destitución del funcionario".

Agregó que "si fue una decisión de Estado, tiene que estar fundada en la ley. No puede rebasar los extremos de una resolución de un juez federal. Que Pedro Cerisola dé la cara".

A su vez, Julio Esponda argumentó que la puesta a disposición del juzgado primero de distrito de las instalaciones de Canal 40 "implica el claro incumplimiento de la suspensión, ya que en ningún momento faculta a la autoridad para ponerla a disposición de ninguna otra ni nombrar a otro depositario".

Sin embargo, reconoció que el juez primero de distrito tiene facultades para restituir al ofendido (Televisora del Valle de México) el goce de sus derechos.

Luego dijo que desde el momento en que la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra el subdirector jurídico de Tv Azteca y ocho integrantes del cuerpo de seguridad, solicitó a ese mismo juez que devolviera las instalaciones a la empresa de Moreno Valle, pero entonces argumentó que no tenía a su disposición el inmueble.

Ahora, señaló Esponda, contará con un plazo de tres días, a partir del próximo lunes, para determinar a quién le dará posesión, pero es una ventaja que haya dictado auto de formal prisión contra los empleados de Tv Azteca como probables responsables del delito de despojo, porque ello demuestra que el afectado es CNI.

Además, indicó, en las actuaciones ministeriales obran documentos de la SCT que reconocen que CNI es el legal concesionario y ahí se menciona el nombre del ingeniero, "el único que puede operar el equipo instalado en el cerro del Chiquihuite".

Entonces, tanto Esponda como Javer Cortina repararon en que durante todo el día no habían hecho acto de presencia en el lugar los abogados de la televisora del Ajusco, y expresaron: "Ellos ya sabían; nosotros tocamos las mismas puertas, pero a nosotros no nos las abren. Ellos estuvieron ayer en la noche en Comunicaciones, a ellos sí les informaron sobre la decisión".

Julio Esponda concluyó: "tendremos que plantear una nueva estrategia, una nueva defensa jurídica".