El abogado de CNI, Javier Cortina, le impidió el paso a la comitiva del Ajusco

Tv Azteca quiso retomar Canal 40

La PFP resguarda aún las instalaciones; el depositario de la SCT nunca se presentó

JUAN JOSE OLIVARES

La pretensión de funcionarios de Tv Azteca de ingresar a las instalaciones de Canal 40 en el cerro del Chiquihuite derivó en empellones y gritos. La reyerta por el territorio y una señal televisiva llegó a un punto culminante después de conocerse la decisión de la juez Luz María Díaz Barriga, quien ordenó al gobierno federal terminar con el aseguramiento de las instalaciones de Canal 40 y devolverlas a Televisora del Valle de México. Tv Azteca interpretó que esa determinación les favoreció y envió a Tristán Canales y Jorge Mendoza a entrar por la fuerza.

Javier Cortina, abogado de la Televisora del Valle de México, les impidió el paso. Intervino la Policía Federal Preventiva (PFP) y al final del día mantenía la custodia de las instalaciones. En el centro de la confusión, el actuario del juzgado, Gilberto Abarca, esperó inútilmente cuatro horas para notificar la resolución judicial a Gustavo Hernández López, depositario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero éste nunca se presentó.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, decidió salirse del asunto. En Los Pinos, interrogado después del mediodía sobre la decisión de la juez, respondió a los reporteros que el gobierno "acatará la resolución judicial". Cuando se retiraba dejó en el aire palabras de un compromiso que no se cumplió en el transcurso de la tarde y noche: "más tarde les daremos información adicional sobre este asunto".

En Bucareli no hubo más informes. El día fue cubierto con un comunicado confuso de la SCT, refiriendo que llevará a cabo "las acciones legales" que corresponden.

Los representantes legales de Televisora del Valle de México, que preside Javier Moreno Valle, estimaron que la PFP, encargada del resguardo, espera instrucciones para acatar la orden de la juez, aunque el número de policías se elevó a 30.

Al filo de las 19 horas, Tristán Canales y Jorge Mendoza, funcionarios de Tv Azteca (este último presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión), llegaron al cerro del Chiquihuite con dos personas más. Intentaron entrar por la fuerza con el argumento de que los abogados de Televisora del Valle de México sí estaban dentro las instalaciones y ellos no.

Una veintena de policías les cerró el pasó junto con Javier Cortina, uno de los representantes legales de la televisora. El cerco policiaco los replegó con sus escudos junto con los representantes de los medios de comunicación, entre gritería y empujones.

Estamos aquí porque tenemos los derechos de la concesión, aseguró Canales. Esperamos que nos regresen nuestras instalaciones. Mendoza hizo su interpretación de la resolución judicial: "el amparo concedido restablece el levantamiento del aseguramiento, pero no prejuzga sobre la posesión de la señal y el derecho de transmisión".

El subdirector de Telecomunicaciones de Televisora del Valle de México, Ismael Revelo -acompañado por nueve ingenieros que supervisarían que las instalaciones les fueran entregadas-, informó que a partir de la recuperación de las instalaciones transcurrirían al menos dos días para tener la señal de nueva cuenta.

A este respecto, explicó que el transmisor utilizado por el canal televisivo es único en el país, pues utiliza una tecnología conocida como IOT, un tubo de salida inductivo, no como los de estado sólido que utilizan otras televisoras.

El abogado de la televisora, Fernando Gómez Mont, trató infructuosamente de establecer contacto con funcionarios de la SCT. No obstante, dijo que esperan que la PFP entregue cuanto antes las instalaciones en los términos de la resolución judicial. No sabemos qué mando superior deba recibir la orden pero las instalaciones ya debieron ser recuperadas por CNI, apuntó. A las autoridades les ha tomado mucho tiempo pensar qué hacer, añadió el abogado. Es inaceptable la pretensión de los beneficiarios del despojo de una suspensión dirimida en un juicio nuestro. Esa empresa, indicó en alusión a Tv Azteca, no ha dado la cara por el despojo de la señal, es una desfachatez.

A media tarde, en entrevistas radiales, Gómez Mont detalló que la resolución judicial determinó que la autoridad debe retirarse y ello deriva en que "nosotros podemos entrar a nuestra casa". El nuevo intento de entrada de Tv Azteca es un delito más. No tenemos ninguna notificación de autoridad alguna que nos impida ahora transmitir la señal con la retoma de las instalaciones, añadió.

La resolución judicial es una medida más en una batalla que ha estado llena de insensateces. Se trata de recuperar el camino de la cordura, refirió. Respecto a las declaraciones de Diego Fernández de Cevallos en el sentido de que el gobierno aplicó mal la ley, respondió que "eso valida el buen criterio jurídico de Diego como abogado; nada más y nada menos".

Esperamos -resumió- que el gobierno no haga tediosa la entrega, después de la declaración pública de los secretarios de Gobernación, Santiago Creel, y de Comunicaciones, Pedro Cerisola, acatando la resolución de la juez.

También en entrevistas radiales, Tristán Canales interpretó que el dictamen judicial que levantó el aseguramiento sólo procede que "nos entreguen las instalaciones". Los señalamientos de los abogados de CNI, cuestionó, pretenden falsear la decisión de la juez, pues ésta no puede prejuzgar sobre quién debe operar Canal 40. Es algo que compete a la autoridad correspondiente.

En consecuencia, la autoridad debe entregar las instalaciones a "quienes las poseían, a quien hizo el aseguramiento, que somos nosotros, Tv Azteca". Por ello, dijo Canales, estaremos pendientes de que nos entreguen las instalaciones. Cuando el gobierno hizo el aseguramiento levantó un acta, y para la entrega tendrán que hacer otra y dar las instalaciones a Tv Azteca, a la que quitaron de ese lugar.

En relación con el adeudo de 25 millones de dólares de CNI a Tv Azteca, equiparó: "es algo parecido a que vas y rentas una casa por 10 años. Pagas el alquiler por adelantado, arreglas la casa, metes los 25 millones y en ese momento el dueño de la casa te dice, pues que ya no te la renta, además de que tenías opción de compra. Eso es lo que nos está sucediendo", explicó.

También refrendó que el 27 de diciembre, cuando un comando irrumpió en el cerro del Chiquihuite, "no se hizo de manera violenta. Llegamos, nos abrieron y entramos. Las pruebas nuestras son muy claras con un video, una acta de un fedatario, mientras que las de ellos es haber montado una novelita que hicieron con una animación".

Tenemos plena confianza, condensó, en que las instalaciones serán entregadas a quien le fue levantado el aseguramiento. Por el momento, la entrega de la señal en el cerro del Chiquihuite, después de la determinación de la juez Díaz Barriga continúa sin ser cumplida y con la custodia acentuada de la PFP.