Iván Restrepo

ƑObras en bien de la población?

Como estamos en el sexenio en el que los asuntos del país se valoran en términos empresariales, no debe extrañar que se autoricen obras que no benefician a la gente y que, de paso, afecten recursos naturales. Un pequeño ejemplo de lo anterior ocurre en Playa del Carmen, principal ciudad de la Riviera Maya. En junio de 2000 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó un título de concesión en favor de la empresa Servicios Mexicanos Náuticos con el fin de que construyera en la zona federal marítima un muelle para embarcaciones de mediano calado, área de acceso de vehículos automotores y las instalaciones que exige el transporte por mar. Su finalidad: comunicar tierra firme con la isla de Cozumel.

Una concesión como la mencionada no sería objeto de crítica ni oposición, si Playa del Carmen no tuviera desde hace décadas un muelle funcionando a 40 por ciento de su capacidad, que puede ampliarse y modernizarse; sin embargo, el nuevo muelle, de 260 metros de largo y casi 7 metros de ancho, alterará radicalmente la principal zona de playas públicas de la ciudad, adonde acude la gente local, así como el turismo de medianos y bajos recursos que se aloja en 200 pequeños hoteles. Es de las pocas playas de libre acceso que quedan, porque los grandes hoteles se apropiaron de las mejores y las guardias blancas impiden que las disfruten quienes no están alojados en ellos.

Hay otras razones para oponerse a la nueva obra: entre el actual muelle y el nuevo existe una acelerada erosión costera que se verá agravada con la nueva construcción y la llegada y salida de embarcaciones. Mientras las instancias oficiales dicen que buscan resolver el problema de la erosión del litoral caribeño y piden el apoyo privado y de los centros de investigación para lograrlo, las mismas instancias navegan en sentido contrario autorizando obras como la citada.

Por otra parte, la construcción del nuevo muelle conlleva destruir y transplantar corales, entre otros organismos vivos que se encuentran en el lugar, lo cual está prohibido. Uno de los extremos de la citada obra quedará a poco más de 100 metros de un importante arrecife, el Jardines, utilizado por los centros de buceo para capacitar a expertos en la materia.

Con la navegación de barcos en el área desaparecerían las actividades recreativas para miles de visitantes y de la población local debido al peligro que significan los barcos de pasajeros.

Se sospecha que los servicios acuáticos (snorkel, buceo, motos acuáticas, bananas, etcétera) serán monopolizados por la empresa que explotará el muelle, desplazando a los prestadores locales de esos servicios.

Si se cuestiona la concesión que dio la Semarnat a un grupo empresarial muy criticado (Grupo Aquaworld) cuando instaló unas plataformas flotantes en zona de arrecifes de Cancún, que fueron clausuradas, también se condena el proceder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Quizá ocupada en tomar clases de magia para hacerse invisible cuando más se le necesita (como en el caso de la invasión de Tv Azteca a las instalaciones de Canal 40), la SCT dio a los empresarios del nuevo muelle un permiso de construcción, a pesar de que no se trata de una instalación portuaria, cuando debió ser una concesión como corresponde a una terminal marítima.

Muchos otros inconvenientes aparecen en torno a esta obra que, como denuncian en Playa del Carmen, atenta contra el mantenimiento y la preservación de la identidad que han querido darle sus pobladores a este destino turístico, y no contribuye a la diversificación de la oferta de servicios en beneficio de la población de menores recursos, que se quedará sin playa, pero con un nuevo muelle que sólo provocará contaminación, erosión de la franja costera y saturación de vehículos.

El gobierno del cambio prometió que primero estaría el interés de la población, no el de quienes controlan la economía; que todo se haría consultando a la ciudadanía y se erradicaría la práctica de tomar decisiones desde los escritorios, sin conocimiento de lo que sucede en la realidad.

Este pequeño ejemplo demuestra que las cosas no han variado y que no cuenta la opinión de la gente. Ni siquiera se responde en tiempo y forma al recurso de revisión con suspensión de obra, como se presentó a la Semarnat. Quizá todo se deba a que los intereses del gran capital florecen con mayor facilidad en una entidad como Quintana Roo, gobernada por la peor expresión del partido que ayer glorificaba a su anterior mandatario, hoy preso, acusado de proteger y beneficiarse del narcotráfico.