Advierten que la iniciativa conlleva efectos negativos para los trabajadores
Académicos y abogados conforman red para frenar proyecto de reforma laboral
FABIOLA MARTINEZ
Un grupo de especialistas en materia laboral se constituyeron en red para impedir el avance de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) elaborada a convocatoria del gobierno foxista.
Con ese propósito, académicos y abogados en el área elaboraron una amplia obra colectiva en la que concluyen, por ejemplo, que el denominado proyecto Abascal es el "más grave de los atentados a los derechos de los trabajadores en la historia moderna de nuestro país (...) y obedece a un espíritu corporativo reforzado".
El libro, titulado Contrarreforma laboral. Análisis crítico del proyecto Abascal de reformas a la LFT, será presentado el 28 de febrero en el Colegio de México, como punta de lanza de una serie de acciones opositoras a la reforma en cuestión, a la que están dispuestos a sumarse centrales obreras como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano.
En la red participan los litigantes Arturo Alcalde, Néstor de Buen, Carlos de Buen y Héctor Barba, así como los investigadores y sindicalistas Alfonso Bouzas, Graciela Bensusán, Rosa Albina Garabito, Saúl Escobar y María Xelhuatzin, todos ellos especialistas en la LFT.
Más allá del estudio histórico de los 15 años de intentos fallidos por realizar enmiendas a la legislación laboral, los autores hacen énfasis en los riesgos "sin precedentes" de la iniciativa en cuestión, la cual fue llevada a la Cámara de Diputados por un grupo de 17 legisladores el 12 de diciembre pasado, en un "aterrizaje forzoso y con una precaria exposición de motivos".
La iniciativa criticada por la red, que le dio el nombre de proyecto Abascal, fue redactada en el transcurso de año y medio por representantes de los "sectores de la producción" (Congreso del Trabajo, Consejo Coordinador Empresarial y, en principio, la UNT), convocados para este fin por la Secretaría del Trabajo. La denominada mesa central de decisión (MCD) finalmente aprobó el anteproyecto de reforma, aunque sin el aval de la UNT.
Alcalde, asesor de los unetistas y abogado de organizaciones independientes desde hace varios lustros, destaca que la iniciativa que podría ser dictaminada por la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones ha sido difundida ante la opinión pública como un cúmulo de beneficios para los trabajadores, pero se ocultan sus verdaderos efectos negativos en la contratación colectiva y otros derechos básicos, como la huelga.
Por ejemplo, antes de que se dé trámite a un emplazamiento por firma de contrato colectivo o una demanda de titularidad deberá reclamársele a los trabajadores que exhiban todas sus armas, no sólo que identifiquen el nombre de aquellos que no estén conformes con el patrón, sino que deben pasar por un proceso de certificación de membresías y cumplimiento de requisitos estatutarios que están en manos de la propia autoridad laboral.
Además, señala, se dejaron fuera avances como el voto secreto para la elección de representantes sindicales y la creación del registro público de sindicatos y contratos colectivos, bastión de las estructuras de poder en las organizaciones gremiales.
Tras explicar el origen de la LFT actual y de sus múltiples intentos de reforma integral, Néstor de Buen afirma que "la huelga se somete a condiciones imposibles y, lo más preocupante, cuando se trata de recuentos para definir la mayoría de un sindicato, las exigencias son de tal naturaleza que hacen imposible suprimir los contratos de protección a los que los hacedores del proyecto (Abascal) rinden homenaje permanente".
De Buen expresa: "Da un poco la impresión que el secretario Carlos Abascal ya no soportó las presiones, y sin recurrir a la iniciativa presidencial mandó los papeles a la Cámara de Diputados con la esperanza remota de que surja una mayoría que apruebe el proyecto".
Bensusán dice que la propuesta CCE-CT sólo atiende las aspiraciones empresariales y las exigencias del viejo sindicalismo.
