EL CAMPO ANTE EL TLCAN

Acusa a El campo no aguanta más de ''protagonismo, falta de seriedad y radicalización''

El CAP sigue en la negociación, pero sin convertirse en ''alcahuete de Usabiaga''

PATRICIA MUÑOZ Y CAROLINA GOMEZ

El Consejo Agrario Permanente (CAP) no está dispuesto a romper las negociaciones con el gobierno federal encaminadas a la construcción de un acuerdo nacional para el campo, pero tampoco será ''alcahuete de Usabiaga'', dijeron ayer la dirigente de esa organización, Guadalupe Martínez, y Max Correa, de la Central Campesina Cardenista (CCC). La primera advirtió que de continuar el ''protagonismo'', la ''falta de seriedad'' y la ''radicalización'' de los líderes del movimiento El campo no aguanta más, se marginaría a esta organización y se seguiría trabajando en esta mesa de diálogo.

La dirigente sostuvo que no están rotas estas negociaciones, como lo declaró el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec), Víctor Suárez, o por lo menos no están suspendidas por parte de las organizaciones campesinas afiliadas al CAP, por lo que estos señalamientos sólo ''empantanan'' el proceso.

En conferencia de prensa, Martínez hizo un pronunciamiento enérgico ante este tipo de declaraciones que, según dijo, se hacen a título individual, porque los líderes del CAP lo que buscan no es suspender el diálogo con el gobierno, sino por el contrario, obligar a sentar a la mesa a los secretarios de Agricultura y de Economía, y que cumplan con los compromisos que establecieron con este sector en cuanto al acuerdo nacional para el campo.

Sin embargo, Max Correa, dirigente de la CCC, también asistente a esta conferencia, dijo que el CAP ''no se prestará a ningún juego ni será alcahuete de Usabiaga''.

La polémica entre las organizaciones campesinas se originó porque el titular de la Secretaría de Agricultura, Javier Usabiaga, anunció la inclusión de empresarios agropecuarios en esta mesa de diálogo. Guadalupe Martínez y Rafael Galindo, de la Central Campesina Independiente (CCI), declararon estar de acuerdo en ello debido a que estos productores ''también han resultado afectados por el tratado''. Empero, organizaciones como la Anec se manifestaron totalmente en contra de ello, así como la propia dirigencia de la CCC.

Ayer mismo, los líderes de las organizaciones que integran el CAP se reunieron para definir posturas y, según dieron a conocer por la noche en un comunicado, no hay ni existe división del frente común que se ha conformado y se mantiene el marco de respeto y solidaridad; asimismo mantienen el acuerdo de unidad con el movimiento El campo no aguanta más.

''Nos preocupa que de parte del Ejecutivo federal se estén haciendo públicas algunas expresiones que no contribuyen a la construcción del acuerdo nacional para el campo, propuesto por nosotros a las organizaciones, que ponen en entredicho los acuerdos convenidos y ampliamente difundidos inicialmente por los titulares de Agricultura y de Economía, para evaluar con objetividad el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte'', plantearon.

También reconocieron que es necesario fortalecer la unidad de acción del movimiento campesino, que ha expresado y propiciado el diálogo constructivo, por lo que se impulsará la más amplia convergencia de organizaciones regionales y nacionales de productores rurales, para fortalecer el frente de unidad que se requiere para el logro de las demandas. Acordaron retomar, a partir del 20 de enero, la movilización social que dé sustento a las demandas que las organizaciones plantean.

Por otra parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de El Barzón, lamentó que al tiempo que a esta organización se le está llamando a participar en la elaboración del acuerdo para el campo, se libran órdenes de aprehensión por los acontecimientos del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. Calificó el hecho de una ''campaña de linchamiento proveniente de los sectores más duros del gobierno'', y solicitó un amparo, que quedó radicado en el juzgado cuarto de distrito.

El pasado fin de semana, el juez primero de distrito en materia penal, Reynaldo Reyes Rosas, libró órdenes de aprehensión en contra de Ramírez Cuéllar y otros cuatro dirigentes de las agrupaciones que intervinieron en la toma del recinto legislativo de San Lázaro, por los delitos de ''motín, daños y lo que resulte''.

Agregó que ''es preocupante que se esté llevando a cabo una campaña intimidatoria para violentar y echar por tierra todo el esfuerzo, diálogo y negociación que se abrió con el gobierno''. A su parecer, estas órdenes de aprehensión de la causa penal 147/2003, ''lejos de ayudar a establecer un clima de concordia y encontrar una solución a la crisis agropecuaria, le echan más leña al fuego''.

Descartó salir del país, porque ''no tengo miedo, el que nada debe, nada teme; no voy a actuar como los funcionarios del PRI, que huyen a Estados Unidos''.

De igual forma, el dirigente sostuvo que la acción legal en su contra -y de otro integrante de El Barzón- ''no nos amedrenta'', y determinó realizar una jornada de movilizaciones en el país por la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN el 20 de enero, así como otra en el Distrito Federal el 31 de este mes.