Educación estatal desatiende petición de reubicarlos en otras escuelas, acusa Frenpavih

Expulsan de primarias yucatecas a 5 niños cuyos padres padecen sida

En Tabasco despiden a químico que denunció que la Ssa estatal aplicaba pruebas caducas de VIH

LUIS A. BOFFIL Y RENE A. LOPEZ CORRESPONSALES

Directores de diversas escuelas primarias de Yucatán expulsaron de los planteles a su cargo a cinco estudiantes, luego de que se enteraron de que los padres de los alumnos estaban enfermos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), dio a conocer el Frente Regional para Apoyo a Enfermos de VIH (Frenpavih).

Agregó que la Secretaría de Educación Estatal (SEE) no ha atendido las peticiones respecto de que los niños se incorporen a otros planteles.

En conferencia de prensa que ofreció este sábado en Mérida, Yucatán, Demetrio Burgos Domíguez, dirigente del Frenpavih, informó que en el munici-pio rural de Conkal -localiza- do a unos 10 kilómetros de la capital yucateca- el hijo de una pareja de infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue expulsado de la escuela de educación elemental a la que asistía, con el argumento de que "iba a contagiar a sus compañeros". Abundó que los otros casos denunciados ocurrieron en una comisaría municipal de esta capital y en el municipio de Cholul.

Burgos Domíguez señaló que las expulsiones tuvieron lugar a finales del año pasado, luego que maestros y directores de escuelas primarias se enteraron que a sus planteles asistían hijos de personas portadoras del VIH.

"Los niños, que apenas cursan la primaria, recibieron una notificación de los directores con la advertencia de no regresar a clases, porque entonces se tomarían medidas extremas", añadió Burgos Domínguez.

Acotó que el Frenpavih notificó esta actitud discriminatoria a Carmen Solís Robleda, titular de la SEE yucateca, pero a la fecha nada ha hecho al respecto, mientras que los padres de familia y menores afectados sólo recibieron evasivas. "La situación se torna más grave porque los menores, que no están contagiados, podrían perder el grado escolar si no reciben atención", comentó.

De la misma forma anunció que el Frenpavih recurrirá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para denunciar maltratos y segregación de funcionarios escolares y gubernamentales hacia familias contagiadas de sida".

Despido en la Ssa tabasqueña

Por otra parte, fue despedido de su empleo en la Secretaría de Salud (SSa) de Tabasco el químico Roberto García Gómez, quien dio a conocer que en la dependencia se aplicaban reactivos caducos para realizar pruebas de VIH, además que se le demandó penalmente por una supuesta agresión a un compañero de trabajo.

El laboratorista del sector salud tabasqueño anunció en entrevista que presentará una queja ante las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, ante la "represión gubernamental" y los atropellos que a su consideración han sido cometidos en su contra.

La semana anterior, García Gómez sostuvo a medios locales que en diciembre de 2002, la SSa aplicó a 69 personas pruebas del VIH, hechas con sustancias que caducaron un mes antes.

Ante la situación, la organización Ciudadanos en Movimiento, que defiende los derechos de personas contagiadas con sida, presentará una denuncia "por las represalias de las que ha sido objeto" García Gómez, y llevará este caso al ámbito nacional, informó el afectado.

García Gómez añadió que este sábado trabajadores de vigilancia le impidieron entrar a su centro de trabajo y le mostraron un oficio que expidió la responsable del laboratorio, Olga Elena Piña Gutiérrez, quien dio instrucciones de negarle el acceso.

Aseguró que no se le permitió entrar a su centro de trabajo, con la intención de que "la química (Piña Gutiérrez) pueda tener argumentos para levantarme un acta administrativa y me pueda acusar de abandono de trabajo, lo que desembocará en la rescisción de mi contrato laboral".

Abundó que no únicamente ha habido represalias en su contra, sino también en perjuicio de un vigilante que el lunes pasado permitió que entraran reporteros al laboratorio donde trabajaba para que constataran que estaban caducos los reactivos usados para la prueba del VIH.

García Gómez sostuvo que de no haber emitido su acusación, la dependencia habría usado 220 pruebas caducas que quedaban en el laboratorio.