López Obrador reitera su disposición de dirimir en la SCJN diferencias con diputados

"No pasará" el intento de limitar programas sociales del GDF

Anuncia el PRI que ya elabora el recurso de inconstitucionalidad que se presentará en febrero ante el máximo órgano judicial, para lo cual promoverá un periodo extraordinario en la ALDF

ELIA BALTAZAR

La administración capitalina mantendrá los apoyos económicos para discapacitados, madres solteras y adultos mayores, porque no es posible hablar de justicia social si se deja en el abandono a estos sectores de la población, afirmó ayer el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en su visita al Centro de Asistencia e Integración Social de la delegación Gustavo A. Madero.

Enfrentado con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su oposición a las reformas al Código Financiero que los diputados de PRI y PAN llevaron a cabo, especialmente en el caso del artículo 420, que limita la cobertura de la pensión universal, de la que actualmente gozan 325 mil adultos mayores, López Obrador advirtió que su gobierno de ninguna manera dejará pasar esa situación, aun cuando signifique enfrentar un juicio de controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Pero Ƒqué pensaban? ƑQue lo íbamos a dejar pasar? Se trata de uno de los programas fundamentales del gobierno capitalino y fue un compromiso de campaña", expresó. Enfatizó que la pensión de 678 pesos que ofrece la administración capitalina a los adultos mayores es "lo mínimo que le puede dar la sociedad y el gobierno a quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad".

Así, el jefe de Gobierno manifestó una vez más su disposición a que las diferencias con la ALDF se diriman en la Suprema Corte, pues "nosotros estamos actuando en el marco de la ley", pero si los diputados consideran lo contrario, tienen derecho de acudir a la instancia correspondiente, ya que "nuestra conciencia está tranquila".

Por su parte, la directora del programa de apoyo a adultos mayores, Elsa Veites, cuya labor depende de la Secretaría de Salud, explicó que los cambios propuestos por los diputados significan abrir espacios para la discrecionalidad en la entrega de los recursos para este sector de la población y violentan el espíritu de la pensión universal como un derecho de todos los ciudadanos.

Los legisladores plantean, explicó, que la ayuda se entregue sólo a la gente en estado de pobreza, lo que significaría llevar a cabo estudios socioeconómicos que implicarían un gasto administrativo muy grande, "que no tiene razón de ser". Agregó que "en principio, tendríamos que contratar personal especializado y montar una infraestructura para el procesamiento de la información". En pocas palabras, crear una estructura burocrática que restaría recursos al programa, cuando en este momento ni un solo peso se destina a ese fin. "Actualmente el programa no tiene costo administrativo alguno".

Veites advirtió que la aplicación de estudios socioeconómicos abre espacios para la discrecionalidad, pues los criterios para definir la pobreza dependerían de la autoridad en turno. Además, este proceso obligaría a la gente a demostrar y hacer evidente su pobreza, "con lo que ya de entrada se crea un señalamiento social en contra del cual nos manifestamos desde un principio, sin contar con las posibilidad de que surgieran conflictos entre la gente que reciba el beneficio" y la que no.

Además, si se aprobaran los cambios propuestos por los diputados locales de PRI y PAN, las autoridades estarían obligadas a retirar las tarjetas de compra de los adultos mayores y suspender los trámites de aquellos que ya los iniciaron para obtenerla. Y "cómo le decimos a la gente que ya no tiene derecho a ella".

Para la funcionaria, la intención política de las reformas propuestas es evidente, pues el programa de apoyo a adultos mayores es el más exitoso del gobierno capitalino.

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

El PRI en el Distrito Federal anunció que elabora ya el recurso de inconstitucionalidad que presentará a principios de febrero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por la publicación parcial del Código Financiero 2003 en la Gaceta del DF.

En conferencia de prensa, el diputado federal Florentino Castro, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el DF, y María de los Angeles Moreno y Marco Antonio Michel Díaz, coordinadora y vicecoordinador de la fracción priísta en la Asamblea Legislativa, adelantaron que la estrategia a seguir será convocar a periodo extraordinario de sesiones antes de concluir enero, para analizar y, en su caso, aprobar las acciones legales que se emprenderán para contrarrestar "las irregularidades" en que ha incurrido el Ejecutivo local.

Michel Díaz precisó que dichas acciones incluyen la presentación de la controversia constitucional ante la SCJN, una comunicación de protesta dirigida al Senado y la solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados.

Moreno Uriegas explicó que la ALDF deberá aprobar la solicitud de controversia constitucional con el voto a favor de las dos terceras partes del pleno, en una sesión extraordinaria cuya fecha se definirá la próximo semana en la Comisión de Gobierno. Para iniciar esa acción ante la SCJN, el órgano legislativo cuenta con un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del primero de enero.

Al dar a conocer los acuerdos, tomados durante la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Político del PRI capitalino, Florentino Castro señaló que su partido respaldará todas las acciones que los diputados locales del tricolor decidan emprender en contra del mandatario local por la publicación parcial del Código Financiero del DF.

Michel Díaz detalló que la ALDF envió el 30 de diciembre al jefe de Gobierno el paquete financiero para su publicación en la Gaceta Oficial; sin embargo, se publicó parcialmente el Código Financiero, "omitiendo disposiciones en 30 artículos, acción que constituye una violación flagrante a la legalidad, e invade la competencia del órgano legislativo al tratar de anular sus decisiones".

Moreno Uriegas calificó la acción de clara violación a los artículos 122 de la Constitución, 48 del Estatuto de Gobierno y 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores señalaron que en lo que va de su administración López Obrador no sólo ha demostrado falta de respeto hacia el órgano legislativo, sino que ha cometido constantes violaciones a la división de poderes al tratar de anular acciones del Legislativo y del Judicial con las que no está de acuerdo.

Como prueba de lo anterior, los diputados citaron la emisión de bandos en los que estableció disposiciones que contravienen la legislación local; la omisión o publicación tardía de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; obstaculizar las reformas al Código Electoral y la no emisión del reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles.