Intensifica Washington asedio contra inmigrantes

"Registro" de todo musulmán y árabe, el pretexto para la
ola de detenciones

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 8 de enero. Las autoridades estadunidenses han realizado una nueva ola de detenciones ilegales contra cientos de hombres árabes y musulmanes mediante la iniciativa federal de "registro" de inmigrantes provenientes de 13 países seleccionados, denunciaron abogados y defensores de derechos humanos.

En California, un grupo de abogados presentó este jueves una solicitud ante un juez federal para obligar al gobierno a suspender en forma temporal este programa antes de este viernes, cuando todos los inmigrantes provenientes de 13 países -la mayoría musulmanes- están obligados a presentarse a las oficinas del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) para ser fotografiados, registrar sus huellas digitales y someterse a interrogatorios.

Los abogados sostienen que estos hombres, de 16 años y más, procedentes de Afganistán, Argelia, Barein, Eritrea, Líbano, Marruecos, Corea del Norte, Omán, Qatar, Somalia, Túnez, Emiratos Arabes Unidos y Yemen, podrían ser sujetos a detención arbitraria y hostigamiento, como los que sufrieron inmigrantes de algunas de estas naciones que acudieron a mediados de diciembre.

Este programa de registro ha causado tal alarma entre los defensores de derechos humanos en California, que un grupo de ellos, de organizaciones árabe-estadunidenses, judías y de libertades civiles, anunció hoy que hará guardia frente a las oficinas del SIN en ese estado para "monitorear" el comportamiento de las autoridades y reportar toda violación de los derechos humanos. El Departamento de Justicia, por su parte, aseguró que el programa proseguirá.

Este registro se realiza después de que el gobierno ha detenido a cerca de 2 mil "sospechosos de terrorismo" desde el 11 de septiembre de 2001, y aparentemente mantiene una lista de activistas que deberán ser sujetos a una mayor inspección en los aeropuertos, como parte de las medidas de control impuestas en este país por la "guerra antiterrorista".

"Este es, por mucho, el programa de mayor alcance jamás realizado por el Departamento de Justicia desde el 11 de septiembre", afirmó Kareem W. Shora, abogado del Comité Antidiscriminación Arabe-Estadunidense. Advirtió que miles más podrían ser sujetos a este tipo de redadas en las próximas semanas, ya que el gobierno ha dejado claro que su meta final es registrar a cada inmigrante en este país.

El plan comenzó en diciembre, cuando el SIN abrió un programa de "registro especial", iniciativa del Departamento de Justicia, de miles de inmigrantes procedentes de cinco países árabes y musulmanes (Libia, Sudán, Siria, Irán e Irak) residentes en Estados Unidos.

Los inmigrantes de estos países fueron obligados a ir a las oficinas del SIN a mediados de diciembre. Este viernes es la segunda fecha límite para que hombres de otras 13 naciones acudan a las oficinas del SIN.

Pero los abogados que buscan suspender este programa antes de esta fecha argumentan que el proceso aplicado en diciembre a los varones procedentes de los primeros cinco países en la lista resultó en la detención de entre 200 y 700 musulmanes y árabes sólo en la región de Los Angeles (se calcula una cifra más alta; el SIN no habla de número pero insiste en que son más de 200).

Entre los detenidos había quienes contaban con calidad migratoria legal y unos fueron retenidos varios días. Algunos abogados, incluyendo Shora, citaron casos de hombres encerrados durante cuatro días y liberados sin ser acusados de delito alguno.

Este solo ejemplo, entre varios en los últimos meses, llevó a que David Cole, profesor de leyes en la Universidad de Georgetown, concluyera: "El Departamento de Justicia de John Ashcroft continúa realizando una guerra contra el terrorismo como si fuera contra árabes y musulmanes en general".

Lucas Guttentag, director del Proyecto de Derechos Inmigrantes de la Unión Estadunidense de Derechos Civiles (ACLU), la organización más importante de defensa de libertades civiles en este país, declaró que el procurador general Ashcroft "está utilizando el programa de registro de inmigrantes para encerrar a gente que ya ha ofrecido extensa información como parte de su solicitud" de documentos migratorios. "Por lo tanto, es claro que el propósito no es obtener información, sino detener y deportar selectivamente a hombres del Medio Este y musulmanes en Estados Unidos."

Por otro lado, las medidas de control interno como parte de la declarada "guerra contra el terrorismo" no han tenido los resultados anunciados. Aunque gran parte de los 2 mil detenidos desde el 11 de septiembre de 2001 han sido liberados, el hecho es que la iniciativa no logró su anunciado objetivo de "sacar de las calles" a posibles "terroristas".

Casi todos los detenidos fueron liberados después de que la FBI determinó que no tenían ningún vínculo con el "terrorismo", y hasta la fecha sólo cuatro han sido acusados formalmente por cometer algún delito de alguna forma vinculado con terrorismo, pero ninguno ha sido condenado.

Además, cientos de trabajadores inmigrantes han sido detenidos en redadas en aeropuertos de varias ciudades de este país donde prestaban sus servicios. Así, un número indeterminado de mexicanos y otros latinoamericanos han sido tratados como "amenaza a la seguridad" simplemente por ser indocumentados y trabajar de empleados de limpieza, en comercios y restaurantes de los aeropuertos de Los Angeles, Nueva York, Detroit y otros.

Pero no sólo los extranjeros están en la mira del gobierno. Se descubrió la existencia de una lista administrada por la nueva Agencia de Seguridad de Transporte (TSA) que incluye a activistas políticos, desde abogados de derechos civiles a miembros de Greenpeace, Amnistía Internacional y grupos antiguerra.

Después de que varios activistas fueron sometidos a repetidas inspecciones e interrogatorios por agentes de seguridad pública -hasta de la FBI y el servicio secreto- cuando iban a abordar un vuelo, algunos empleados de las líneas aéreas y finalmente el propio TSA revelaron la existencia de una lista negra.

Se sabe que hay una lista para "impedir volar" a gente buscada o sospechosa de vínculos con el "terrorismo", pero hay otra que está integrada por personas a las que sí se les permite abordar un avión, pero sólo después de ser seleccionadas para una inspección más exhaustiva, que incluye interrogatorios.

Este clima, declaró Human Rights Watch recientemente, ha generado un contexto en el que los crímenes de odio contra musulmanes se han incrementado un mil 700 por ciento en el país el año pasado. Aunque reconoce que figuras gubernamentales denunciaron toda discriminación y hostigamiento contra musulmanes y árabes, Human Rights Watch sostuvo que la policía y otras agencias oficiales no hicieron lo suficiente para detener este tipo de crímenes.