Un funcionario de la PGR garantizó discreción al priísta
"Clara maniobra electorera", el citatorio al ex candidato presidencial: Bartlett
GUSTAVO CASTILLO Y ANDREA BECERRIL
Manuel Bartlett Díaz y Humberto Roque Villanueva, senadores del PRI, advirtieron que detrás del citatorio judicial al ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, hay "una clara maniobra electorera" del gobierno de Vicente Fox, ya que no han podido probar ningún ilícito, pero insisten en desprestigiar al Revolucionario Institucional con miras a las elecciones de este año.
Francisco Labastida, ex candidato del PRI, llegó solo a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) el pasado martes alrededor de las siete de la noche. Según las fuentes consultadas en la PGR el ex abanderado priísta fue notificado que debía comparecer en calidad de testigo los últimos días de la semana pasada.
De acuerdo con la versión recogida en círculos cercanos a la investigación, un director de área de la Fepade pactó con Labastida Ochoa que su comparecencia se daría en la mayor de las discreciones y que sería a una hora en que no hubiera ni reporteros ni curiosos.
"Lo citan en los primeros días del año y en calidad de testigo, mientras que tanto a mí como al senador Roque Villanueva nos llamaron en calidad de indiciados", comentó Bartlett Díaz. Resaltó también que además de llamar a declarar a Labastida, el gobierno foxista "va a salir después con más sorpresas, cuando más se acerque el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados".
Bartlett consideró, sin embargo, que el llamado Pemexgate concluirá después de las elecciones. "Va a pasar y el PAN va a perder, deben recordar que con la vara que midas serás medido y si abusan, como lo han hecho, al utilizar hasta la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) contra el PRI y el Sindicato Petrolero, serán sancionados por los electores".
En entrevista aparte, Roque Villanueva señaló que la declaración que rindió Labastida Ochoa es "una buena señal", ya que ello obliga a la autoridad a avanzar en la conclusión del Pemexgate. Sin esa declaración, dijo, era muy difícil pensar que se agotaran los recursos procesales.
Por lo que se refiere a Labastida, el ex candidato a la Presidencia en 2000 llegó a la cita el pasado martes sólo unos cuantos funcionarios, entre ellos el director de Averiguaciones Previas de la Fepade, estuvieron presentes en el interrogatorio. Según las fuentes, la titular de la fiscalía, María de los Angeles Fromow Rangel, no estuvo presente en el interrogatorio, el cual terminó al filo de las 10 de la noche del mismo martes. Labastida, según contaron, entró y salió tranquilo de su comparecencia.
A Labastida Ochoa se le preguntó principalmente sobre detalles de su cita con el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, qué conocimiento tenía del uso que se le daba a la camioneta Cherokee en la que se transportaron los 640 millones de pesos que según las investigaciones de la PGR se desviaron de Pemex a su campaña presidencial en 2000.
Asimismo, de acuerdo con la información obtenida, se le cuestionó quién daba las órdenes a los integrantes del Estado Mayor Presidencial que formaban parte de su escolta y que resguardaron el traslado del dinero que supuestamente se utilizó en su campaña. Otra de las interrogantes fue qué conocimiento tenía del origen y administración de los recursos que se utilizaron durante su actividad proselitista en busca de la Presidencia.
Según las fuentes entrevistadas será hasta después que se analicen con profundidad las respuestas que dio Francisco Labastida cuando se determine si debe volver a comparecer, si cambia su condición jurídica de testigo a indiciado o sólo deberá responder otras preguntas como un involucrado más en una campaña electoral.
Plazo a favor de Espino Arévalo
En San Lázaro, los integrantes de la Sección Instructora otorgaron un plazo de 15 días para revisar, analizar y dictaminar el caso de Fernando Espino Arévalo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Metro.
Cuauhtémoc Cardona, legislador del PAN, informó que una vez tomada la decisión (que favorece a Fernando Espino) el juicio de procedencia contra el dirigente de los trabajadores del transporte colectivo ocurrirá hasta finales de enero.
Además, dijo el diputado panista, la sección analiza seriamente una nueva ampliación de los términos de análisis de los expedientes de los líderes del sindicato petrolero, con objeto de estudiar con mayor detenimiento las pruebas presentadas por la defensa de Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera.
En torno del caso de Fernando Espino, el informe de la Procuraduría del estado de México -en manos de la Sección Instructora- señala que el indiciado no tuvo responsabilidad en el bloqueo de la línea B del Metro y por esa razón no se presentaron cargos en su contra. Este argumento podría dar un giro al caso de Fernando Espino, porque entre otras pruebas que sustentan las solicitudes del desafuero se encuentra el informe de la procuraduría del estado de México.
CON INFORMACION DE ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ