Especial énfasis a derechos humanos: Aranda Orozco

Realizan DIF-Unicef nuevo estudio sobre niños de calle

Censo en 100 ciudades entre agosto y diciembre de 2002

CAROLINA GOMEZ MENA

Con el propósito de conocer la situación actual de los menores trabajadores en situación de calle, así como averiguar el comportamiento que durante los últimos cuatro años ha experimentado el fenómeno, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Unicef realizaron un estudio cuyos resultados se darán a conocer a fines de febrero, señaló Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del DIF.

Según informes proporcionados por el departamento de Protección a la Infancia, del DIF, entre agosto y diciembre de 2002 se levantó un censo en 100 ciudades. En particular, centros turísticos, urbes fronterizas y de gran densidad poblacional, entre ellas Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Distrito Federal y Monterrey.

El análisis -que actualizará las cifras obtenidas en el estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores, realizado en 1997, que reveló la existencia de 114 mil 497 menores de 17 años en situación de calle- tuvo un costo de 825 mil 600 pesos, recursos erogados como parte del plan de trabajo DIF-Unicef 2002. Ello sin tomar en cuenta los fondos que para tal efecto invirtieron los estados y municipios que participaron en la investigación.

En este nuevo estudio se actualizaron y reformularon los cuestionarios aplicados a la población objetivo, en particular para comprender mejor las diferencias entre los distintos grupos de edad, "que en el caso de la sexualidad encuentra su referente más consistente".

La indagatoria, coordinada por Alejandro Espinosa Yáñez, maestro en sociología del trabajo, también tiene por objetivo revisar las dinámicas familiares de los menores y saber cuáles son los tipos de familias expulsoras, y pone énfasis en la situación de sus derechos humanos.

Aranda Orozco puntualizó que en este nuevo censo no sólo se tomó en cuenta a los menores que habitan en la calle, sino también a los que trabajan en "sitios protegidos", como tiendas de autoservicio, y a aquellos que, aunque laboran en la calle, tienen "protección familiar".