Martín Granovsky

Brasil: menú para el proyecto Hambre Cero

A Lula no le gusta la magia, pero en su primera semana de gobierno el gesto más espectacular fue convertir aviones en frijoles. La decisión de suspender una licitación para comprar cazas por 760 millones de dólares y destinarlos a combatir el hambre fue el primer signo que esta semana será completado por otro: el nuevo presidente anunciará su plan Hambre Cero en una ciudad miserable del nordeste seco, donde 60 de cada mil niños mueren antes del año de vida.

Documentos a los que tuvo acceso Página/12 revelan que Lula se propone a la vez ampliar la reforma agraria, estimular el negocio del agro y repartir miles de vales de comida para cumplir su objetivo de garantizar tres comidas diarias a los brasileños más pobres.

El personaje clave del plan es un economista calvo de 53 años, pero sin ojos saltones, con un posgrado en Londres y una obsesión permanente por borrar la frontera entre las políticas sociales y la economía. "Los críticos sólo se preocupan en cuestionar el costo de nuestro proyecto contra el hambre y el origen de los recursos, pero no se preguntan cuánto cuesta dejar de combatir el hambre", se indigna en tono de desafío José Graziano da Silva. El ministro de Seguridad Alimentaria, nuevo organismo de gobierno, no es pariente ni de Lula ni del vicepresidente José Alencar, otros dos Da Silva. La abundancia de ese apellido, tan común en Brasil, es sólo una muestra de que tipos comunes asumieron el gobierno el miércoles último.

"La falta de estrategias de generación de empleo, salud y educación tiene un costo elevado para el país, que ve crecer la violencia", sostiene Graziano. "Y también tienen su costo la falta de consumo y la falta de producción de bienes". Según el economista a cargo del Proyecto Fome Zero (Hambre Cero), por eso combatir el hambre no es un costo, sino una inversión.

Lula anunció que su objetivo sería dar de comer tres veces al día horas después de triunfar en la segunda vuelta electoral, cuando los mercados le exigían en cambio el compromiso de mantener al presidente cardosista del Banco Central. Graziano venía trabajando desde antes en el Instituto Ciudadanía de Sao Paulo, uno de los centros más influyentes en los diseños del Partido de los Trabajadores. Tan influyente que es la continuidad del gobierno paralelo petista, un espejo opositor que exigía pensar como ejecutivo nacional, y que Lula en persona coordinó el proyecto, condensado en más de 200 páginas.

El triple objetivo es ampliar la demanda, abaratar el precio y atender las emergencias. Esos son los fundamentos de la seguridad alimentaria.

El ex presidente Fernando Henrique Cardoso entregaba canastas de alimentos que se fueron haciendo cada vez más magras. Graziano y su equipo quieren más bien la entrega de vales para comprar alimentos. Para las zonas agrarias el Estado impulsará directamente el cultivo, incluso si es sólo para autoconsumo. En las grandes ciudades y sus cinturones las medidas urgentes abarcarán restaurantes populares, bancos de alimentos, estímulo a producciones regionales y comercialización de productos de estación.

Aunque los pobres están sobre todo en el nordeste -50 por ciento de los más menesterosos de todo Brasil vive allí-, en las regiones metropolitanas el índice de pobreza aumentó entre 1995 y 1999 alrededor de 5 por ciento anual. En el gran Sao Pablo subió 9.2 por ciento al año. En el gran Porto Alegre, 7.8 por ciento.

Cuando la Alianza asumió en la Argentina, en 1999, pasó dos años preocupada por unificar los padrones sociales, pero no mejoró la situación de nadie. En cambio, los memos del Proyecto Hambre Cero critican la visión habitual según la cual el gran problema es que los planes no ayudan a quienes realmente tienen que ayudar y que, por tanto, sólo se trata de una cuestión de eficiencia.

"El hambre es apenas una de las varias inseguridades a la que están sometidas las familias pobres", dice Graziano. "Esto nos remite a una imagen de cebolla: varias capas de seguridad que se superponen para combatir la pobreza: el seguro de desempleo, la seguridad social por edad, la bolsa-escuela para garantizar la educación, las políticas de atención gratuita a la salud, etcétera."

La seguridad más elemental estará dada, en los planes de Lula, por la entrega de cupones para comprar alimentos. ƑPor qué vales dirigidos y no dinero de uso libre? El equipo del Partido de los Trabajadores eligió el primer mecanismo porque a su juicio tiene cuatro ventajas: 1) El gasto en alimentos es mayor que cuando se entrega dinero. 2) Tiene carácter contracíclico y no inflacionario, porque liga el aumento del consumo de alimentos con la producción. 3) Permite recuperar las políticas de compra institucional de alimentos por parte de las intendencias. Y, 4) Su característica es complementaria, de modo que los cupones pueden quedar asociados a otros programas sociales.

La insistencia en el cupón permitiría, según el Partido de los Trabajadores, aumentar la conciencia sobre el derecho a la alimentación en la población, y alimentar a los ciudadanos dejaría de ser considerada obra de caridad o herramienta de clientelismo político. Por otra parte, quedaría establecida la "obligación" de alimentarse, y además se estaría asegurando el aumento de la ingestión de calorías.

El equipo de Graziano dice que programas como la food stamp estadunidense, que aún hoy entrega cupones (conocidos en México como vales de despensa) para alimentos a 18 millones de personas, demostraron que las calorías aumentan entre tres y siete veces más que cuando se transfiere dinero. El cupón permitiría también que si la familia aumenta su nivel de vida esté dispuesta a desprenderse de ellos, cosa que difícilmente sucedería si la asistencia fuera en dinero.

Brasil ya aplicó un sistema parecido al de los cupones bajo la presidencia de José Sarney, el mandatario del retorno a la democracia en 1985, para distribuir un litro de leche a los chicos menores de siete años pertenecientes a familias que ganaran menos de dos salarios mínimos. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) distribuían los cupones. Los comerciantes los usaban para pagar a los tamberos (productos lecheros), que a su vez los cambiaban por dinero en el Banco de Brasil. Ninguna ONG podía funcionar dentro del sistema si no estaba acreditada y los cupones se entregaban en reuniones mensuales en las que, de paso, se discutía sobre hábitos alimentarios, salud, vacunación y huertas comunitarias. En poco más de un año, después de 1986, el programa ya abarcaba a 5 millones de beneficiarios que recibían cupones de 15 mil organizaciones, entre entidades religiosas, sindicatos y clubes. La demanda de leche aumentó 20 por ciento y el cupón evitó crear nuevos canales de distribución: sólo fue una especie de moneda de curso forzoso que atendió una necesidad específica. Keynes hubiera festejado.

Al revés, la distribución de canastas de alimentos tuvo características clientelares. Según investigó el diario Folha de Sao Paulo, en 1998, año de elecciones, se distribuyó el doble de canastas que en 2000, cuando no hubo comicios.

Los cupones de alimentación costarían 20 mil millones de reales (aproximadamente 7 mil millones de dólares estadunidenses) para atender durante un año a las 44 millones de personas. Pero como la idea de Lula es implantar el programa en cuatro años, el costo medio anual debería bajar a 11 mil millones de reales, porque la pobreza se reduciría 50 por ciento en 10 años. Además, el costo del proyecto no se pagaría de una vez.

Durante la campaña electoral, Graziano solía ridiculizar a los críticos rápidos que sumaban los gastos y los comparaban con números mayores. El diario O Estado de Sao Paulo llegó a considerarlos como el gasto de un solo día, y estimó que se trataba de unos 70 mil millones de reales, o sea, 6 por ciento del producto interno bruto, y pronosticó que Brasil llegaría al default en 15 días. Los papeles del equipo de Graziano confían en la expansión del área cultivada como generadora de empleos.

"Con una ingestión adicional media de 50 por ciento de las calorías y proteínas en función de la distribución de cupones a las familias pobres, la producción actual de arroz y frijoles debería aumentar más de 30 por ciento", dice un documento. "Eso significa expandir el área cultivada en casi 3 millones de hectáreas, generando más de 350 mil puestos de trabajo en la agricultura familiar y aumentando el valor actual de la producción agrícola en cerca de 5 mil millones de reales, que es más o menos la mitad del costo anual de los cupones previstos en el proyecto."

Articulista argentino del diario Página/12