Tomaremos todas las medidas para que se pague hasta el último centavo de impuestos: Chávez

A la batalla petrolera en Venezuela se suma la guerra en educación

Según el gobierno, 95% de planteles trabaja con normalidad; opositores afirman que la mayoría no labora

ARTURO CANO ENVIADO

Caracas, 7 de enero. El reinicio de clases reaviva la guerra de posiciones entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana. El presidente aparece por segunda vez en cadena nacional televisiva en apenas dos días. Ahora lo hace desde una escuela de barrio pobre en esta ciudad, donde los pequeños alumnos lo ovacionan. Chávez vuelve a llamar "golpistas" y "terroristas" a sus opositores y los acusa de pretender acabar con el "esfuerzo colosal" de su gobierno en materia educativa. Como hizo el domingo, además, amenaza con castigar a quienes promuevan la "desobediencia tributaria. Tomaremos todas las acciones para que se pague hasta el último centavo", dice.

En los medios venezolanos la batalla de cifras sobre la crisis petrolera da paso a la batalla de las escuelas. El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, informa que entre 90 y 95 por ciento de los planteles educativos del país está funcionando. En tanto, la oposición asegura que la mayoría de las escuelas siguen cerradas por la decisión de los seis sindicatos de maestros y por la convicción de los padres de no llevar a sus hijos a las escuelas. Según los opositores, 10 por ciento de los planteles que abrieron lo hicieron bajo presión.

En los estados gobernados por la oposición, han sido las propias autoridades educativas las que han llamado a continuar el paro, aduciendo que "no hay condiciones" de seguridad.

Nirgeya de González, profesora de escuela primaria en Paracoto, a 40 kilómetros de Caracas, no ha dejado de trabajar un solo día. Ella, miembro de uno de los círculos bolivarianos -base social de Chávez-, dice que seguirá trabajando. "Ni el gobernador nos va a obligar a mí ni a otras dos maestras, a sumarnos al paro".

La escuela donde ella labora depende del gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, una de las figuras emblemáticas de la oposición.

Sin embargo, Nirgeya acepta que la mayor parte de los docentes de su escuela, sí están en paro. "Como en la mayoría de las escuelas".

En su discurso de hoy, Chávez admite que en Miranda están cerradas la mitad de las escuelas y que en el estado Zulia la cifra asciende a 55 por ciento. En ambos casos, culpa a los gobernadores que se dedican, dice, "a sabotear en vez de gobernar".

El gobierno parece apostar, como en el caso del petróleo, a una reanudación gradual de actividades. A la escuela de Nirgeya, por ejemplo, hoy se presentaron dos de las maestras paristas para informar a los padres que trabajarán media jornada.

En esta ciudad, algunos padres de familia consultados dicen confiar en que pronto se reanudarán las clases.

Pero Jesús Ramírez, presidente de Fetraenseñanza, uno de los sindicatos de maestros, llama a "continuar el paro cívico nacional". Y así las demás organizaciones gremiales.

Octavio de Lamo, presidente del organismo que agrupa a las escuelas privadas, dice que la mejor enseñanza que puede darse a niños y jóvenes venezolanos en estos momentos, es el "ejemplo de libertad frente a este gobierno".

Las cifras petroleras

Desde el inicio del paro petrolero, los opositores han insistido en que a Venezuela le queda gasolina "apenas para dos días", y el gobierno en que la situación está a punto de entrar en la "normalidad". Ninguno de los presagios se ha cumplido.

Caracas, una ciudad cuya principal característica es, según sus habitantes, el tráfico pesado, ha comenzado a tener mayor movimiento de vehículos aunque, según diversos testimonios, no han vuelto los embotellamientos habituales. Las largas colas en las gasolinerías siguen, aunque también según testimonios, ya no son de 12 o más horas, sino "apenas de una o dos".

Mientras las colas en las gasolineras siguen, el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, aparece en los televisores, también en cadena nacional, para anunciar la restructuración de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ramírez muestra a los televidentes un complicado organigrama para apoyar su afirmación de que la poderosa petrolera sufría "tremenda concentración de burocracia muy costosa" avecindada en Caracas. Más de 7 mil empleos con un costo de mil millones de dólares. Según el ministro, esa burocracia eleva el costo de producción por barril de petróleo de 3.5 dólares a 15 ("sobreprecio que ninguna empresa se puede permitir"). Es lo que el gobierno de Chávez llama la caja negra de PDVSA.

El ministro de Energía anuncia, en consecuencia, una nueva "organización de transición" en la estatal, pues la estructura definitiva, dice, requerirá de "mucho más estudio" y diversas pruebas.

La clave de la nueva PDVSA, como la llama el gobierno, es "simplificarla y orientarla a un proceso de descentralización", mediante la creación de dos grandes operadoras, oriente y occidente, correspondientes a la geografía petrolera del país.

El paro de buena parte de los 40 mil trabajadores petroleros es la carta fuerte de la oposición, que no ha cejado en su empeño de demostrar, mediante un verdadero bombardeo por medio de los canales de televisión privados, que el gobierno no sólo no ha podido comenzar la "normalización" de la industria, sino que la inexperiencia del personal que ha puesto a manejar las refinerías ha propiciado derrames y otros accidentes que incluso ponen en riesgo a la población de las zonas petroleras.

En ese escenario, el presidente Chávez reconoce que Venezuela comienza este año "con muchas dificultades económicas", derivadas del paro petrolero y, ahora, del llamado a la "desobediencia tributaria".

El llamado electoral

En una vía rápida de esta ciudad, la oposición colocó un espectacular en el que se lleva la cuenta de los días que faltan para un referéndum consultivo, que se celebraría el 2 de febrero. Los venezolanos deberían responder a la pregunta de si el presidente Chávez debe renunciar voluntariamente a su cargo.

Frente a la capacidad de sobrevivencia de Chávez, los opositores han puesto todas sus energías en tratar de garantizar la realización del citado referéndum.

El gobierno ha rechazado el ejercicio por considerarlo inconstitucional y ha insistido en que en agosto próximo podría realizarse un "referéndum revocatorio", pues la Constitución lo prevé al cumplirse la mitad del mandato presidencial.

El gobierno ha rechazado la consulta aduciendo que la Constitución sólo permite la realización de un referendo revocatorio al completarse la mitad del periodo presidencial de seis años. Chávez completa la mitad de su mandato en agosto de este año.

Las fuerzas del chavismo han demandado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad del proceso. "Se está gestando un fraude electoral", dice el director político del Movimiento Quinta República, Luis Alfonso Dávila.

El gobierno se ha negado a proporcionar al Consejo Nacional Electoral los recursos para la realización del referéndum, hasta que un tribunal decida si es legal, y tampoco está claro si las fuerzas armadas efectuarían la distribución de la paquetería y la vigilancia del proceso, funciones que por tradición están a su cargo.

Los impuestos

En su nueva alocución televisiva, el presidente Chávez se lanza contra las pretensiones "golpistas" de sus opositores: "Ya que no pudieron en abril (de 2002) detener el esfuerzo del gobierno revolucionario en beneficio de la educación de todos nuestros jóvenes y nuestros niños, ahora pretenden hacerlo quebrando las arcas de la nación. Ahora pretenden hacerlo destruyendo las cuentas del fisco nacional".

Precisamente este día, ya entrados en la sexta semana de paro, miles de caraqueños marchan hacia dos centros tributarios para respaldar el llamado de la Coordinadora Democrática a la "desobediencia fiscal".

El presidente Chávez insiste en que se tomarán medidas para evitar que el llamado a no pagar impuestos tenga éxito.

En respuesta, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, desestima la advertencia presidencial, asegura que la desobediencia es un "acto constitucional" y resume: "No le vamos a hacer caso".

En el mar de contradicciones que es Venezuela en estos días no sorprende que mientras llaman al boicot de impuestos, los gobernadores de oposición denuncien que el gobierno nacional no ha entregado recursos correspondientes al año que se inicia. Henrique Salas Feo, gobernador de Carabobo y presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela, advierte que no podrán pagar la primera quincena de enero a más de 350 mil trabajadores.

Para complicar el panorama, los enfrentamientos entre chavistas y opositores continúan en el interior del país y este miércoles los trabajadores bancarios decidirán si realizan un paro total de labores de 48 horas, para protestar por el "sabotaje" del gobierno al referéndum.

"No permitiremos que los saboteadores le metan mano a los dineros de los venezolanos, no lo vamos a tolerar", responde Chávez. Y la tensión en Venezuela no afloja.