En San Lázaro, grupo de abogados intenta evitar el desafuero de líderes petroleros
Fijan nuevo plazo al PRI para presentar prueba de descargo en el caso Pemexgate
MIREYA CUELLAR, ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
El Instituto Federal Electoral concedió al PRI un plazo de 45 días más -que vencen el próximo 12 de febrero- para que presente como prueba de descargo en la investigación que le sigue dentro del caso Pemexgate una "pericial contable" de sus ingresos y gastos durante 2000, con la que pretende demostrar que los 640 millones de pesos que presuntamente salieron de Pemex -vía sindicato- para la campaña presidencial de Franscisco Labastida nunca "fueron ingresados" a las arcas del tricolor.
Mientras, en la Cámara de Diputados, los abogados defensores de los dirigentes del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera, recurrieron a otra maniobra legal para impedir o cuando menos retrasar el desafuero de los tres legisladores priístas implicados en el escándalo del Pemexgate.
El grupo de defensores encabezados por Juan Velázquez pretende, bajo el recurso de recusación (rechazo), que el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Moreno Bastida, no tenga acceso al expediente del juicio de procedencia porque éste "ha insistido" en resolver el caso antes del término de la 58 Legislatura.
En dos de los varios frentes que tiene abiertos el PRI por el Pemexgate, los abogados contratados van de recurso en recurso. El pasado 29 de diciembre el Revolucionario Institucional presentó ante el IFE el primer alegato en su favor, en el cual solicitó a la Comisión de Fiscalización que le permitiera presentar como prueba pericial un análisis de su contabilidad realizado por un profesional ajeno al tricolor y al órgano electoral.
El pasado lunes por la tarde, la Comisión de Fiscalización le respondió afirmativamente a la representación priísta. Será el contador público Roberto Reza Monroy quien se encargue de ese trabajo, financiado por el PRI.
Junto con la solicitud, el partido explicó en su documento del 29 de diciembre que requería 45 días para desahogar la auditoría, dado que el expediente consta de más de 40 mil fojas, "lo que hace materialmente imposible la lectura, el análisis contable y la exposición de las consideraciones en el dictamen que contenga las respuestas al cuestionario correspondiente, que servirán de base para desvirtuar los hechos que se imputan falsamente al PRI".
Consultas informales
La decisión de la comisión de otorgar la ampliación del plazo se tomó en consultas informales entre sus miembros, porque no ha sesionado formalmente desde el año pasado. Esta situación de informalidad fue cuestionada por el consejero Jaime Cárdenas, quien solicitó al presidente de la comisión, Alonso Lujambio, convocar cuanto antes a una reunión de trabajo.
Cárdenas explicó que la comisión tendría que desahogar de manera "exhaustiva" la etapa procesal del caso, es decir, informar al PRI cuáles de las pruebas de descargo que ofreció serán admitidas, así como sus razones, de tal manera que si el tricolor se inconforma con la decisión, pueda recurrir al tribunal electoral.
Las impugnaciones presentadas por los priístas, explicó el consejero, en ningún momento implicarían que el IFE tuviera que suspender el procedimiento que sigue por el Pemexgate. La única posibilidad estaría en que los magistrados resolvieran que los consejeros que autorizaron la presentación de la demanda ante la PGR tengan que excusarse de dictaminar, porque tendría que reponerse todo el procedimiento, es decir, nombrarse una comisión especial de fiscalización del IFE para este caso y volver a emplazar al PRI para el desahogo de pruebas en su favor y en contra.
En San Lázaro, el panista Cuauhtémoc Cardona, integrante de la Sección Instructora, abonó más a la maniobra de la defensa de los petroleros, porque él recibió la petición y confirmó que el resto de los diputados -Francisco Blake (PAN) y Eduardo Andrade (PRI)- analizarán la posibilidad de retirarle el derecho a Moreno Bastida por conocer el expediente. Tal circunstancia ocurrirá hoy en la cámara cuando se discuta la petición de los abogados, que hace un mes lograron alargar el plazo de revisión de pruebas con la aprobación del PRI y del PAN, y en consecuencia el juicio de procedencia se postergó hasta el periodo ordinario de sesiones, que dará inicio el 15 de marzo próximo.
La argumentación de Juan Velázquez y su grupo de abogados manifiesta que el diputado perredista Ricardo Moreno Bastida se "ha empeñado" en desaforar a sus clientes, incluso, señala, "ha amenazado con abandonar la presidencia de la Sección Instructora si el caso no se resolvía de forma inmediata".
De tal forma, la defensora de los dirigentes petroleros acusados de millonario desvío de recursos públicos, Odet Moubarak, advirtió sobre una nueva acción contra Moreno Bastida, en caso de insistir en conocer el expediente del juicio de procedencia: "podremos recurrir a presentar una denuncia penal contra el diputado del PRD porque su actitud viola la Ley Federa de Responsabilidades de los Servidores Públicos; esperamos que el resto de los legisladores resuelvan en favor nuestra petición para dejar fuera del caso al representante perredista".
A tal grado reina el desconcierto en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que la reunión programada ayer a las 13:00 se suspendió porque fue imposible localizar al priísta Eduardo Andrade, y por lo tanto no hubo tiempo para llamar al suplente.
También Cuauhtémoc Cardona insistió en el hecho de revisar el contenido de la solicitud de la defensa, porque en caso de aceptarse los diputados del PRI y del PAN harían a un lado a Moreno Bastida y sería sustituido por su correligionario Arturo Herviz. Hoy en San Lázaro se definirá la suerte de la nueva maniobra del equipo de abogados.
