Establecerán prohibiciones a la entrega de obras un mes antes de las votaciones

Se calendarizará el gasto federal y estatal para evitar su uso electoral

El pacto de civilidad buscará garantizar la equidad de partidos en el acceso a radio y tv

RENATO DAVALOS

El pacto de civilidad política de 2003 que suscribirán el presidente Vicente Fox, líderes de los partidos y los gobernadores -a finales de enero- referido a los comicios de este año, comprende una calendarización del gasto federal y estatal para evitar su uso con fines electorales. Además establecerá la prohibición para la entrega de obras un mes antes de las votaciones y la creación de una comisión plural que vigilará la aplicación de los recursos públicos.

Las negociaciones entre los distintos actores políticos están prácticamente concluidas y se estima que en la última decena de enero el acuerdo sea firmado en un encuentro del Ejecutivo con los mandatarios estatales y los líderes partidistas. Un postulado esencial del pacto radica en el compromiso de que en las campañas electorales que se avecinan se moderen las acusaciones entre unos y otros candidatos, para evitar que se rebaje el nivel de la contienda.

Sin embargo, en las pláticas todavía no se logra el objetivo, planteado por algunos dirigentes partidistas, de que los empresarios de la radio y la televisión firmen un compromiso de "equidad electoral" y no lo hagan sólo como "coadyuvantes".

El planteamiento en este sentido reside en que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, también firmante del acuerdo, debe intervenir en el pacto con un compromiso que abra paso a la equidad, pero sobre todo al equilibrio de la difusión electoral requerido para una contienda como la del 2003.

No obstante, los partidos ya lograron el compromiso del presidente Fox para que la firma del documento comprometa a su administración a no utilizar en favor de los panistas los "espacios" que el nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión le otorga.

La controversia que generó la súbita firma del reglamento entre el gobierno federal y los concesionarios de la radio y la televisión (el pasado 10 de octubre) ha sido fundamental en las discusiones y para comprometer a la administración foxista a que evite discrecionalidades en el uso de tiempos en esos medios de comunicación.

Uno de los objetivos es evitar que haya tarifas diferenciadas para los distintos partidos políticos, como ocurrió en las elecciones de 2000. En general, se persigue alcanzar un equilibrio en la cobertura informativa hacia los partidos en contienda.

El proyecto de pacto de civilidad detalla que los gobiernos federal y estatales se comprometen a calendarizar su gasto público en el curso del año para que la entrega de obras y bienes sea suspendida un mes antes de las elecciones. Una vez que sea firmado el pacto político, los gobiernos federal y estatal diseñarán y presentarán un calendario de la entrega de obras y bienes públicos, que será vigilado por la comisión de seguimiento. En el nivel federal, las secretarías serán las responsables de entregar su propio calendario.

Las negociaciones aún pendientes giran en torno a los programas de entrega de productos perecederos, vitales para muchas regiones del país. En este punto el acuerdo apunta hacia una fiscalización minuciosa de la comisión que se integrará para fiscalizar el gasto público a partir de la firma del acuerdo.

El número de miembros de la comisión no ha sido determinado aún, pero su composición integrará a representantes de todos los sectores involucrados en el acuerdo. Será la responsable de señalar cuando haya parcialidad de una instancia de gobierno federal o estatal que esté entregando obras o bienes con fines electorales o condicionamiento del sufragio en disputa.

La comisión de seguimiento que se integre también será responsable de fiscalizar el equilibrio electoral en los medios de comunicación, especialmente radiales y televisivos. Además estará al tanto de que la compra de espacios por parte de los candidatos esté apegada a la legislación en vigor. Igualmente, vigilará que las distintas secretarías de Estado cumplan con sus calendarios y compromisos.