El gobierno venezolano anuncia probable cierre de oficinas de PDVSA por ausentismo

Excesos de policías bajo el mando opositor, dice la Defensoría del Pueblo

La oposición llama a participar en el "referéndum" sobre Chávez el próximo 2 de febrero

DPA, AFP, PL Y REUTERS

Caracas, 6 de enero. Opositores y partidarios del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, volvieron a manifestarse este lunes, mientras el gobierno anunció la reorganización de la industria petrolera, casi detenida debido a un paro general de 36 días contra el mandatario.

El gobierno y los líderes de la oposición libran una lucha por el control de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), motor económico del quinto exportador mundial de crudo y afectada por el paro que busca la renuncia del mandatario y elecciones anticipadas.

Nuevos choques ocurrieron este día entre chavistas y opositores en la ciudad de Barquisimeto, donde se lanzaron piedras durante una marcha opositora.

En Caracas y sus cercanías también hubo manifestaciones. Cientos de chavistas marcharon hasta la Fiscalía General para exigir justicia por las muertes de dos jóvenes simpatizantes del presidente el viernes pasado. Mientras, miles de adversarios del presidente marcharon al grito de "¡elecciones ya!" en la localidad de San Antonio de los Altos, unos 20 kilómetros al sur de Caracas.

En un informe elaborado a partir de testimonios y denuncias, la Defensoría del Pueblo de Venezuela denunció ante la Fiscalía que en los confusos choques callejeros del viernes hubo abuso de poder y excesos de los organismos de seguridad pública, especialmente la Policía Metropolitana, bajo control del opositor Alfredo Peña, alcalde mayor de Caracas.

La versión de la Defensoría coincide con las acusaciones de altos funcionarios del gobierno que responsabilizaron también a la Policía Metropolitana de estar implicada en la violencia callejera.

"Vamos a continuar en las calles, más de cuatro millones de venezolanos vamos a tomar Caracas, iremos a Miraflores (sede del gobierno) para que Chávez se vaya", sostuvo en Caracas el dirigente sindical Alfredo Ramos. "Vamos a vencer por la vía del voto a este gobierno", agregó.

Los líderes empresariales y sindicales de la huelga llamaron a la población a "dirigir su energía" hacia el referéndum consultivo sobre el mandato del presidente Hugo Chávez para el 2 de febrero. "Debemos participar en el referéndum como miembros de mesa, testigos, promotores, observadores, hay que convocar a los vecinos, edificios y barrios para que vayamos a votar", expresó el líder de los gerentes petroleros huelguistas, Juan Fernández.

Por su parte, Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), señaló que el país "siente la maniobra del régimen de Chávez para que el proceso no se realice".

Chávez afirma que un referéndum sobre su mandato sólo puede realizarse a partir de la mitad de su actual administración, en agosto de 2003.

Seguirán las movilizaciones

La oposición venezolana convocó a sus partidarios a marchar el martes a la sede del organismo de recaudación (Seniat), para auspiciar la "desobediencia tributaria", pero aún no tienen claro cómo ejecutar esta medida y efectúan polémicos talleres para debatir sus modalidades y posibles consecuencias.

Por su lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, mediador en la negociación por una salida a la crisis, condenó hoy los hechos violentos y pidió que no queden impunes. "En el país ha venido prosperando cierta impunidad que yo creo que le hace mucho daño a las instituciones democráticas", declaró, tras señalar que es urgente el establecimiento de una comisión de la verdad que investigue la violencia política. "Estamos en un momento crítico", aseguró.

En cuanto a una salida electoral, Gaviria dijo que ambas partes acordaron dar el jueves propuestas concretas. "Yo creo que esta puede ser una etapa importante de este proceso", comentó.

El temor a que se agudice la violencia causó alarma a escala internacional, en especial en Estados Unidos, que ha visto interrumpidas sus importaciones petroleras desde Venezuela.

El Departamento de Estado exhortó hoy a ambos lados a evitar la violencia y buscar una solución negociada a la crisis.

Canadá y Alemania, por su parte, pidieron a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al deterioro político y la situación de inseguridad.

En tanto, los principales sindicatos bancarios amenazaron hoy con reforzar la protesta con una paralización total de la banca por 48 horas. Desde los primeros días del paro, las instituciones financieras han trabajado a media jornada.

El banco de inversión Merrill Lynch, que el lunes recortó la posición en bonos de Venezuela en su cartera modelo, mencionó que el paro ya le ha costado a la economía del país de 2 mil millones a 3 mil millones de dólares, incluso calculó una contracción económica de 9.2 por ciento en 2002, en parte debido a la prolongada protesta.

El "paro cívico nacional" promovido por empresarios y sindicalistas redujo a índices mínimos la producción y exportación de crudo, y golpeó el abastecimiento interno.

No obstante, el ministro de Energía, Rafael Ramírez, declaró a la estatal Venezolana de Televisión que "tenemos control de la industria. Estamos restableciendo la normalidad rápidamente porque esos ingresos petroleros los necesita toda la sociedad".

Ramírez agregó que hay progresos para romper el "bloqueo" en las exportaciones de crudo del país.

Chávez reiteró ayer que está tomando y tomará todas las medidas necesarias para reactivar las operaciones de PDVSA, de la que ha despedido a más de un centenar de gerentes adheridos a la protesta.

El mandatario también ha militarizado instalaciones y buques cisternas de la petrolera afectados por el paro.

La "transición" de PDVSA se enfocará en las operaciones y en la simplificación de la "excesiva" burocracia, con el probable cierre de algunas oficinas donde el ausentismo por el paro promedia 80 por ciento, explicó Ramírez.

A su vez, el presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, acusó a "un grupo importante de dirigentes" de haber "saboteado" la empresa estatal y de haber obligado a la mayoría de los empleados a sumarse al paro "mediante el chantaje", en una entrevista que publicará el martes el diario francés La Croix.

"No se puede calificar de huelga la crisis actual", declaró Rodríguez. "Una huelga es un paro motivado por reivindicaciones salariales. En el caso de Petróleos de Venezuela, se trata más bien de acciones llevadas a cabo por un grupo importante de dirigentes de la empresa para sabotearla", aseguró.

Rodríguez afirmó, sin embargo, que la situación se está normalizando en la empresa. "Producimos actualmente 600 mil barriles diarios. Cuando termine la semana, alcanzaremos el millón", estimó el funcionario.

Empero, el líder de la huelga petrolera, Juan Fernández, desmintió hoy afirmaciones de Chávez sobre la situación petrolera del país, según las cuales se están exportando 1.5 millones de barriles diarios desde el inicio del conflicto, sobre una producción normal de 3 millones 280 mil barriles al día.

El líder del movimiento Gente Petróleo señaló que el país dejó de producir 3 millones de barriles diarios desde el inicio del conflicto, mientras que las exportaciones alcanzaron cerca de 10 por ciento.

En tanto, el jefe del ejército venezolano, Julio García Montoya, consideró que la crisis política debe ser resuelta por los políticos y que la institución no intervendrá para orquestar un golpe contra el presidente Chávez.

El problema "es eminentemente político y dentro de un sistema democrático como el venezolano hay siempre salidas políticas, no veo por qué hay necesidad de estar pensando en la posibilidad de que tengan que intervenir las fuerzas armadas", señaló.