Denuncia intromisión

La Suprema Corte no acatará decreto sobre fiscalización

JESUS ARANDA

Por considerar que sería una "intromisión" en la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), el pleno de la Suprema Corte resolvió no acatar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que establecía que la Secretaría de Hacienda tenía derecho a involucrarse en los mecanismos de control y evaluación del ejercicio de los recursos del PJF.

En el acuerdo 1544/2002 del pleno del máximo tribunal de justicia del país, aprobado en noviembre pasado, pero que apenas ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, los ministros determinaron la creación de un sistema propio de administración financiera que resulte compatible con el Sistema Integral de Administración Financiera Federal que utiliza la Secretaría de Hacienda, pero con la salvedad, de que la información sobre el manejo de las finanzas se entregará a la Cámara de Diputados para su revisión, tal y como lo establece el artículo 74 fracción IV constitucional, a través de la Auditoría Superior de la Federación.

El dictamen elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano y que contó con el apoyo unánime de sus compañeros, precisa que el PJF está consciente de la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos y facilitar la rendición de su cuenta anual pública, pero que esa información debe ser entregada a la Cámara de Diputados por ser ésta la encargada de la revisión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación.

Siendo aún presidente de la Corte Genaro Góngora Pimentel solicitó al pleno de ministros el 27 de agosto del año pasado la interpretación del artículo décimo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002. Dicho artículo obligaba al PJF a emplear un Sistema Integral de Administración Financiera Federal establecido por la Secretaría de Hacienda, así como la celebración de convenios con dicha dependencia para tal efecto.

El dictamen estableció que esa pretensión era una intromisión en la autonomía e independencia del Poder Judicial. Pero como el máximo tribunal tenía la obligación de fundamentar su posición, la Corte se dedicó a la elaboración del dictamen correspondiente, el cual fue aprobado en sesión privada en noviembre pasado.

Los ministros determinaron que, si bien el acuerdo del 30 abril de 2002 signado por la Tesorería de la Federación y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda respecto a que el PJF tenía que sujetarse al Sistema Integral de Administración Financiera Federal y celebrar convenios para la operación de éste, vulneraba la independencia del Poder Judicial.

Por ello, los ministros aprobaron la creación del referido sistema que le permita al PJF cumplir con sus obligaciones con la transparencia que se requiere, pero en un marco de autonomía e independencia.

El pleno autorizó también al presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (ministro Mariano Azuela) para signar convenios con el Ejecutivo Federal, para coordinar el óptimo funcionamiento de los sistemas de administración financiera, pero con la previa aprobación del pleno de ministros.