Las expulsiones en Arroyo San Pablo, medida de presión contra la ARIC-ID: analistas

Ya "nadie sostiene" el desalojo inmediato en Montes Azules: fuentes de Profepa y PFP

Desde hace años compañías extranjeras lucran con plantas y animales de la región

ROSA ROJAS/II

Después del calambre que representó para mucha gente el desalojo pacífico del asentamiento Arroyo San Pablo, realizado el pasado 19 de diciembre por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) con apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP), funcionarios federales y estatales (que solicitaron el anonimato) aseguraron que "ya nadie sostiene" la idea del desalojo inmediato de los pueblos asentados en la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (RIBMA) contenida en el documento oficial de la mesa ambiental, presidida por el gobierno chiapaneco, La problemática de Montes Azules, (La Jornada, primero de abril de 2002), que planteaba el desalojo en una primera etapa de ocho comunidades, dos de ellas identificadas como "pro zapatistas" y la reubicación de 49 poblados más fuera de la reserva, porque "están ocasionando un severo daño al ecosistema de la región".

Hay analistas que estiman, por otra parte, que el desalojo en Arroyo San Pablo, el asentamiento de más reciente creación en la RIBMA y que estaba constituido sólo por un galerón en el que vivía una catorcena de adultos y 17 menores, fue efectista, pues "eran los más débiles ya que no tenían el respaldo de ninguna organización social ni del EZLN" y con esa acción se habría buscado obligar a las organizaciones sociales, especialmente a la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID), a volver a la mesa de negociaciones, de la que se levantó hace unos cinco meses, acusando la "falta de voluntad política" oficial para darle solución integral al problema.

A pesar de que por lo menos cuatro poblados afiliados a la organización ya habían aceptado su reubicación fuera de la RIBMA, suspendió las negociaciones ante el "incumplimiento oficial" para concretar las promesas de tierra en otras partes, así como por la negativa gubernamental para asumir compromisos para atender las necesidades de los 12 poblados en paquete y no uno por uno.

Sin embargo la percepción de algunos funcionarios es que en realidad la razón por la que la ARIC-ID suspendió la negociación "es porque el EZLN la acusó de dejarlos solos al aceptar la reubicación de algunos poblados fuera de la RIBMA". De ahí que se buscara, dicen, presionar su retorno a la mesa ambiental. Se acentuaron así las amenazas de desalojo que periódicamente se reiteran, acompañándolas de movimientos de tropas.

Las presiones sobre Ignacio Campillo

En todo caso, lo cierto respecto a los desalojos es que el propio titular de la Profepa, Ignacio Campillo, el mismo 19 de diciembre, en Boca de Chajul -justo a un lado del embarcadero donde salen las lanchas para cruzar al hotel en que se ha convertido lo que era la estación de investigación de la UNAM, mismas que lo llevarían a él, a la prensa y a los elementos de la PFP a Arroyo San Pablo- le dijo a los indígenas caribes -más conocidos como lacandones- que le gritoneaban y le tronaban los dedos exigiéndole ya no más negociaciones sino el "inmediato desalojo de los invasores de nuestra selva": "hoy no tengo instrucciones, si después de esto no desalojan, vamos a tener que venir con la fuerza pública"; "la negociación es para que ellos desocupen los terrenos en forma pacífica; no me vean como un enemigo", concluía el funcionario.

La presencia ahí de los representantes de la comunidad lacandona para exigirle a gritos a Campillo delante de la prensa y televisión aplicar la fuerza contra los "invasores" y advertirle que "si el gobierno no actúa nosotros vamos a actuar" no fue casual. Ellos llegaron en una camioneta media hora antes que la comitiva de Campillo, casi simultáneamente con la llegada de otro vehículo en el que viajaban funcionarios de la Comisión Nacional de Areas Protegidas. Al preguntársele a José Hernández, director del Area Natural Protegida de Metzabok -ubicada igual que la RIBMA dentro de las tierras dotadas en 1972 a la comunidad lacandona- cómo se habían enterado los lacandones que Campillo iba a estar ahí a esa hora, Hernández comentó: "tienen un buen servicio de información".

Junto a los indígenas estaba un hombre blanco, al que Hernández sólo identificó como "investigador de la estación de Chajul". El cargaba un rollo de papel que después resultaron ser pancartas de protesta que extendieron los lacandones. Al preguntársele su nombre, el susodicho contestó: "no tengo nombre, soy innominado", al cuestionársele si era investigador, respondió: "no tengo por qué decirle nada".

La historia de la reserva

Aunque la polémica sobre si conservar la selva lacandona "con indios o sin indios" lleva más de dos décadas, la problemática agraria de la región se remonta a más tiempo atrás y encuentra un punto de quiebre en 1972, cuando a 66 familias indígenas lacandonas, que estaban solicitando dotación ejidal por unas 10 mil hectáreas, el gobierno de Luis Echeverría les concedió, 614 mil 300 hectáreas por la vía de reconocimiento de bienes comunales, encimando ese decreto sobre los de otros 17 de ejidos ya dotados, y sin tomar en cuenta las solicitudes agrarias de otra treintena de núcleos agrarios de indígenas tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales, que tenían años viviendo ahí.

En su Breve historia de la llamada comunidad lacandona, la organización no gubernamental Maderas del Pueblo del Sureste recuerda que el trámite agrario de los caribes dilató sólo ocho meses, entre que solicitaron tres ejidos "y les regalan un latifundio llamado 'Comunidad Lacandona'".

Apunta además -citando investigaciones del historiador Jan de Vos- que "los caribes nunca pudieron demostrar títulos primordiales ni restos de poblados que demostraran que ellos eran los dueños y habitantes ancestrales de todo el gran territorio que el gobierno les regaló. Y no podían demostrarlo porque los antepasados de los caribes no nacieron ahí, sino que llegaron a colonizar la zona desde Campeche. Y la mayoría de ellos vivían fuera de ese territorio. Entonces los caribes también eran colonos e 'irregulares' y además, ellos no estaban reclamando el territorio enorme que les dieron sino sólo solicitaban la dotación de sus tres ejidos: Nahá, Metzabok y Lacanjá Chanzayab".

En 1972 empiezan formalmente las amenazas de desalojo forzado contra 47 ejidos tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales. En 1974 el gobierno federal crea la empresa maderera Compañía Forestal de la Lacandona, SA (Cofolasa), "haciendo accionistas de dicha empresa a los propios caribes (sin que ellos se enteren). En noviembre, los caribes ("lacandones") le firman a Cofolasa un contrato de explotación maderera de 35 mil metros cúbicos al año, para que explote caoba en el latifundio "comunal" que el gobierno mismo les regaló".

En 1975, mientras "los caribes reciben del gobierno de Echeverría 5 mil pesos cada seis meses cada uno de ellos (además de obras y una avioneta) como producto de los "derechos de monte", los otros ejidos rebeldes siguen amenazados de desalojo violento".

En 1978, "en vez de resolver los problemas agrarios y suspender definitivamente la explotación maderera de Cofolasa, el gobierno federal promulga el Decreto de Reserva de la Biosfera de Montes Azules, con una superficie de 331 mil 200 hectáreas, encimando 70 por ciento de su polígono sobre la comunidad Lacandona, dejando extrañamente fuera de la reserva a las cañadas de Margaritas y Ocosingo, que eran las zonas de mayor biodiversidad (por su topografía), amenazando ahora aún más a los ejidos rebeldes con desalojarlos de la 'comunidad lacandona' y de la reserva".

En enero de 1989, la ARIC Unión de Uniones "logra que el gobierno salinista reconozca y regularice 26 ejidos que estaban dentro del polígono de la comunidad lacandona, quedando aún otros poblados que no alcanzaron este beneficio".

El surgimiento del EZLN

En 1994-1997, "producto de la violencia y presencia militar y paramilitar, que ocurre luego del justo levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, el cual se forma y resguarda en el corazón de la selva) un número indeterminado de poblados y pobladores que habitaban alrededor de la reserva se desplazan para poder sobrevivir, adentro de la RIBMA, creando nuevos asentamientos", añade Maderas del Pueblo del Sureste.

En 1998 "el gobierno, con la anuencia de los caribes, decreta los terrenos de Nahá y Metzabok como áreas de protección de flora y fauna silvestre, de carácter federal" y en 1999, "la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con apoyo de los caribes y el gobierno de Roberto Albores Guillén, comienza a exigir una vez más el desalojo de los poblados indígenas 'irregulares', creando la mesa agraria ambiental", misma que toma en cuenta a los caribes pero no a los tzeltales, tzotziles y choles, llevando a la PFP al ejido Candelaria para amenazar a los pueblos y levantando 16 denuncias penales por despojo y daño ecológico contra 16 poblados.

Para 2000, de mayo a junio, "con el pretexto de supuestos incendios que dizque están arrasando toda la RIBMA, el gobierno, con apoyo de los caribes, incrementa la amenaza de desalojo de 32 núcleos agrarios... calificándolos de 'invasores, irregulares y depredadores'... mientras, fundaciones gringas (como Conservation International) investigadores de universidades de México y del mundo y corporaciones multinacionales (como Pulsar), con anuencia de los caribes y apoyo de Semarnap, pueden entrar a la selva a sacar muestras de plantas, árboles, suelo y animales para beneficio y lucro millonario de dichas corporaciones, así como a establecer proyectos de "ecoturismo" para los ricos, como busca ahora en Plan Puebla-Panamá", afirma la organización no gubernamental.

Maderas del Pueblo del Sureste añade que en septiembre de 2001, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, recibe en audiencia a los caribes, quienes acompañados y asesorados por la dirección de la RIBMA, le exigen al gobierno el desalojo inmediato de los poblados "invasores aunque sean zapatistas", y para fundamentar su reclamo la dirección de la reserva presenta "un diagnóstico (enero-junio 2001) elaborado desde la avioneta de Conservation International, en el que señalan la creación de siete nuevos asentamientos, sólo en 2001.

"Un diagnóstico de campo realizado a pie, pueblo por pueblo, y coordinado por la Secretaría del Gobierno del estado, demuestra que al menos tres de los llamados 'siete nuevos asentamientos' no existen como tales y que en cambio, dos de los tres poblados 'reubicados' en 2000 se están repoblando con indígenas desplazados por la pobreza, bajo la continua amenaza militar y por el regreso a la selva de familias 'reubicadas', inconformes por el incumplimiento de promesas gubernamentales".